Los grandes maestros del proletariado mundial han considerado que en los países divididos en dos grandes clases antagónicas, de un lado, los que tienen todo y de otro, los que prácticamente solo tienen sus brazos para trabajar, la violencia aparece como un medio en el que se apoya el desarrollo de las fuerzas productivas a lo largo de la historia para poder avanzar y superar las trabas de las sucesivas relaciones de producción que se han ido estableciendo y lograr, cuando se llega a un desarrollo determinado, una apropiación total de todos los medios de producción y del poder político de la nación; la violencia, señalan, ha sido y puede ser un acelerador de ese proceso.
Así, las guerras son claramente la manifestación extrema de esa violencia en los conflictos que generalmente provoca el país con mayor poder y ambición de aumentarlo, así como sus riquezas. Federico Engels, sostiene que “el poder, la violencia, no es más que el medio, mientras que la ventaja económica es el fin”; y añade que, en la medida que el fin es “más fundamental” que el medio aplicado para conseguirlo, en esa misma medida es en la historia más fundamental el aspecto económico de la situación que el político”.
En nuestra época moderna esta tesis está más que comprobada; solo veamos cuántos países saqueados, cuántas guerras emprendidas por el país que se siente dueño del mundo: Estados Unidos. Y la misma guerra Rusia-Ucrania está dentro de este contexto, pues, aquí también, quien alienta la guerra es Estados Unidos.
Así que, si aplicamos esta misma tesis a la situación interna de México, encontraremos que, en la mayoría de los actos violentos “la ventaja económica es el fin”; la mayoría de los grupos delincuenciales tienen como propósito último la ganancia económica. Pero, como también lo muestra nuestra negra realidad el crecimiento de la violencia está intrínsecamente unido al proceso de agotamiento del modelo económico y político de dominación y sus correspondientes formas de control social, que hoy se encuentra en crisis.
Por ejemplo, el bienestar general de la población ha caído severamente; hoy son más millones de mexicanos en la pobreza, que no pueden adquirir los suficientes alimentos, que no cuentan con un sistema de salud gratuito. Aquella política generada después de la Revolución Mexicana y de la caída de la Unión Soviética, donde los gobiernos se preocupaban un poco más por atender las demandas ciudadanas, dejó de aplicarse, es decir, dejó de existir, lo que en algunos países se llamó el Estado benefactor, agravándose las contradicciones sociales. Asimismo, el sistema educativo está en crisis y todo el entorno social cada vez más desintegrado; es cada vez más problemático explicar y fundamentar la “igualdad de oportunidades”, las posibilidades de ascenso social y garantizar la educación.
Igualmente, en ese descenso del bienestar social, está la imposibilidad de un alto porcentaje de mexicanos de acceder a un trabajo digno y bien remunerado, que les dé la oportunidad de vivir decorosamente y ser parte integrante de toda la sociedad, no segregados. “La imposibilidad de la sociedad de brindar un empleo es la imposibilidad de su orden social de reproducir las aspiraciones que el mismo inculca como legítimas”, y, por lo tanto, procrea individuos frustrados que buscan otros caminos no lícitos para poder alcanzar dichas metas.
Todo esto es cierto, aquí están las verdaderas raíces de la violencia. Pero, si a esto le sumamos un gobierno que, o bien está rendido ante tantos actos delincuenciales, ante los ríos de sangre inocente que surcan nuestra patria, o bien definitivamente no le importa la vida de sus gobernados, obviamente, la situación es simplemente dantesca. Nunca como hoy, miles de familias sufren la pérdida de un ser querido y la frustración de no encontrar ni la comprensión ni empatía ante su dolor y, mucho menos, justicia por las autoridades obligadas a garantizarla.
Este sexenio que corre es el más sangriento: 150 mil muertes dolosas (al 27 de marzo 2023); durante 2022 “se mantuvo el promedio de 10 mujeres asesinadas al día en la república nexicana manejado a lo largo del actual sexenio presidido por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el cual se encamina a cerrar como otro más que fue rebasado por la problemática de la violencia de género”. En total, 227 mujeres han sido víctimas de feminicidio en lo que va del 2023 (infobae 25 de abril de 2023).
Asimismo, la cantidad de personas desaparecidas, es verdaderamente espeluznante: “Las 100,000 desapariciones registradas oficialmente en México son una muestra del prolongado patrón de impunidad en el país y de la tragedia que sigue ocurriendo cada día, advirtieron expertas y expertos en derechos humanos de la ONU (Ginebra, 17 de mayo de 2022). El mismo informe nos dice: “Cuando el Grupo de Trabajo visitó México en 2011, las cifras oficiales mostraban más de 5,000 personas reportadas como “desaparecidas” o “ausentes” en ese año. Al 26 de noviembre de 2021, último día de la visita del CED a México, 95,000 personas estaban oficialmente registradas como desaparecidas. De ellas, más de 100 desapariciones habrían tenido lugar durante la visita de 16 días del Comité”.
Pero, además de dejar hacer, dejar pasar, el actual Gobierno federal, en voz de su presidente, promueve el odio, el hostigamiento y el linchamiento hacia quienes considera sus adversarios políticos, y en este contexto se enmarca el asesinato de dos líderes antorchistas y de su hijo de apenas seis años el pasado 12 de abril en Chilpancingo, Guerrero. Conrado N., y Mercedes N., eran gente buena, que hacían el bien a sus semejantes y fueron bestialmente asesinados y, hasta el día de hoy, sus asesinos siguen libres; no existe por parte del gobierno de esa entidad, que encabeza la gobernadora morenista Evelyn Salgado, ningún indicio serio de querer o pretender dar con los responsables de tan brutal e inhumano homicidio.
Los antorchistas del país exigimos una verdadera investigación y justicia pronta y expedita para nuestros compañeros, y llamamos a todos los mexicanos a jamás acostumbrarnos a la violencia, a formar un verdadero frente para cambiar las condiciones que hacen germinar el delito y para exigirle al gobierno que cumpla con su obligación de proporcionar seguridad a sus gobernados y justicia para todas las víctimas; a los familiares, que también son víctimas, les decimos que nos juntemos, que nos unamos para hacer valer nuestra voz y reclamemos paz y justicia para nuestros seres queridos.
Los antorchistas no cejaremos en nuestro reclamo; saldremos a la calle de todas las capitales de los estados y acudiremos al mismo Palacio Nacional el próximo jueves 25, y el martes 6 de junio acudiremos miles al palacio de gobierno, en Chilpancingo, Guerrero. No debemos permitir que la violencia y la injusticia se institucionalicen.
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