El pasado lunes 12 de febrero, el presidente declaró enfático que “México era un país pacífico y que la incidencia delictiva se ha ido reduciendo”, pero la realidad lo contradice. Hace unos días, gran parte de las carreteras del país se vieron colapsadas por un paro que realizaron conductores de transporte de carga pesada; exigen seguridad.
A estas alturas del Gobierno federal, a unos meses de que el presidente López Obrador termine su mandato, la situación de inseguridad que vive el país ya es muy evidente; la estrategia de “abrazos, no balazos” resultó todo un fiasco. Y ya no hay quien se escape de las consecuencias.
Los medios dicen que, tras posponer una semana el paro nacional que ya tenían acordado, los transportistas adheridos a la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas A. C. (Amotac) se manifestaron la mañana del jueves 15 de febrero pasado en diversos puntos del país, en respuesta a lo que consideraron incumplimiento de las autoridades en materia de seguridad y regulación del autotransporte.
Sea politiquería o no, el presidente López Obrador debe asumir la responsabilidad que le toca en todo esto. Los transportistas de la Amotac dicen la verdad.
Las demandas públicas reclamadas por los manifestantes se resumen en una nota del periódico El Economista, que apareció el día del paro: “El gremio exige al Gobierno garantizar la seguridad de transportistas y usuarios de las vías de comunicación, la prohibición de vehículos doblemente articulados, la devolución de carreteras federales que se volvieron de cuota, tarifas oficiales, emplacamiento por parte de la SICT, aplicar el reglamento a grúas, reclasificación de carreteras y frenar los abusos y extorsiones de elementos de diversas corporaciones policiacas”. He aquí pues, los motivos que generaron el paro nacional.
No obstante, el Gobierno federal ya fijó su posición. La secretaria de Gobernación, Luis María Alcalde, comentó que los paros son infundados porque se está atendiendo las demandas de los transportistas.
Alcalde aseguró que ha celebrado 120 reuniones de atención con los transportistas, con la participación de otras dependencias como Seguridad, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Guardia Nacional.
Mientras tanto, López Obrador, muy a su estilo, también dijo lo suyo; descalificó las acciones de la Amotac y aseguró que “buscan afectar su Gobierno y que tienen un propósito politiquero” (El Economista, 15 de febrero), por lo que rechazó recibirlos en Palacio Nacional como solicitan.
Pero suponiendo que sea tal como asegura el presidente, la realidad es la realidad. En la nota que ya he referido, se lee también lo siguiente: “En México, transportar mercancía de una ciudad a otra se ha convertido en uno de los trabajos más peligrosos. En promedio se cometen 38 asaltos diarios a transportistas. En 2023 fueron robados a diario, en promedio, 25 transportistas; en ocho de cada 10 casos se reportó violencia, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)”.
Y la nota finaliza así: “A lo largo de 2023, al menos 9 mil 181 transportistas fueron asaltados en diversas carreteras de nuestro país, de los cuales 7 mil 862 (86.5 %) fueron con violencia, un incremento de 4 % en comparación con 2022, cuando se abrieron 8 mil 836 investigaciones por robo a transportistas.”
Y esto es todo lo que sabemos hasta el día de hoy, en relación con elparo de transportistas que sufrimos casi todos los mexicanos en días recientes. En todo esto, conforme a la descalificación de “propósito politiquero” que lanza el presidente contra los paristas, ¿quién dice la verdad y quién miente?
Por lo poco que se sabe hasta ahora, me parece muy arriesgado emitir una respuesta contundente. Pero, conociendo las demandas de la Amotac y los datos que nos proporciona El Economista, hay suficientes elementos para aventurar una opinión.
Veamos. En relación con el tema de la inseguridad que sufren los transportistas, así como los abusos y extorsiones que sufren a manos de los elementos policiacos, no hay ninguna duda: digan lo que digan, los responsables son los gobiernos, sobre todo el Gobierno federal.
Sea politiquería o no, el presidente López Obrador debe asumir la responsabilidad que le toca en todo esto. Los transportistas de la Amotac dicen la verdad.
Pero, ¿qué decir del resto de sus demandas? Con todo respeto para los señores transportistas, y me refiero aquí a los sufridos y valientes trabajadores del volante, para quienes manifiesto toda mi solidaridad, yo creo, sin ánimo de pesimismo, que están pidiendo, como suele decir el pueblo, “peras al olmo”.
Porque ¿dónde está la responsabilidad que toca a los señores empresarios dueños del transporte que son asaltados?, ¿dónde, la de los empresarios dueños de la mercancía que es robada de esos camiones?
Seguramente ellos, los empresarios, nada dicen ni protestan porque todo cuanto les roban indudablemente está asegurado. Pero, ¿qué, no corresponde a ellos también dar garantías y seguridad a sus trabajadores, que arriesgan sus vidas para llevar y traer sus mercancías y asegurar el incremento de sus ganancias? Yo creo que sí. Los empresarios también deben dar la cara aquí y una respuesta a las demandas de sus trabajadores.
Sólo que los trabajadores del volante no pueden, aunque así lo quisieran, reclamar ellos solos a sus patrones, es decir, a la clase empresarial todas las condiciones laborales que se reflejan en el pliego petitorio que ya conocemos.
Desde que se convirtió en mercancía casi todo lo que existe en este mundo, lo que incluye también a todos los satisfactores humanos, sólo aquel que tiene el poder económico suficiente para adquirirlas las puede tener.
El presidente López Obrador no les puede garantizar a los transportistas “la prohibición de vehículos doblemente articulados, la devolución de carreteras federales que se volvieron de cuota, tarifas oficiales, emplacamiento por parte de la SICT, ni aplicar el reglamento a grúas”, por dos razones fundamentales: 1) porque todo esto constituyen mercancías en manos de poderosos empresarios, que no van a estar dispuestos a dejárselas a nadie que no pague por ellas, y 2) porque el presidente, justamente igual que cualquier trabajador del volante, es sólo un empleado más de los grandes empresarios del gran capital. Saber esto ahora es duro, pero es verdad.
Sólo les queda entonces aquí seguir un camino para conseguir la totalidad de sus demandas, y no quedar sólo en “un propósito politiquero”: hacer una campaña para sumar a su lucha a todo el pueblo trabajador y reclamar juntos, como un solo hombre y un solo ideal el Gobierno de este país, para arrancar con él a la clase empresarial todo aquello que por ley les corresponde. Ojalá que así sea.
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