El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mantiene en la cárcel a cuatro agricultores de Chihuahua que participaron en la defensa del agua de riego, quienes fueron secuestrados o detenidos sin órdenes de aprehensión y ahora son procesados con graves acusaciones como amotinamiento y terrorismo.
La voz popular en Chihuahua advierte que AMLO “no buscaba quién se la hizo sino quién se la pagara” para aludir a las acciones de los campesinos del municipio de La Cruz, que desobedecieron su orden de entregar el agua de la presa La Boquilla al gobierno de Estados Unidos para cumplir con el Tratado de Aguas suscrito por ambos países en los años 50 del siglo pasado.
La agresión más reciente del Gobierno Federal contra los productores agrícolas del estado de Chihuahua fue la aprehensión, el jueves 22 de julio, del líder Andrés Valles Valles a manos de la Guardia Nacional y el Ejército quienes, según declaraciones oficiales, “tenían meses persiguiéndolo”; pero que en realidad no habían ejecutado tal acción porque entonces se realizaban las campañas políticas de la elección de junio de este año.
El productor lechero fue vinculado a proceso por un juez federal con los cargos de motín, robo de vehículo y obstrucción a las vías de comunicación. Previamente, tres agricultores que el ocho de septiembre de 2020 participaron con cientos de sus compañeros afectados por el despojo del agua, fueron detenidos violentamente por una patrulla militar, enviados a prisión y torturados durante una noche.
Rosendo Lerma Lechuga, Juan Lechuga Montes y Juan Rivera Márquez siguen prisioneros del gobierno de AMLO y están acusados por la comisión del delito de “terrorismo”. Estos campesinos están prácticamente olvidados no solo por la opinión pública y los casi mil 200 productores que aquel día se movilizaron para evitar el saqueo del agua de la presa La Boquilla.
La sevicia de las autoridades federales y el olvido, ingratitud e indiferencia de las mismas organizaciones de campesinos de la región –quienes pertenecen a una misma comunidad laboral y a la misma clase social– han provocado el marasmo político e impedido la organización indispensable para liberar a estas cuatro víctimas del campesinado mexicano actual.
Martha Holguín, esposa de Andrés Valles, exige al Juzgado Décimo Primero de Distrito, con sede en la ciudad de Chihuahua, que se revisen los cargos con que éste fue vinculado a proceso, afirma que el juez actúa con obediencia servil a una consigna de la Presidencia de la República.
Para sus abogados, ninguno de los delitos que se le imputan corresponde a lo ocurrido el ocho de septiembre de 2020. Entrevistada por este semanario, Martha Olguín denunció las diversas maniobras con las que se mantiene preso a su marido. En el juzgado 13º “nos cancelaron la audiencia del 13 de octubre, y el proceso no puede proseguir porque, según ellos, mi esposo tiene interpuesto otro amparo para un juzgado diferente y esa audiencia se la adjudicaron a ese otro juzgado”. Simplemente les dijeron que no podía efectuarse esa audiencia.
Aprehensión enteramente ilegal
La defensa de Valles Valles alega que, desde su inicio, el proceso está viciado por muchas irregularidades. Martha Holguín incluso reveló un hecho que por mucho tiempo permaneció ignorado: que el día de la detención del líder de los productores lecheros, sus captores –la Guardia Nacional y el Ejército– aparentemente llevaban una orden de aprehensión y otra de cateo; pero como don Andrés no se encontraba ahí sino en un domicilio vecino, los militares no dudaron en allanar la casa de la madre de éste, violentando cerraduras y sin escuchar sus reclamos.
De acuerdo con el Código Federal de Procedimientos Penales, la operación careció absolutamente del estricto apego a la ley; tanto la aprehensión como la detención fueron injustificadas y estas irregularidades son causal automática para la invalidación, incluso, de los cargos y el proceso contra el presunto inculpado.
Con base en estos elementos, Andrés Valles y su defensa interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) contra la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) por atribución ilegal y excesiva de funciones, abuso de autoridad, allanamiento y lo que resulte. Pero como el caso es federal y corresponde a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la queja está en pausa debido a que esta institución también está “secuestrada” por el Presidente.
