El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, pidió a los gobiernos que establezcan un impuesto para los ricos que se han beneficiado económicamente por la pandemia para reducir las desigualdades sociales.
"Los últimos informes indican que ha habido un aumento de cinco billones de dólares en la riqueza de los más ricos del mundo en el pasado año".
Los gobiernos deben "considerar un impuesto de solidaridad o sobre la riqueza para aquellos que se han beneficiado durante la pandemia para reducir las desigualdades extremas".
Asimismo, insistió en que se extienda la moratoria de los pagos de la deuda para los países más pobres del mundo, que se amplíe hasta el 2022, incluso que se incluya a países de ingresos medios en este gran acuerdo.
El problema es grave, "incluso antes de la pandemia, 25 países gastaban más en pagos de deuda que en educación, salud, y protección social".
Señaló también que 10 países en todo el mundo han acaparado el 75% de la producción de vacunas.
"Necesitamos un nuevo contrato social, basado en la solidaridad, e inversiones en educación, trabajos decentes y protección social y sistemas sanitarios. Esta es la base para un desarrollo sostenible e inclusivo".
En otros tiempos hubiera sido difícil escuchar estas opiniones de un organismo que es financiado por las grandes potencias mundiales y que además tiene su sede en la ciudad de Nueva York, donde la mano del gobierno estadounidense es innegable. Pero se atreve a opinar de esa manera porque nos acercamos a una disyuntiva, o los gobiernos se deciden a afectar a los grandes corporativos para mejorar el reparto de la renta nacional y disminuir la desigualdad y la pobreza o el estallido social será inevitable.
Aunque se sabe que la concentración brutal de la riqueza y su agudización a los niveles alarmantes de hoy, son producto del neoliberalismo, pero que se han desbordado por el azote de la pandemia.
El Gobierno de la 4T cada vez que se presenta la ocasión, celebra que ya acabó con la era neoliberal, pero a la estructura económica no le ha tocado un pelo, la gran burguesía mexicana y extranjera continúan con sus grandes privilegios, pagando impuestos simbólicos.
Los malos manejos de la economía nacional, han dañado el empleo, los salarios, disminuyendo los ingresos en general de las familias trabajadoras y otro ingrediente que se menciona poco, su errado manejo del gasto público y una economía que no crece desde el 2019, han provocado una crisis financiera que puede paralizar al país.
Su negativa a instrumentar estímulos fiscales para apoyar a la economía, solo otorgó el 1.6% de PIB mientras otros países asignaron entre el 5 y 10% de su PIB.
Se puede hacer mucho reasignando recursos de los proyectos como el Tren Maya, hacia programas y proyectos que en estos momentos tienen más sentido, como la salud y el empleo. Debe modificar la política energética de nuestro país centrada en los hidrocarburos hacia energías limpias, no sólo para cuidar el medio ambiente, sino porque se estima que en 2 décadas nuestros yacimientos de petróleo perderán prácticamente todo su valor. Debe también diversificar el comercio internacional fuera de Estados Unidos para disminuir la dependencia hacia la potencia del norte.
Pero cada vez suena más fuerte la necesidad que tiene el Gobierno de impulsar una gran reforma fiscal para fortalecer sus finanzas, ¿quiénes saldrán afectados con esta medida? ¿Tendrá el valor la 4T de tocar a los grandes capitalistas o tiene en la mira aumentar impuestos a los trabajadores, aumentar la electricidad, las gasolinas, el gas, presionar a los gobiernos locales a subir el cobro del predial y las tarifas de los servicios?
Mientras más desarrollada se encuentre la organización del pueblo trabajador, podrá con mayor éxito ponerle un freno a la pobreza y marginación.
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