El Artículo 4º de la Constitución Mexicana establece que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”, mientras que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) -ratificado por México en 1981- dicta, en su artículo 12, que el derecho a la salud (tanto física como mental) debe otorgarse en su más alto nivel posible de disfrute. Es en este contexto que el análisis de los recursos otorgados al sector Salud por el Estado Mexicano es de vital importancia, más aún a casi dos años del inicio de la pandemia en el país.
El 8 de septiembre de 2021 se presentó el Paquete Económico 2022, el cual contempla un aumento de 15.1% en los recursos del sector salud. Si bien este aumento se centra en la atención de la Covid-19 dos años después de su inicio. Sin embargo, de los 800 mil millones de pesos que se le asignan a este rubro, sólo 5% se irá a infraestructura y servicios que ayudan directamente a personal médico y pacientes. Mientras que el 27 por ciento será únicamente para pagar adeudos con el IMSS e ISSSTE y un 26 por ciento, para programas de vacunación. El PEF plantea reducciones importantes a varias unidades responsables como la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, al pasar de 7 mil 761 millones en 2021 a 3 mil 024 millones en 2022 (-61%). También se plantean reducciones importantes a unidades que parecerían clave como la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (-58%), la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud (-53%) y la Unidad de Análisis Económico (-19%). El monto total está asignado en gasto corriente y no se identifican recursos para inversión física. La construcción de hospitales rurales podría aumentar escasamente. La mayor presión proviene de las enfermedades en el tercer nivel de atención; intervenciones que no están incluidas en el programa IMSS-Bienestar que comprende atención de servicios de hospitalización de alta especialidad y resolución, cirugía cardiovascular, hemodiálisis, tomografía axial computarizada, neurocirugía, prueba de laboratorio e investigación de gran complejidad, angiografías coronarias, radioterapia y estudio de medicina nuclear. Debemos recordar que con el proceso de desaparición del Seguro Popular muchos enfermos tienen que pagar para atenderse y muchos otros fallecieron sin haber recibido el tratamiento por falta de financiamiento, entre los que destacan enfermedades como canceres infantiles y el cáncer de mama que es la primera causa de muerte por enfermedad de las mujeres en el país. Un ejemplo real tenemos el despido del personal del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, el único Hospital Público del Estado que brindaba atención especializada a niños con cáncer. Estos despidos por falta de presupuesto, por no hablar de la práctica ilegal en este país de dar contratos temporales a trabajadores de planta, pone en mayor riesgo el tratamiento de los niños con cáncer además de enfrentar el desabasto de medicamentos, los pacientes tendrán que enfrentar el problema de la falta de personal, insumos y tratamientos para sus enfermedades. Esto implica que el trágico caso del Hospital de la Niñez Oaxaqueña se empezará a ver en otros hospitales adscritos al Insabi que no están recibiendo los recursos que antes recibían para su operación. Estos hospitales de por sí ya enfrentaban una situación crítica, ya que desde la creación del Insabi se dejaron de pagar muchos de los tratamientos que se habían otorgado.
Suena muy bien la idea de tener un programa de atención universal de salud en el país, el gran problema es que si no se destinan mayores recursos para esto y se malgastan los que se tienen, esto sólo acaba afectando principalmente a los que menos tienen: a todos los pacientes que ya llevaban un tratamiento en alguno de los hospitales del Seguro Popular, los cuales además tienen que enfrentar el grave problema de desabasto de medicamentos por otra política pública mal planeada e implementada: la de compra de medicamentos. Por lo tanto Morena y el gobierno federal mienten al hacerle creer al pueblo mexicano que con el presupuesto para el año 2022 estaría garantizada la atención a enfermedades graves y costosas para la población sin seguridad social.
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