El día 15 de abril el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo lo que sigue: “la instrucción es no dar permiso”. Esto como respuesta a la solicitud de un resolutivo a la Manifestación de Impacto Ambiental presentada el 26 de julio de 2019 ante Semarnat por la Minera y Metalúrgica El Boleo SAPI de C. V., en donde se pide una extensión de su superficie de operación. El presidente agregó “ya no podemos seguir entregando estas concesiones. La minera aclara que con la autorización que se pide, el área disponible para minado superficie se extendería en 446.19 hectáreas. Según la empresa, todas las áreas solicitadas se encuentran dentro de las concesiones mineras previamente otorgadas en favor de El Boleo.
Esta actitud no es nueva, ha sido una constante del presidente. Por ejemplo, en una gira que hizo por Baja California Sur en el mes de febrero también pronunció un discurso incendiario en contra de las empresas extranjeras del sector energético. Cuando inauguró el tramo carretero La Paz–Pichilingue y en compañía del gobernador del estado de BCS dijo lo siguiente “ahora se está manejando con mucha eficiencia y honradez el sector energético. Antes, en el periodo neoliberal, solo importaban los negocios, utilizaban al gobierno para sacar provecho en lo personal…solo les importaba saquear a México, empresas sobre todo extranjeras, que nos veían como tierra de conquista” y aseguró que eso ya se acabó y remató con la frase “a robar a otra parte”.
El Boleo está asentada en Santa Rosalía, en el municipio de Mulegé. La empresa produce cobre, cobalto, zinc y manganeso. En una nota informativa que publicó la Secretaría de Economía el día 18 de abril, se dice que es parte de un consorcio de origen surcoreano. Aclara, además, que el proyecto minero inició su construcción en diciembre de 2010, con una inversión de 1,717 millones de dólares, y entró en producción en 2015. Esta empresa es la principal productora de cobre en el estado. En 2019 produjo 14 mil toneladas. En generación de empleos, después de la agricultura, la minería (18.6%) es la que más peso tiene en el municipio (Mulegé. Información Estratégica 2020). De los 4,193 empleos directos que se generan en el sector minero, 1,282 son otorgados por la minera El Boleo. Además de los 460 empleos indirectos. En la economía de BCS el sector minero juega un papel importante, tanto que el estado se ubica dentro de los diez con la mayor producción minera del país. Más del 80% de sal se produce en este estado.
Estando así las cosas, las “instrucciones” del presidente, de llegarse a concretar tendría grandes afectaciones para las familias de este municipio y en la economía de BCS. En palabras del gobernador del estado que, de no contar con dicha autorización, se ponen en riesgo una inversión superior a los 1,800 millones de dólares, y la pérdida de 50 millones de dólares mensuales, lo que provocaría la quiebra de la empresa dentro de poco. Claro que ante una situación así, serian muchas las familias que saldrían perjudicadas, que ya no obtendrá ingresos para satisfacer sus necesidades básicas, y que se enfrentarían la dificultad de encontrar un empleo y más en estos tiempos tan difíciles. Además, ante un panorama así, las otras empresas que tienen sus inversiones en el estado, ya no tendrán la certidumbre y la confianza de seguir invirtiendo, todo esto acarrearía un menor crecimiento económico en la entidad.
En la frase “la instrucción es no dar permiso” se deja ver claramente dos cosas: 1) que Semarnat como tantas otras instituciones del gobierno está sometida a las directrices de Palacio Nacional. Por instrucción hay que entenderla como “lo que yo diga”. 2) Como la decisión de esta institución se basa en lo que diga el señor presidente, eso quiere decir que, aunque los estudios realizados por la misma arrojen que son viables y sin riesgo ambiental las actividades de extracción de cualquier minera, simplemente no pasan porque el jefe así lo decide. Por lo que se afecta gravemente a las actividades permitidas para las mineras asentadas en nuestro país.
Su odio hacia las empresas privadas, sobre todo del sector energético, está por encima de los intereses del pueblo trabajador. Lo que ha hecho el presidente hasta ahora demuestra que sus decisiones están basadas de una visión errónea de la compleja situación de la economía del país, y de su gran dependencia empresas extranjeras. Pero, además, su postura “dura” hacia estas empresas que ya tienen tiempo participando en la actividad económica del país, contradice su blandes y apoyo incondicional hacia otros proyectos de su administración como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas, que han sido muy cuestionados por los especialistas porque su construcción está destruyendo el medio ambiente. En el caso del Tren Maya provocaría pérdida de vegetación por el desmonte y la pérdida de productividad del suelo, además de las afectaciones a los pobres originarios.
Los mexicanos somos testigos de que nuestro país está sometido a los grandes capitales, sobre todo extranjeros, que se aprovechan de nuestros recursos naturales, se benefician de la mano de obra barata que existe en nuestro país, durante siglos el pueblo de México con su trabajo ha enriquecido a los grandes empresarios nacionales y extranjeros, pero que su suerte no ha cambiado; millones de mexicanos viven en la pobreza, mucha riqueza natural y nada de bienestar para los que vivimos aquí. Esta situación, claro está, es la misma en BCS, un estado de contrastes. Por todo esto es que estamos de acuerdo en que las cosas tienen que cambiar, debe haber mayor exigencia a las grandes empresas en beneficio de los trabajadores, mayor vigilancia para que no se perjudique al medio ambiente de manera irracional. Pero no podemos aceptar que para conseguir todos estos objetivos se tengan que tomar medidas como lo hace el presidente, basadas en capricho personal sin ningún sustento en la realidad porque los que pagaremos los platos rotos seremos los mexicanos.
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