Mucho se ha hablado de la realidad alterna que vive el gobierno actual, en concreto el gobierno federal, esto significa que hay múltiples posibilidades, que existen simultáneamente en cualquier momento, sujeto a nuestra elección consciente y deliberada, las realidades alternativas son diferentes versiones de un mismo universo. Esto, a pesar de las constantes denuncias de atención a los problemas que padecen los humildes en particular, pero del pueblo en general, un día sí y otro también nos recetan que “todo va bien”, pues para nuestros actuales gobernantes no hay otra “realidad” más la que dicta el inquilino de Palacio Nacional.
Pero la lacerante realidad de los múltiples problemas que enfrentamos en México nos dice a las claras, que no vamos bien, que no estamos bien y que necesitamos alzar la voz ante los oídos sordos de los gobernantes que se niegan a entender que urge la atención de los problemas que en su momento juraron y se comprometieron a resolver.
Por ejemplo, ante el problema de la violencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido su estrategia para pacificar al país y ha asegurado que está dando resultados. Pero la realidad es otra. Veamos algunos datos:
A cuatro años del inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, los números de violencia no se han detenido, pues a cómo van las cosas este sexenio cerrará como el más violento en la historia de México. Veamos nota de Expansión (…De diciembre de 2018 a octubre de 2022, se han registrado 135,464 homicidios dolosos y feminicidios, 20,602 homicidios menos que todos los ocurrido en la administración pasada…) “Hay un decremento entre el 5 y 10 por ciento pero eso puede ser tramposo si ponemos atención en los totales. Todo parece indicar que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador va a rebasar los totales de homicidio que se registraron con Enrique Peña Nieto y ya rebasó a Felipe Calderón. A menos que no hubiera ningún homicidio de aquí a que acabe el sexenio (terminaría por debajo) pero eso no va a ocurrir, se va a rebasar a Enrique Peña”, afirma Víctor Hernández, experto en seguridad pública y maestrante en Seguridad Nacional en el King's College London.) …
El año 2022 terminará con un total acumulado que superará los 140,000 homicidios dolosos, por lo que será en cuestión de meses cuando se supere la cifra de 156,000 muertes violentas del sexenio anterior. Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, calcula que antes del primer semestre de 2023 se rebasarán los homicidios de la administración anterior, por lo que cada mes que pase se establecerá un nuevo récord en violencia y convertirán al actual en el sexenio más violento…
En comparativo hace exactamente un año, son críticas las estadísticas de violencia que sufre la población mexicana. De acuerdo con cifras del reporte diario del gabinete de seguridad federal, en el mes de mayo del año pasado, hubo un repunte de 16 por ciento en los homicidios dolosos, pues las muertes registradas como “violentas” pasaron de dos mil 131 en abril a dos mil 472.
A estas cifras, el presidente de la república mantiene su política de oídos sordos: “no vamos a cambiar la estrategia, al contrario, quienes deben reconocer que se equivocaron, y que los errores en política son como crímenes, en el mejor de los casos, son nuestros adversarios”. Es decir, no sólo se muestra indiferente a la situación al no cambiar su inútil estrategia de “abrazos, no balazos”, sino que además crea adversarios imaginarios en quienes le reclaman acciones ante el desastroso panorama. Pretende negar la realidad descalificando en las mañaneras y tildando de “hipócritas” a quienes intentan prevenirle de la gravedad de la situación.
Situación parecida parece reflejarse en los gobiernos de los estados, hace más de un mes, la noticia del asesinato de dos compañeros activistas del Movimiento Antorchista en el estado de Guerrero, Conrado, Mercedes y de su hijo de apenas seis años de edad, conmocionó a todo el antorchismo nacional, Inmediatamente, nuestra organización solicitó a la Fiscalía General del Estado de Guerrero, y a la gobernadora Evelyn Salgado que se investigara el cobarde asesinato y que se castigue a los asesinos. Sin embargo, ya después de más de un mes no hay avances, pues no hay nadie encarcelado, ni a los autores intelectuales ni a los autores materiales, lo más grave es que las autoridades políticas de este estado se nieguen a atender a la comisión que exige respuesta inmediata de castigo a los autores de tan atroz crimen. Conrado y Mercedes eran dos destacados líderes sociales en el estado de Guerrero, quienes desde muy jóvenes se entregaron a la lucha social en aquel estado, con el compromiso de defender a los guerrerenses más vulnerables.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en su informe del año 2020, en el estado de Guerrero el 66.4 por ciento de la población vivía en condición de pobreza, y el 25 por ciento en pobreza extrema. Es decir, de tres millones 540 mil 685 habitantes con los que cuenta el estado de Guerrero, 2 millones 363 mil 188 habitantes viven en pobreza. Estos datos son lo que conocían nuestros compañeros asesinados, y por eso se decidieron a organizar a los guerrerenses y luchar por una vida más digna para ellos. Misma lucha que dan miles de activistas en el territorio nacional y que día a día luchan por la verdadera construcción de una patria más justa para todos.
Al negar la realidad, la 4T no realizará las pertinentes políticas para combatir la violencia, y el pueblo de México seguirá padeciendo todas las consecuencias económicas y sociales de su negligencia. Los luchadores sociales de México, los activistas, debemos continuar con la educación de la gente para prevenir este tipo de consecuencias. Es necesario, por el bien de la paz social, mostrarle al pueblo que el único camino correcto es la lucha organizada y consciente que, en lo inmediato, exija al gobierno que cumpla con las responsabilidades que le fueron otorgadas al asumir la presidencia, pero que esté consciente que la solución final al problema social implica la toma del poder político para construir una sociedad más justa y equitativa, cambiando el modelo económico. Porque sólo así podrá combatirse la pobreza y eliminar las causas de fondo que originan la violencia.
Por lo pronto, los antorchistas de Baja California Sur nos sumamos a los antorchistas de todo el país, no dejaremos de exigir justicia para nuestros compañeros. Seguiremos insistiendo a la fiscalía y a la gobernadora que se castigue a los asesinos. Y mientras siga habiendo oídos sordos a tan justa exigencia, seguiremos protestando con cada vez mayor fuerza. Así que hago un llamado a todos mis compañeros antorchistas de BCS, para que estemos pendientes a las indicaciones de nuestra Dirigencia Nacional. Las movilizaciones están plenamente justificadas, son justas y necesarias para denunciar los crímenes que, ante la política de oídos sordos e indiferencia del gobierno de Guerrero, la lucha organizada como un solo hombre a nivel nacional, triunfará.
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