Fue noticia nacional que habitantes de la comunidad de Santa Rita Invernadero del municipio de Las Margaritas en el estado de Chiapas, el martes 8 de los corrientes ataron a una camioneta a su presidente municipal y lo arrastraron por la calle, al considerar una agresión y una violación a sus derechos constitucionales de una vida digna, a las libertades y los derechos humanos, el hecho de que, ante los incumplimientos reiterados a sus compromisos de campaña, les dijera que él no haría la obra prometida porque eso era alimentar la corrupción y que para eso tenían el apoyo que el gobierno federal entrega de manera "personal y directa".
Heridos en su dignidad por la forma arbitraria, demagógica e ilegal de pisotear los derechos del pueblo por parte de un gobierno municipal, al que llevó al poder con la ilusión de mejorar sus condiciones de vida, siguiendo las prédicas de tan falsos redentores, reaccionaron violentamente. Sintieron, seguramente, como burla sangrienta el pretender conformarlos con tarjetitas manejadas a través de poderosos intermediarios, como el Banco Azteca, del cual reciben una miseria para resolver "todas sus necesidades y problemas"; pues el dinero que solo miran pasar, va a parar a manos de los grandes empresarios a los que el gobierno paga carretadas de dinero por sus servicios bancarios, además de que al pueblo solo le alcanza para comprarle a ellos sus medios de vida, y a veces ni eso, funcionando como modernas tiendas de raya.
El acontecimiento demuestra que es un grave error, o mucha mala fe, tratar al pueblo como a un menor de edad al que se puede engañar con dádivas a cambio de obras, desarrollo y libertades; atacar al estado de derecho y el bien colectivo mientras se da dinero al individuo para mantenerlo alejado de las grandes decisiones políticas y económicas del país; pues la inconformidad brota, tarde o temprano.
La política actual, implementada por la 4T, pretende concentrar y centralizar el poder en una sola persona, por eso el ejecutivo invade, sin ningún escrúpulo, las esferas de los otros poderes, maniobrando para remover a ministros de la corte y obtener el control del judicial o utilizando su mayoría en el legislativo para hacer o modificar las leyes dejándolas a modo para reprimir a sus adversarios políticos. Así se explica el avance en el ataque al federalismo, iniciado con la creación de la figura de los superdelegados con más poder que los propios gobernadores de los estados, continuado con la eliminación del Ramo 23 que era el que otorgaba a la cámara de diputados la posibilidad de etiquetar recursos para obras y servicios en los municipios, los estados y las universidades. Se intenta, por esa vía, someter más al pueblo, porque los diputados son, por ley, sus representantes ante el Congreso de la Unión, se deben a él, son su voz y los encargados de recoger las necesidades de la ciudadanía para llevarlas al centro de la vida pública, son los defensores de los derechos sociales y deben, por lo tanto, gestionar soluciones a las demandas y los problemas de los ciudadanos, pero la 4T no lo permite.
Es revelador que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, de Morena por supuesto, pida a gobernadores, rectores, presidentes municipales, no acudir a palacio legislativo a entregar solicitudes de financiamiento para obras de infraestructura y el que la Comisión de Desarrollo Municipal y Federalismo de la Cámara de Diputados, haga saber que DEBIDO A QUE ESTE AñO NO SE ESPERA APERTURA DE PRESUPUESTO PARA APOYAR A LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS, NO SE ABRIRá VENTANILLA PARA LA RECEPCIóN DE PROYECTOS, pues eso convierte en vil farsa el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y la opinión de las Comisiones Especiales para integrar aquel, porque al no recibir peticiones y proyectos de la sociedad, se quedan sin materia de trabajo, reduciéndose a aprobar lo que manda el ejecutivo.
Cancelar esta vía para hacer obra pública es grave, porque el gobierno es administrador de los recursos que la sociedad ha puesto en sus manos para que desarrolle y genere inversiones productivas; una carretera, por ejemplo, no es solo una obra, sino también una inversión que impulsa la movilidad de gente, mercancías y servicios que generará recursos y empleos. Vistas así las cosas, este gobierno es mal administrador porque al suspender la obra pública paraliza la inversión y detiene el crecimiento económico, situación que lo obliga a sostener sus programas clientelares de entrega "directa" de recursos, ocupando el dinero de los contribuyentes para comprarles su voluntad y su conciencia electoral, pero el gobierno es solo administrador y no dueño de los recursos, estos pertenecen a la sociedad y ella tiene todo el derecho a que sirvan para solventar sus necesidades, y ese derecho se le debe respetar a querer o no.
Don Mariano Otero resaltaba la necesidad del equilibrio que debe guardar y procurar el Estado, respetando los derechos de todos, incluidas las minorías, para el armónico desarrollo de la sociedad. John Locke, precisó las perniciosas consecuencias de un gobierno que se deslegitima a sí mismo utilizando la ley para agredir los derechos de los ciudadanos, colocándose al nivel de un individuo abusivo, que otorga así el derecho a los particulares de combatirle. Los acontecimientos de Chiapas, pueden ser el indicador de la necesidad de que el gobierno corrija el rumbo ya, o de que la ciudadanía cambie democráticamente de gobierno por uno mejor sin tardanza. La urgencia llama a la puerta.
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