Por ello, la familia de Valles Valles y sus abogados consideran la posibilidad de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede Washington, para obtener una respuesta positiva y la justa demanda de libertad. Sin embargo, hay un obstáculo adicional: la delegación estatal de la CNDH en Ciudad Juárez se niega a liberar la carpeta hacia México, aunque el término legal para este trámite vence el 30 de octubre.
“Ésta es nuestra única esperanza para que podamos pedir la intervención de la CIDH”, explicó Martha Holguín, quien insiste en caracterizar el encarcelamiento de su esposo como una persecución política originada por una “venganza” del gobierno de AMLO contra campesinos que únicamente se movilizaron para evitar que les quitaran el agua que requieren para cultivar sus tierras y dar de beber a su ganado.
Una persecución política que, en el caso de los otros tres agricultores del municipio de La Cruz, lleva 13 meses, lapso durante el cual sus familiares únicamente han conseguido el traslado del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Aquiles Serdán a la Unidad de Bajo Riesgo de la penitenciaría estatal en capital de Chihuahua, donde las medidas restrictivas son menores.
En el colmo de las “chicanadas” de la FGR y los jueces federales se revela que no están bien definidas las acusaciones efectuadas contra los tres procesados, a grado tal que su defensor, Carlos Vargas, estimó: “No tenemos claro cuáles son los cargos, porque ni siquiera se ha realizado la audiencia intermedia”.
El Artículo 351° del Código Federal de Procedimientos Penales explica que las acusaciones deben estar definidas claramente en las audiencias intermedias con base en la presentación de los medios de prueba, a partir de las cuales deben formularse los cargos contra los inculpados. En el caso de los tres campesinos presos, no se ha confirmado ninguna audiencia intermedia y su aplazamiento es totalmente injustificado y extremo, porque han trascurrido más de 390 días, considerando que están arrestados desde el ocho de septiembre de 2020.
Así es como Rosendo Lerma Lechuga, Juan Lechuga Montes y Juan Rivera Márquez siguen privados de la luz del Sol en espera de saber siquiera de qué se les acusa, porque los supuestos cargos que se les imputan no están definidos ni detallados en el juzgado. Armando Rivera, hermano de Juan Rivera Márquez, denuncia dicha injusticia en estos términos:
“Juan y los otros dos compañeros son padres y esposos y sus familias la están pasando muy mal por su ausencia… hemos pedido, junto con el defensor, que se les reclasifiquen los cargos, porque ellos no son terroristas, son trabajadores, personas honestas, hombres de familia que lucharon, igual que todos nosotros, porque el gobierno respetara el agua de riego, que es indispensable para que podamos vivir y trabajar y sostener a nuestras familias”.
En la versión oficial, las autoridades federales afirman que los tres agricultores fueron detenidos la tarde del ocho de septiembre por elementos de la Guardia Nacional cuando les hicieron una revisión de rutina después del enfrentamiento (la toma de la presa La Boquilla) y les encontraron armas de uso exclusivo del Ejército.
Otra versión, complementaria a ésta, indica que llevaban explosivos en su camioneta, hecho con que se sustenta la acusación de presunto terrorismo. Pero Armando Rivera afirma que su hermano platicó cómo fue su arresto y las circunstancias fueron totalmente distintas: “Lo cierto es que los militares recibieron órdenes para fabricar chivos expiatorios”, reveló Armando.
Es decir, los militares debían encontrar a quién culpar para dar un escarmiento a los demás agricultores con la finalidad de que, en lo sucesivo, evitaran enfrentar a las fuerzas federales, como lo habían hecho ese mismo día más temprano. Más de mil productores agrícolas de los municipios del Distrito de Riego 05 fueron convocados el ocho de septiembre de 2020 para tomar el control de La Boquilla y expulsar de ese lugar a la Guardia Nacional y al Ejército, que la tenían tomada.
