En nuestros días, es evidente que la inseguridad y la violencia que provocan los altos niveles de delincuencia son un malestar real que encrudece las condiciones, ya de por sí crueles, de pobreza, marginación y desigualdad que vulneran a las familias trabajadoras de México, situación que se ha agravado aún más en la administración de Andrés Manuel López Obrador, en donde es fuertemente cuestionado el desempeño de las instituciones de Seguridad Pública. 

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021 (ENVIPE) del Inegi a nivel nacional, 58.9 por ciento de la población de 18 años y más considera la inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy en día, seguido del desempleo con 41.5 por ciento y la salud con 40.2 por ciento. Por su parte el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su actualización al 20 de octubre del 2022, reporta que la incidencia delictiva nacional en el periodo enero - septiembre de este año es de la alarmante cifra de 1,615,287 presuntos delitos registrados, siendo los casos más destacados el Estado de México con 300,767 delitos; la Ciudad de México con 174,160 delitos; Guanajuato con 105,603 delitos; Jalisco con 97,218 delitos; Baja California con 82,089 delitos; Nuevo León con 80,670 delitos; y Veracruz con 65,207 delitos. 

Asimismo, la organización “Justice in Mexico” en su informe especial titulado “Crimen organizado y violencia en México”, hace un análisis sobre la incidencia delictiva en nuestro país, donde afirma que, en los tres primeros años de la administración de López Obrador, México ya rebasó los 100,000 homicidios dolosos, y que durante su encargo como Presidente de la República, se presentan los niveles más altos de violencia que cualquier administración anterior, en donde el número de homicidios mensuales se ha mantenido en promedio por encima de las 2,200 víctimas, con múltiples picos.

Por otra parte, aprovechando el dolor y el sufrimiento que esta situación provoca constantemente en el pueblo, y ante la demanda reiterada a los gobiernos de todos los niveles para tomar medidas más acertadas en torno a esta problemática, el presidente López Obrador, sin tomar en cuenta los múltiples desaciertos de sus decisiones que conducen al país a un precipicio cada vez más difícil de salir, hace un uso vil de estas exigencias colectivas legítimas para justificar su interés y ambición individual fortaleciendo su ejercicio de poder sobre la vida civil del pueblo, esto mediante la militarización de la seguridad pública.

En este sentido, el presidente tiene un desconocimiento profundo de la realidad concreta a la que se enfrenta la seguridad pública nacional, no obstante, parece que eso no es lo que le importa, su limitado interés se reduce a la imposición de una estrategia que va en contra de los principios democráticos, humanitarios y constitucionales sobre los que se ha construido el actual Estado mexicano.

Al respecto, cabe resaltar que en septiembre pasado se aprobó en el Senado de la República la polémica reforma propuesta por López Obrador que transfiere el control de la Guardia Nacional (GN) a la SEDENA, que anteriormente estaba bajo supuesto mando civil, lo anterior, con 71 votos a favor, 51 en contra y una abstención, el partido oficialista Morena y sus aliados aprobaron en lo general el dictamen que reforma las 4 leyes relativas a la Guardia Nacional. Posteriormente, a principios de octubre, en este mismo organismo, se avaló con 87 votos a favor y 40 en contra el dictamen por el que se amplía hasta 2028 la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

Curiosamente, previo a la votación, como para demostrar un poco de dignidad y pretendiendo justificar cierta resistencia a la voluntad presidencial, los senadores acordaron integrar una “adenda” al dictamen para establecer, entre otros aspectos, que el presidente podrá disponer de la Fuerza Armada Permanente (FAP) en tareas de seguridad pública, conforme a los términos planteados por SCJN, donde se indica que la participación en dicho cuerpo deberá ser “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, pero está comprobado que el presidente en reiteradas ocasiones ha hecho caso omiso de este tipo de disposiciones y nadie se ha atrevido a exigirle cumplimiento y mucho menos la entrega de cuentas, como se diría en otros tiempos, puro atole con el dedo. 

Por otro lado, si las acciones que lleven a cabo las FAP en ningún caso tendrán que sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades, cuáles serán sus objetivos entonces, ¿Acaso será vigilar y castigar a los gobiernos de los estados, a la sociedad civil y a quienes se pronuncien y manifiesten contra los intereses presidenciales? ya “Guacamaya Leaks” reveló algo en este sentido, hay mucho que reflexionar al respecto.

