La falta de vivienda es una de las muchas necesidades que aquejan a las familias hidalguenses, quienes viven hacinados en espacios sin servicios básicos ni condiciones que permitan la protección y desarrollo de las familias. Durante el año anterior, 112 mil 200 hidalguenses habitaban en viviendas con condiciones de hacinamiento, de acuerdo con el Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Los datos de la última medición de pobreza realizada por el organismo refieren que en Hidalgo 113 mil 900 personas habitaban en casas con piso de tierra; mientras 38 mil, vivían en domicilios con muros de material endeble.
El Estado de Hidalgo dada su cercanía con el Estado de México y la Ciudad de México es una alternativa para instalarse en zonas aledañas y tener acceso a los centros de trabajo que la metrópoli ofrece ante la creciente crisis inmobiliaria de la ciudad más importante del país.
Hidalgo se encuentra entre los primeros 10 lugares de crecimiento en número de viviendas, sin embargo, según la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en su Estrategia nacional de ordenamiento territorial, al menos 14 mil 100 viviendas están catalogadas como “abandonadas” en la entidad, y algunos de los principales factores por los que se da es debido al costo de movilidad, a la falta de fuentes de empleo y no tener una oferta educativa cercana. El documento citado precisa que “las políticas neoliberales” de las últimas décadas se enfocaron en la construcción de hogares mediante subsidios a empresas inmobiliarias, donde “se privilegió la venta sin importar la ubicación”.
Así, la gran cantidad de casas abandonadas en la entidad son el reflejo de cómo la industria de la construcción ve a la vivienda como negocio y no como un derecho humano; se construyen unidades habitacionales alejadas de la zona metropolitana por lo que representan grandes gastos en cuestión de transporte, con anomalías en los servicios básicos y espacios reducidos que incumplen con lo establecido en la Constitución Mexicana, donde “se considera una vivienda digna y decorosa que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares, así como con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple ciertos criterios para prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos”.
La gran cantidad de casas abandonadas en la entidad son el reflejo de cómo la industria de la construcción ve a la vivienda como negocio y no como un derecho humano; se construyen alejadas de la zona metropolitana, con anomalías en servicios básicos y espacios reducidos que incumplen con lo establecido en la Constitución
De acuerdo con datos de la Sociedad Hipotecaria Federal, el precio promedio de la vivienda en Hidalgo supera un poco más de 1 millón de pesos, lo que son impagables para muchas familias hidalguenses dados los datos publicados por el Servicio Nacional de Empleo (SNE), que indican que los salarios en promedio que se ofertan en la entidad oscilan en los 6 mil pesos en promedio por debajo de la media nacional en cuanto a remuneraciones económicas que ascienden a 8 mil 200 pesos al mes.
Con los salarios tan bajos en la entidad, miles de hidalguenses, se ven forzados a gastar la mayor parte de sus ingresos en pagar una humilde morada, que nunca será suya a pesar de su sacrificio y esfuerzo; según la Encuesta Nacional de Vivienda (Envi) 2020, en Hidalgo, 47 por ciento de la población tiene que rentar una vivienda particular, principalmente porque no tiene acceso a crédito hipotecario, o no cuenta con recursos económicos.
Así el panorama es desolador para los hidalguenses, no alcanza el salario para obtener un crédito hipotecario, ni siquiera de las casas “pichoneras” de Infonavit; los que logran obtenerlo los abandonan por la falta de fuentes de empleo cercanas y los que tienen una vivienda propia no cuentan con las condiciones elementales para una vivienda digna.
El Movimiento Antorchista, desde su nacimiento, ha gestionado y luchado ante los diferentes niveles de gobierno para que miles de familias mexicanas e hidalguenses tengan una vivienda digna bajo, pues el Estado tiene la obligación de respetar, proteger y desarrollar acciones que permitan a las personas disponer de una vivienda adecuada, su adquisición no debe ser excesiva de tal manera que las personas puedan acceder a un lugar donde vivir sin comprometer la satisfacción de otras necesidades.
En la realidad tan lamentable y desigual que se vive en nuestro país podemos decir con toda seguridad que estamos lejos de que se cumpla este derecho humano y elemental, y no porque sea irrealizable, sino simple y sencillamente porque cubrir esta necesidad es ir en contra de las leyes del sistema económico que impera, por lo que el estado y sus autoridades gubernamentales no impulsan políticas que permitan a los mexicanos ver realizado el derecho básico a la vivienda digna.
En Antorcha no nos cansaremos de insistir con las autoridades de los tres niveles de gobierno que se busquen los mecanismos necesarios para garantizar que las familias puedan contar con una vivienda digna; no nos cansaremos de luchar por un gobierno en manos de la clase trabajadora que resuelva de fondo las necesidades de su pueblo.
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