Nadie puede negar que las transferencias monetarias directas de los programas sociales del Bienestar, implementadas en este sexenio del gobierno de la Cuarta Transformación, en particular, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, las Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, la Beca Universal para estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, entre otros, le dispensan al presidente Andrés Manuel López Obrador, gran parte de su popularidad y han permitido, también, el avance y éxito electoral de su partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que gobierna 20 de las 32 entidades federativas.
“Por el bien de todos, primero los pobres”, es el discurso de quienes gobiernan el país y a decir de ellos, estos programas tienen como misión, combatir la desigualdad social y la redistribución del ingreso, ya que su tarea es apoyar a los grupos vulnerables de la población con la finalidad de brindarles oportunidades que les ayuden a superar su situación y que con esto tengan un mayor dinamismo en la economía nacional, brindando así, oportunidades a los sectores que durante años fueron excluidos.
Sin embargo, mientras adeptos a la 4T conciben estos programas como prueba irrefutable del compromiso cumplido de López Obrador con los más pobres, sus opositores argumentan que por su diseño y aplicación son opacos y discrecionales, porque configuran un sistema de control político-electoral que supera considerablemente al que antes habían desarrollado los gobiernos anteriores emanados del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional.
Veamos qué ha pasado con estos programas: apoyados en datos oficiales del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), analistas en la materia, sostienen que, no son primero los pobres quienes se benefician de estos programas para salir de la pobreza, sino que el número que los reciben se ha reducido; por ejemplo, Máximo Ernesto Jaramillo Molina, investigador de la Universidad de Guadalajara, en temas de desigualdad social, pobreza y política redistributiva, en el documento “Primero los pobres”: Política social de desigualdad y pobreza durante el sexenio de López Obrador”, el académico sostiene que la política social del Gobierno Federal perdió su poder redistributivo, ya que dejó de privilegiar a los pobres, como sucedió en sexenios anteriores y terminó beneficiando a los hogares más ricos del país, quienes ahora reciben el dinero que se le quitó a hogares más pobres.
Expone que datos oficiales muestran que, en 2016, el 67 por ciento de la población en situación de pobreza recibió, al menos el beneficio de un programa social. Para 2020, era 43 por ciento; destaca que en el decil X, es decir, el 10 por ciento más rico del país, prácticamente se triplicó el porcentaje de población que recibe programas sociales, pasando de 6 a 17 por ciento, entre 2018 y 2020, por lo que, contrario a lo que se pregona, se ha beneficiado a las personas de mayores ingresos y desatendido a quienes más lo necesitan. En 2018, 23 por ciento de transferencias monetarias fueron a los más pobres; en 2020, sólo 10 por ciento.
Por su parte Adriana García, coordinadora de Análisis Económico de México ¿Cómo Vamos?, plantea que algo que falta en esta administración, es evaluar los programas sociales para poder hablar con datos sobre los resultados y si su implementación ha sido la adecuada; argumentó que, tan sólo el programa de transferencias monetarias de Becas Benito Juárez, para ser exitosa debe de ir acompañada de inversión en infraestructura educativa, con el fin de que se cumpla el destino de los recursos, y que en el caso de las pensiones para adultos mayores, el problema es que éstas crecen como una bola de nieve y se aumentan los beneficios cada año, pero no hay una estrategia para financiarlos, por lo que esta política social no está siendo redistributiva y al final de cuentas va a acabar ahorcando los recursos disponibles para atender la educación y la salud de los mexicanos.
Así, los programas sociales tan llevados y traídos por el Gobierno Federal, dejan mucho que desear, pues mientras, se vende la idea a los más necesitados que éstas son el remedio para superar su pobreza y los adeptos a la 4T los difunden como prueba irrefutable del compromiso cumplido de López Obrador con los más pobres. La pobreza en México se incrementó en 3.8 millones de personas entre 2018 y 2020, de acuerdo con el Coneval, poniendo de manifiesto la ineficacia de los programas del Bienestar para combatir el problema de raíz.