Con la afirmación de que las Fuerzas Armadas gozan de una amplia aprobación entre la población y de que son menos susceptibles de ser infiltradas por el crimen organizado, López Orador ha pretendido justificar la militarización de la seguridad pública, pero con esto no se sostiene su incipiente argumento y la realidad misma lo contradice, como ejemplo refiero lo siguiente. 

El pasado cinco de octubre, la revista Proceso, dio a conocer, mediante un reportaje ampliamente documentado, que en Tamaulipas, elementos del Cartel del Golfo CDG/Ciclones, cooptaron a personal del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal de Tamaulipas y de la Guardia Nacional para intentar localizar a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de la facción "Panteras", señala un informe del área de Componente de Operaciones del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI) del Noroeste, de la Sedena. El reporte al que Proceso tuvo acceso está fechado el 31 de agosto pasado y forma parte de los correos electrónicos hackeados por el colectivo autodenominado Guacamaya, en él, se advierte sobre la incursión del CJNG a Tamaulipas, a través de los estados de San Luis Potosí y el norte de Veracruz.

Aunado a los actos de extorsión, robo, abuso de autoridad e incluso vínculos con el crimen organizado que han sido detectados en la GN, también se registra que, con más del 70 por ciento de sus elementos sin certificación para desempeñar labores policiacas, esta novel institución de seguridad púbica recibe cada vez más denuncias por violación de derechos humanos, y por primera vez superó a la Sedena, según un informe de la organización civil México Evalúa.

Al respecto, quién está en condiciones de garantizar la integridad de los cuerpos de la GN ante la delincuencia organizada y los abusos de autoridad característicos de los cuerpos castrenses, ni el amuleto “detente”, ni la fórmula “abrazos no balazos” por arte de magia puede asegurar dicha integridad.

La realidad es que el presidente no está observando el problema de fondo, no tiene un análisis riguroso del fenómeno social ante el que se enfrenta, solo ve lo que a su interés inmediato salta y poco le importan las consecuencias que se desprendan de sus decisiones erradas, lo que ha sido una de las características que definen a su gobierno.

Hay que tomar en consideración, entre otros aspectos, que en nuestro país el Ejército Mexicano es apreciado y respetado como un legado de la Revolución Mexicana, pero que también, ha tenido participaciones contradictorias en algunos casos, como su reprochada intervención en la represión del movimiento estudiantil de 1968; y en otros casos polémicas, como en el proceso de transición política, sobre todo la guerra contra el narcotráfico emprendida primero por Felipe Calderón y ahora con la militarización de la GN con López Obrador que obliga a las Fuerzas Armadas Mexicanas a salir del cuartel y exhibirse permanentemente ante la opinión pública, en consecuencia, estas modificaciones de la naturaleza fundacional de esta institución son afectadas sustancialmente y también supone un cambio en la forma en la que éstas son percibidas. En todo caso, la imagen de pueblo uniformado que se ha retratado en la opinión pública como la figura de una institución con orígenes y lealtad indiscutida al pueblo, ya no está siendo la misma.

También hay que mencionar que, con estas acciones irresponsables de López Obrador, que comprende el uso de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública, imponiendo una política de seguridad militarizada sin controles civiles eficientes; el rol político del ejército se ha venido fortaleciendo, mientras que el rol de las autoridades civiles se ha venido debilitando principalmente por la fragmentación de la corrupción política que ha causado la delincuencia organizada en las instituciones mexicanas.

Lo anterior, de tal manera que mientras que, en las sociedades modernas, la sociedad civil tiene un alto desarrollo y desempeña un papel protagónico en la vida de su país, en México vamos en retroceso. Esta situación advierte cambios profundos en el ejercicio del poder en México, lo que presupone riesgos para la ciudadanía en general, ya que la concentración de la capacidad de ejecución, legislación y coacción en una sola persona sin contra pesos funcionales, implica la descomposición de los progresos que nuestra democracia, aunque imperfecta, ha alcanzado los últimos años resultado de la lucha organizada del pueblo mexicano.