Los campesinos cerraron las válvulas de extracción para que el gobierno de AMLO ya no enviara agua a los gringos en detrimento de las necesidades de los agricultores locales que deseaban guardarla para sus cultivos. Los militares fueron expulsados por la fuerza del pueblo que retomó la presa y la mayoría se fue a su cuartel militar en Delicias.
Estuvieron en riesgo de muerte
Sin embargo, un destacamento de la Guardia Nacional permaneció en Las Pilas, en las inmediaciones de la pequeña presa reguladora de La Boquilla, que se encuentra a pocos kilómetros de la cuenca principal. Hacia allá llevaron los militares a Rosendo y a los dos Juanes, cuando los interceptaron a bordo del automóvil de Juan Rivera.
El secuestro de los tres agricultores de La Cruz ocurrió minutos antes de las cinco de la tarde. Toda la noche los mantuvieron esposados y boca abajo hasta al día siguiente. En la mañana del miércoles nueve de septiembre, un convoy militar se abrió paso por los cerros, evitando transitar por la carretera de La Boquilla a Camargo, porque temía ser interceptado por los productores, que seguramente andarían en esa vía.
La ruta alterna pasa por el Balneario Ojo Caliente, cercano a Ciudad Camargo, después de recorrer el camino vecinal contiguo al canal de riego. Necesariamente llegaron a la carretera federal 45 y por ella siguieron hasta la caseta de peaje de Saucillo, donde el convoy se detuvo por un momento.
El error de los militares fue que condujeron a los secuestrados en el auto de Juan Rivera, escoltado por un Guardia Nacional. Esto llamó la atención en la caseta, porque en los vidrios del coche había leyendas relativas a la lucha por la defensa del agua. Cuando los curiosos se acercaron al convoy a averiguar por qué llevaban un carro del movimiento, los militares huyeron, no sin antes hacer varios disparos de advertencia.
“¿Qué les hubiera costado matar a mi hermano y a sus compañeros, como ya lo habían hecho con Jéssica Silva y su esposo en la noche?”, preguntó Armando Rivera, a cuyo hermano Juan los militares habían torturado psicológicamente con la amenaza de matarlo “para ver si así se les quitaba lo machito”.
Los tres campesinos fueron objeto de un incesante interrogatorio acerca de cómo habían conseguido aquel cartucho de gas lacrimógeno que les quisieron hacer pasar como una peligrosa bomba. No les dieron alimentos, ni agua y los dejaron tendidos boca abajo, esposados. Nadie les informó nunca que estaban arrestados; no hubo ninguna formalidad, aparte del trato vejatorio y violento.
Igual que en el caso de don Andrés Valles Valles, el secuestro de Rosendo Lerma Lechuga, Juan Lechuga Montes y Juan Rivera Márquez por los militares y la Guardia Nacional, así como los hechos de aquella tarde y noche, no fueron otra cosa que acciones violatorias a las normas del CFPP, igual que el arresto, la tortura psicológica y la falta de una audiencia intermedia. En estricto apego a la ley, este cuadro de irregularidades es causal de invalidación automática.
Al reconocer que la lucha ha caído en un bache y que los cuatro presos se encuentran en relativo abandono, hay voces optimistas. La esposa de don Andrés afirma que la causa de los detenidos es colectiva y justificada; e informa que hay un grupo interdisciplinario que cada martes se reúne con las bancadas en el Congreso de Chihuahua para obtener más apoyo.
Maclovio Murillo, el abogado que representa la causa del líder lechero, aseveró al respecto: “Andrés Valles Valles, al igual que otros tres campesinos del poblado de La Cruz, defendió a Chihuahua en su lucha por el respeto al derecho al agua. Ahora, defendámoslos a ellos de manera eficaz, manifestando nuestra inconformidad, pero de manera pacífica, hasta lograr su liberación”.
El presidente municipal de La Cruz, Sergio Luis Olvera Gallegos, advirtió por su parte: “Mucha gente piensa que el asunto está perdiendo fuerza, pero acá muchos pensamos que la lucha es justa y que estos compañeros son inocentes de lo que se les acusa; y los vamos a defender a como dé lugar”.
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