Además, uno de los señalamientos más recurrentes hechos a los programas mencionados, es que por su diseño y aplicación son opacos y discrecionales porque configuran un sistema de control político-electoral que supera considerablemente al que antes habían desarrollado los gobiernos anteriores, los programas están orientados a beneficiar a los simpatizantes del partido oficial; recientemente, en un comunicado, el sindicato patronal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), declaró que para evitar el uso clientelar o político, los programas sociales deben blindarse mediante reglas claras, transparentarse y focalizar su uso en lugar de darse de manera indiscriminada: “ayudar a quienes menos tienen no debe ser un cálculo político, sino una convicción y un compromiso social y en favor del desarrollo inclusivo. Hoy, los programas sociales para adultos mayores, personas con discapacidad y apoyos para estudiantes de bajos recursos están garantizados, se elevaron a rango constitucional para que no puedan eliminarse, pero requieren blindarse ante el uso político o clientelar" (El Universal 26-01-2023).
Así pues, por los datos expuestos, es un hecho insoslayable, que las transferencias monetarias implementadas por este Gobierno Federal, destinadas a beneficiar a la gente directamente, son programas muy viejos que en otros tiempos se ejecutaron mejor que ahora, con una normatividad más precisa, más exacta, y aunque parezca una contradicción, menos corrupta que ahora, razones por las que la pobreza y desigualdad no solamente no disminuyeron, sino que se profundizaron y siguen aumentando.
Los programas que le entregan dinero en efectivo a la gente han fracasado porque se subsidia el consumo de la gente, no su capacidad productiva, destinando mayores recursos a estos programas y se deja sin dinero otras políticas que ayudan en serio a la gente, como la obra pública: vivienda, escuelas, hospitales, servicios básicos, etcétera y que demuestran que son más efectivos para el combate serio de la pobreza.
No se cuestiona la utilidad que los apoyos sociales prestan a los pobres sino lo mal orientados, evaluados y utilizados por el gobierno, que dice estar preocupado por el bienestar de quienes menos tienen, por lo que las masas populares de nuestro país deben organizarse y luchar por cambiar el modelo económico vigente, por uno que genere crecimiento y distribuya sus frutos entre todos los mexicanos y no programas monetarios que han demostrado con su mala aplicación y uso, servir de discursos para políticos y gobiernos en detrimento de la condiciones de vida de millones de sus ciudadanos.
Nadie puede negar que las transferencias monetarias directas de los programas sociales del Bienestar, implementadas en este sexenio del gobierno de la Cuarta Transformación, en particular, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, las Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, la Beca Universal para estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, entre otros, le dispensan al presidente Andrés Manuel López Obrador, gran parte de su popularidad y han permitido, también, el avance y éxito electoral de su partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que gobierna 20 de las 32 entidades federativas.
“Por el bien de todos, primero los pobres”, es el discurso de quienes gobiernan el país y a decir de ellos, estos programas tienen como misión, combatir la desigualdad social y la redistribución del ingreso, ya que su tarea es apoyar a los grupos vulnerables de la población con la finalidad de brindarles oportunidades que les ayuden a superar su situación y que con esto tengan un mayor dinamismo en la economía nacional, brindando así, oportunidades a los sectores que durante años fueron excluidos.
Sin embargo, mientras adeptos a la 4T conciben estos programas como prueba irrefutable del compromiso cumplido de López Obrador con los más pobres, sus opositores argumentan que por su diseño y aplicación son opacos y discrecionales, porque configuran un sistema de control político-electoral que supera considerablemente al que antes habían desarrollado los gobiernos anteriores emanados del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional.
Veamos qué ha pasado con estos programas: apoyados en datos oficiales del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), analistas en la materia, sostienen que, no son primero los pobres quienes se benefician de estos programas para salir de la pobreza, sino que el número que los reciben se ha reducido; por ejemplo, Máximo Ernesto Jaramillo Molina, investigador de la Universidad de Guadalajara, en temas de desigualdad social, pobreza y política redistributiva, en el documento “Primero los pobres”: Política social de desigualdad y pobreza durante el sexenio de López Obrador”, el académico sostiene que la política social del Gobierno Federal perdió su poder redistributivo, ya que dejó de privilegiar a los pobres, como sucedió en sexenios anteriores y terminó beneficiando a los hogares más ricos del país, quienes ahora reciben el dinero que se le quitó a hogares más pobres.
