El modelo económico que Antorcha plantea para erradicar la pobreza del país, como se sabe, contempla cuatro aspectos fundamentales: 1) pleno empleo para los mexicanos; 2) mejorar sustancialmente los salarios de manera que cubran la canasta básica; 3) cobro de impuestos equitativos, que pague más quien más tenga y menos quien cuente con menores ingresos; y, 4) que el gasto social del gobierno favorezca más a las clases menesterosas del país. En mis dos colaboraciones anteriores he dicho que la aplicación de un modelo opuesto a este planteamiento por el actual gobierno y los cinco sexenios que le precedieron, es lo que explica que el mal de la pobreza no ceda ni en cantidad ni en calidad y que, al contrario, esta grave enfermedad social, según las propias estadísticas oficiales, tienda a incrementarse día con día, aún con el gobierno priista actual, partido con el que Antorcha ha mantenido una leal y prolongada alianza política que dura ya casi 30 años.
Ahora bien, no es de ahora sino desde siempre que Antorcha ha adoptado esta postura, vamos a decir, crítica, respecto a la política económica que sigue el partido. En un acto de franqueza y de lealtad con el PRI, desde que nos adherimos y se nos otorgó la constancia de registro, Antorcha fue muy clara en plantear que nos convencían los documentos básicos del tricolor, cuyo contenido se condensa en su lema "Democracia y Justicia Social", lema que se ajusta con exactitud a las reivindicaciones del pueblo trabajador que fue la fuerza motriz de la Revolución Mexicana. Nuestra incorporación al PRI no fue, pues, un acto de arribismo político, sino plenamente consciente y en concordancia con el lema aludido; incluso, tuvimos el valor civil y la honestidad de manifestarle a las autoridades nacionales del partido de aquel tiempo (año de 1988) de que Antorcha sería fiel al partido, particularmente en las coyunturas electorales, sí, pero que nosotros observábamos a muchos gobiernos priistas que no eran fieles ni respetaban el lema del partido ni tampoco el contenido de la Constitución de la República, particularmente el articulado que tiene que ver con la llamada justicia social; por tanto, nuestra incorporación no fue incondicional, no fue un cheque en blanco sino que plantemos con toda claridad nuestro derecho a cuestionar (con argumentos fundados, claro) aquellas acciones que los gobiernos priistas de cualquier nivel (municipal, estatal y federal) tomaran en contra del pueblo trabajador; y no sólo a cuestionar verbalmente y por escrito dichas acciones, sino que dejábamos a salvo también nuestro derecho inalienable, plasmado en nuestra Carta Magna, a tomar las calles, a realizar marchas y mítines en caso de ser necesario en defensa de ese mismo pueblo, es decir, Antorcha se concibe como la conciencia crítica del PRI, siempre con el respeto debido a nuestras autoridades. Vale hacer esta aclaración, porque en estos términos se dio nuestra alianza con el tricolor y porque, a decir verdad, no vemos razones fundadas para cambiar de opinión, menos aún en los tiempos actuales en que la brecha entre los pocos que han concentrado la riqueza y la inmensa mayoría que nada tiene se ha ensanchado escandalosamente.
Ahora bien, a sabiendas de que a nosotros nadie nos ha nombrado consejeros de nadie y muy lejos estamos de una pretensión en ese sentido, de todas maneras nuestra ya larga experiencia de 41 años levantando desde abajo a una organización popular, nos permite estar en inmejorables condiciones para afirmar que un manejo inteligente del gasto social en los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y particularmente federal, es decir, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que se programa año con año en la Cámara de Diputados, sí puede cambiar, y mucho, la calidad de vida de millones de mexicanos y, por tanto, la percepción negativa que se tiene de la actual administración federal. Y así lo digo, porque no obstante que los precios del petróleo están a la baja, aun así y gracias a que los ingresos se han incrementado en otros rubros, el PEF que el Congreso de la Unión aprobó recientemente para ejercer en el año 2016, asciende a 4.746 billones de pesos (cada billón equivale a un millón de millones de pesos), es decir, 146 mil millones de pesos más que el PEF del año 2015, lo cual es, francamente sea dicho, una cantidad fabulosa de dinero.
Me queda claro que no todo este recurso está designado para hacer obra pública, pues hay muchos gastos fijos qué atender para que el país funcione. No obstante, tengo a la mano dos ejemplos que me permiten afirmar que, cuando el dinero del erario se maneja con buen criterio para atacar, por ejemplo, la marginación en materia de infraestructura urbana, sea en el medio rural o citadino, por supuesto que se puede atemperar y mucho, el malestar de las capas más desfavorecidas. El primer caso es el propio Estado de México, el más poblado del país con 16 millones de habitantes, durante el sexenio que gobernó el actual presidente de México. En efecto, los 607 compromisos que fue desahogando durante los seis años, estuvieron orientados a resolver obras de infraestructura urbana de alto impacto: muchos sistemas de agua potable y redes de drenaje, muchas y grandes obras de electrificación, grandes clínicas y hospitales; muchísimas obras de pavimentación por todo el Estado, construcción de escuelas como no se había visto en otras administraciones, carreteras que comunicaron a muchísimas comunidades campesinas, etc.; en fin, con un presupuesto promedio que rondó los 180 mil millones anuales, en promedio, el licenciado Enrique Peña Nieto se labró una imagen no sólo de gobernante cumplidor de sus compromisos, sino que incluso se le reconoció el tino con que eligió las obras ejecutadas. Y no todo el dinero del que dispuso se destinó a obra pública, sino que también se utilizó para solventar el oneroso gasto corriente y pago de la deuda interna de la entidad. El otro ejemplo que conozco, personalmente, es cómo un municipio como Chimalhuacán, el más marginado y poblado del país en el año 2000, se transformó radicalmente para bien con 600 millones de pesos invertidos, en promedio, anualmente, en los últimos 15 años. ¿Qué se hizo en este municipio de 700 mil habitantes? Obra pública similar a la que se realizó en la entidad durante el sexenio 2005-2011. Y lo mismo, están haciendo los gobiernos antorchistas municipales de Ixtapaluca y de otras entidades, como Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Oaxaca con resultados exitosos.
Toda vez que los otros tres rubros de la economía son más difíciles de mejorar, en el corto plazo, por ejemplo la falta de empleo donde mucho tiene que ver la recesión mundial y particularmente la estadunidense; que el aumento salarial seguramente despertaría una reacción iracunda de los empresarios multimillonarios, así como un cobro de impuestos más equitativo, en estas condiciones, lo que el gobierno de la República tiene más a la mano es manejar con rigor, midiendo meticulosamente el costo beneficio de cada peso invertido del PEF; esto es, etiquetar con fina puntería dicho presupuesto a nivel nacional y asegurarse, a renglón seguido, de la aplicación eficiente y honrada de esos recursos por parte de los gobiernos y de las organizaciones políticas a donde se canalicen esas obras. Desde nuestra modesta trinchera, Antorcha, por convicción propia (y porque a los altos funcionarios del gobierno federal les consta, pues nos conocen), la aplicación eficiente y honrada de esas obras está garantizada, sólo esperamos que se nos brinden las herramientas suficientes para hacer la parte que nos toca. Esto no combate a fondo la pobreza pero sirve al menos como paliativo.
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