En los últimos años, ha revestido un mayor auge la defensa del medio ambiente como una de las principales tareas del gobierno de la Ciudad de México, y no están equivocados al valorarlo así, pues de acuerdo con la extinta SAGARPA, el llamado suelo de conservación que se ubica principalmente al sur y poniente de la ciudad abarca una superficie de 87 mil hectáreas (60 por ciento de la superficie de la CDMX).
Su importancia no radica solamente en su superficie, en un artículo llamado “La otra cara de la ciudad: ¿Quién la ve? El suelo de conservación de la Ciudad de México”, Marina Robles, hoy secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, apunta que el servicio ambiental más importante del suelo de conservación es la recarga del acuífero, de la que se obtiene el 71 por ciento de agua potable para la ciudad, de ahí que su defensa sea vital.
De acuerdo con las autoridades, la principal amenaza es el avance de la mancha urbana sobre el suelo de conservación, pues crece entre 279 y 300 hectáreas al año. Las razones del avance de la mancha urbana sobre el suelo de conservación responden a diversas cuestiones, sin embargo, la pregunta es ¿cuáles han sido las acciones y los resultados del gobierno ante esta problemática?
Según Marina Robles los anteriores programas de contención fracasaron porque los encargados de detener el avance de los llamados Asentamientos Humanos Irregulares (AHI) no tienen facultades para desarrollar vivienda o bien, no están facultados para incidir sobre la posibilidad de brindar una alternativa de vivienda fuera del espacio de conservación. Es decir, uno de los principales problemas cuando de cuidar el suelo de conservación se trata, es el avance de los AHI y no se han podido frenar porque los encargados de frenar su avance no tienen las herramientas para brindar una alternativa a las personas que los constituyen.
Eufemismos aparte, se le acusa al segmento más pobre de la ciudad de atentar contra la naturaleza en su búsqueda por tener vivienda y no se les tiene ninguna alternativa para frenarlo. Sabemos de sobra la razón por la que se ven obligados a ocupar estos espacios: en la capital casi el 30 por ciento de los habitantes rentan, mientras que el índice de hacinamiento es del 49.2 por ciento, es decir, 4 millones 278 mil personas viven amontonadas y ya no hablemos del precio de la vivienda frente al salario de un trabajador promedio.
Es claro que los criminales a los que se acusa de ocupar espacios de valor ambiental se encuentran, como dijo Sancho Panza, como un dedo entre dos muelas cordales: por un lado, los altos precios de la vivienda fuera de su alcance y, por otro lado, un gobierno que los asedia para expulsarlos de donde viven sin brindar alternativa alguna.
Ante esta situación, vuelve por sus fueros la idea que, parafraseando al filósofo francés, la legalidad es asunto de poder, no de justicia. Ejemplos en la historia sobran, de actos que se han cometido que para su época o grupo en el poder resultaban completamente legales y que en la actualidad son castigados en calidad de graves crímenes.
Mientras que, en la capital, a las grandes empresas inmobiliarias, se les ha concedido todo lo necesario para construir en medio de espacios boscosos con evidente valor ambiental y se les ha provisto de los servicios. También, en nombre de la protección al medio ambiente, se han realizado los crímenes más despiadados contra la ciudadanía, recordemos La Ciénega, donde se les expulsó con máquinas y granaderos a los que ahí habitaban, destruyendo sus viviendas y lanzándolos a la calle, pero a más de 6 años del incidente ¿dónde están las 300 familias que ahí habitaban? Les facilito la investigación: siguen ahí, solo que ahora viviendo bajo lonas y materiales de deshecho, no hubo un plan para dotar al terreno nuevamente de valor ambiental ni tampoco una alternativa para esas familias, una completa barbaridad.
Rercordemos Tempiluli, a dos años de haber sido desalojados en plena pandemia y con el compromiso del gobierno de dotarlos de una alternativa siguen viviendo en la calle en espera de una solución.
¿Es acaso que la defensa del medio ambiente solo aplica en los casos donde no existe la participación de grandes inmobiliarias de por medio? La respuesta la dejo a consideración del lector.
Lo único que es claro para quien observe de cerca el problema, es que el gobierno debería brindar una alternativa para los ocupantes de espacios con valor ambiental, de otra manera parecería que solo es una lucha del medio ambiente contra la vivienda popular y que el gobierno debe tomar un bando de entre los dos, cuando en realidad su obligación es velar por garantizar la coexistencia de ambos.
Hace algunos días, a la colonia Jalalpa de la alcaldía Álvaro Obregón acudió personal de la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental de la SEDEMA, para ejecutar un acto de inspección en la “Barranca Becerra Tepecuache”, misma inspección que tuvo como resultado la colocación de sellos de clausura en cuartos provisionales ubicados en dicha barrancha elaborados con materiales precarios. Aprovecho este medio para informar a quien lee estas líneas, que dichas familias se encuentran en ese lugar en espera de que el Gobierno de la Ciudad les brinde una alternativa a donde poder vivir.
Afortunadamente el partido que hoy se encuentra en el poder se ha proclamado como un defensor de los intereses de los pobres, por lo que los colonos que se encuentran en ese lugar, pueden estar confiados que se defenderán sus intereses por parte de sus representantes en el Gobierno de la Ciudad y que pronto tendrán una propuesta positiva a sus necesidades; de lo contrario, si lo que se está orquestando es un desalojo, quedará claro que este igual que los demás, no es un gobierno de los pobres, y que antes de perseguir a los verdaderos destructores del medio ambiente, prefieren perseguir a los que aparentemente no se pueden defender. Si este acto atroz ocurriera, a los habitantes que menciono o aquellos que se encuentran en una situación parecida tendría que quedarles claro quiénes son sus verdugos vestidos de redentores.
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