Expone que datos oficiales muestran que, en 2016, el 67 por ciento de la población en situación de pobreza recibió, al menos el beneficio de un programa social. Para 2020, era 43 por ciento; destaca que en el decil X, es decir, el 10 por ciento más rico del país, prácticamente se triplicó el porcentaje de población que recibe programas sociales, pasando de 6 a 17 por ciento, entre 2018 y 2020, por lo que, contrario a lo que se pregona, se ha beneficiado a las personas de mayores ingresos y desatendido a quienes más lo necesitan. En 2018, 23 por ciento de transferencias monetarias fueron a los más pobres; en 2020, sólo 10 por ciento.
Por su parte Adriana García, coordinadora de Análisis Económico de México ¿Cómo Vamos?, plantea que algo que falta en esta administración, es evaluar los programas sociales para poder hablar con datos sobre los resultados y si su implementación ha sido la adecuada; argumentó que, tan sólo el programa de transferencias monetarias de Becas Benito Juárez, para ser exitosa debe de ir acompañada de inversión en infraestructura educativa, con el fin de que se cumpla el destino de los recursos, y que en el caso de las pensiones para adultos mayores, el problema es que éstas crecen como una bola de nieve y se aumentan los beneficios cada año, pero no hay una estrategia para financiarlos, por lo que esta política social no está siendo redistributiva y al final de cuentas va a acabar ahorcando los recursos disponibles para atender la educación y la salud de los mexicanos.
Así, los programas sociales tan llevados y traídos por el Gobierno Federal, dejan mucho que desear, pues mientras, se vende la idea a los más necesitados que éstas son el remedio para superar su pobreza y los adeptos a la 4T los difunden como prueba irrefutable del compromiso cumplido de López Obrador con los más pobres. La pobreza en México se incrementó en 3.8 millones de personas entre 2018 y 2020, de acuerdo con el Coneval, poniendo de manifiesto la ineficacia de los programas del Bienestar para combatir el problema de raíz.
Además, uno de los señalamientos más recurrentes hechos a los programas mencionados, es que por su diseño y aplicación son opacos y discrecionales porque configuran un sistema de control político-electoral que supera considerablemente al que antes habían desarrollado los gobiernos anteriores, los programas están orientados a beneficiar a los simpatizantes del partido oficial; recientemente, en un comunicado, el sindicato patronal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), declaró que para evitar el uso clientelar o político, los programas sociales deben blindarse mediante reglas claras, transparentarse y focalizar su uso en lugar de darse de manera indiscriminada: “ayudar a quienes menos tienen no debe ser un cálculo político, sino una convicción y un compromiso social y en favor del desarrollo inclusivo. Hoy, los programas sociales para adultos mayores, personas con discapacidad y apoyos para estudiantes de bajos recursos están garantizados, se elevaron a rango constitucional para que no puedan eliminarse, pero requieren blindarse ante el uso político o clientelar" (El Universal 26-01-2023).
Así pues, por los datos expuestos, es un hecho insoslayable, que las transferencias monetarias implementadas por este Gobierno Federal, destinadas a beneficiar a la gente directamente, son programas muy viejos que en otros tiempos se ejecutaron mejor que ahora, con una normatividad más precisa, más exacta, y aunque parezca una contradicción, menos corrupta que ahora, razones por las que la pobreza y desigualdad no solamente no disminuyeron, sino que se profundizaron y siguen aumentando.
Los programas que le entregan dinero en efectivo a la gente han fracasado porque se subsidia el consumo de la gente, no su capacidad productiva, destinando mayores recursos a estos programas y se deja sin dinero otras políticas que ayudan en serio a la gente, como la obra pública: vivienda, escuelas, hospitales, servicios básicos, etcétera y que demuestran que son más efectivos para el combate serio de la pobreza.
No se cuestiona la utilidad que los apoyos sociales prestan a los pobres sino lo mal orientados, evaluados y utilizados por el gobierno, que dice estar preocupado por el bienestar de quienes menos tienen, por lo que las masas populares de nuestro país deben organizarse y luchar por cambiar el modelo económico vigente, por uno que genere crecimiento y distribuya sus frutos entre todos los mexicanos y no programas monetarios que han demostrado con su mala aplicación y uso, servir de discursos para políticos y gobiernos en detrimento de la condiciones de vida de millones de sus ciudadanos.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario