En mi colaboración anterior hablé sobre los lujos de los que goza el hijo del presidente de la república y la forma desenfrenada y descarada en la que éste último desprestigia la prensa que no llena de elogios su gobierno, siendo Carlos Loret de Mola el que está en “la mira”. Quiero en esta ocasión exponer, a quien lea mi aportación, los últimos sucesos en torno a este tema que considero importante que esté en el saber de las personas que estén a mi alcance y quede como una de tantas muestras de autoritarismo del gobierno de la austeridad, de la “tolerancia”; el gobierno de los abrazos…
Luego de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador contra el periodista y conductor de Latinus, Loret de Mola, en las que “demostró” los millones que gana por hablar contra su gobierno, y del repudio que provocó públicamente, así como el respaldo hacia el periodismo serio que representa el primero, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), informó que no cuenta con las facultades legales para investigar a Carlos Loret ni para hacer pública su información personal, como los bienes y riqueza que pueda poseer; esto lo dio a conocer el Instituto el 16 de febrero, dos días después de que el mandatario solicitara a través de una carta que se hicieran las investigaciones antes mencionadas. Todo por venganza, podríamos decir.
El INAI, en voz de su presidenta Blanca Lilia Ibarra, dijo que para hacer lo que AMLO solicita, es necesario primero, contar con el previo consentimiento de la persona en cuestión, es decir, de Carlos Loret de Mola, pero, ¿crees, amigo lector, que él daría ese consentimiento? La respuesta casi, casi ya la sabemos, y más después de que el mismo periodista declaró que el presidente está violando las leyes referentes a la protección de datos personales. Primer ‘pero’ que se cruza en el camino de López Obrador.
“El INAI no cuenta con facultades constitucionales ni legales para realizar investigaciones como la solicitada; lo que incluye en su caso, requerir a distintas entidades públicas como son el Servicio de Administración Tributaria (SAT) la Unidad de Inteligencia Financiera y Registros Públicos de la Propiedad entre otros” dijo Blanca Lilia Ibarra, y estos a su vez deben comprobar, con los archivos a su cargo, que existe la información que Obrador asegura. Pero también dejó claro que aun cuando se hiciera la petición a estos entes, se debe considerar (y respetar, agrego yo) lo que dicen los artículos 6° y 16 de la Constitución.
En ambos artículos está estipulado que lo que involucre datos de la vida privada y datos personales están protegidos por la ley y es derecho de todo ciudadano manifestar su oposición cuando estos son expuestos. Por ello, es también deber y obligación del Estado y sus autoridades garantizar la protección de los datos personales que tenga en su poder, sin embargo, con AMLO estamos viendo todo lo contrario, estamos siendo testigos de la forma en que abusa de su autoridad para querer hacer y deshacer todo con tal de protegerse a él y a los suyos, a sus hijos, y si encuentra piedritas en el zapato (ya podemos decir que el INAI es una al decirle que no tiene facultades para cumplirle sus caprichos) busca la forma de manipular información, crear delitos y modificar las leyes con tal de salirse con la suya.
No olvidemos que mismos organismos como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han venido trabajando a conveniencia del poder ejecutivo, por lo que no hagamos de lado el considerar que, con tal de salirse con la suya y vengar la “reputación y dignidad” de su retoño, José Ramón, seguirá moviendo, cortando, uniendo o agregando hilos. Mantengámonos al tanto de lo que pase y de todo lo que gire en torno al gobierno autoritario de López Obrador.
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