Respetar y hacer valer nuestros derechos como mexicanos no debería de ser algo que se cuestione ni mucho menos algo que esté a disposición de “ciertas personas”, por eso cuando alguien es acusado de algún delito se toma como referencia nuestra constitución política porque a través de ella podemos dictaminar si una persona es o no acreedora del delito, o al menos así debería de ser.
La Constitución de 1917 que es usada hasta nuestros días, pone la defensa de los derechos de todos los trabajadores como prioridad y no de ciertos grupos selectivos. De acuerdo con esta podemos resaltar los siguientes artículos:
El Artículo 7 nos dice que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. Recalcando que ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión.
El Artículo 123 estipula que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. ¿Pero realmente se cumple lo que marca nuestra constitución política?
Una nota publicada por el portal digital mientrastantoenméxico.com, el 7 de noviembre del 2017, titulaba: “Graban a funcionario de Puebla aceptando sobornos de un dueño de grúas”, más abajo dice la nota: titular del área de la Dirección de Programación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla fue grabado en video mientras recibía dinero en efectivo por parte de un representante de los propietarios de grúas, quienes cada semana deben pagar 4 mil pesos para quedarse con el control de los arrastres de vehículos a los corralones de la dependencia. Y sigue más abajo: dice ser representante de varias empresas de grúas, entre ellas Grúas Mogollán, Grúas Santa Rita y Grúas Doama, quienes pagan por tener la exclusividad de los corralones en Puebla y San Martín Texmelucan.
¿Acaso esto no infringe realmente la ley y se debería de castigar a ambas partes? De ser así, ¿Por qué se sigue dejando trabajar a estas empresas con total libertad y sin ningún problema?
Por otra parte tenemos a las Grúas Unión, Federales y Ghanto que cumplen con toda la documentación que pide la Secretaría de Movilidad y Transporte además de que llevan más de 25 años ofreciendo sus servicios en el estado y organizados con el Movimiento Antorchista desde 1994 pero hace unos días y sin ninguna razón legal para hacerlo, fueron clausurados los corralones de dichas empresas y excluidas del rol por lo que se dejaron sin empleo a más de 300 familias que ya desde hace varios años esta era su única fuente de ingresos.
Hay fuentes confiables que nos dicen que la orden de no dejar trabajar a estos grulleros “vino de arriba” por el simple hecho de no concordar con el partido de Morena. Ejemplos sobran para creer en lo que nos dicen, ya que es bien sabido por todos que Morena a todo aquel que no simpatice con su gobierno le espera puro garrote vil.
Por eso, manifestamos nuestra inconformidad como organización y le exigimos al gobernador Miguel Barbosa que intervenga para hacer valer los derechos y que se vuelva a incluir en el rol inmediatamente a las grúas Unión, Federales y Ghanto. De no hacerlo, el antorchismo en el estado de Puebla emprenderá una lucha intensa en apoyo a los compañeros grulleros para que se les deje trabajar. Una vez puestos los datos sobre la mesa, usted amigo lector: ¿Quién cree que ha cometido el delito?
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