El 9 de abril se cumplió un mes del plantón instalado frente al Palacio de Gobierno en la búsqueda afanosa de legalizar la colonia Nueva Revolución y concluir con años de hostigamiento y amenazas por parte de un grupo de defraudadores. La desatención de las autoridades estatales y municipales derivó en la decisión de llevar a cabo una protesta permanente, que sigue firme y permanecerá hasta que se regularice el asentamiento humano ubicado al poniente de Chilpancingo.
En este lapso, los inconformes han realizado dos conferencias de prensa, mítines, marchas, han difundido volantes informativos y solicitado la solidaridad de la ciudadanía a través de colectas públicas, asimismo se han reunido en varias ocasiones con funcionarios municipales y estatales, que continúan “echándose la bolita”, sin que hasta el momento, haya una respuesta concreta a su justa exigencia.
Fue arduo el trabajo para integrar el expediente, se realizaron trabajos técnicos ante diferentes dependencias como la Secretaría de Protección Civil, Comisión Nacional del Agua (Conagua), Comisión Federal de Electricidad (CFE), se hicieron más de 12 adecuaciones a los planos de lotificación para que se pudieran emitir los dictámenes positivos, sin embargo, hasta el momento, el asunto sigue estancado en la Secretaría General de Gobierno a cargo de Florencio Salazar Adame, dependencia que está exigiendo el Plan Rector de Desarrollo Urbano Municipal, que asegura, es fundamental para iniciar el proceso de legalización, sin embargo, funcionarios del ayuntamiento de Chilpancingo señalan que este asunto le corresponde a la Secretaría General de Gobierno y que está en su poder el documento, es decir, continúan jugando con la necesidad de los colonos, que este viernes 9 de abril cumplen un mes de protesta. El plan rector “actual” es del año 1993, por lo que está totalmente desfasado.
Y es que las autoridades deberían priorizar la proyección de un Plan de Desarrollo Urbano que integre a todos los asentamientos humanos y que ayude a elevar la calidad de vida de personas que viven en las colonias populares, pues de aproximadamente 600 colonias que existen en la capital del Estado, más de la mitad son asentamientos irregulares, lo que significa que miles de familias no tienen certeza jurídica de su patrimonio y que hay mucha gente lucrando con la necesidad de vivienda, protegida por funcionarios, que solapan los abusos y las injusticias.
En el caso de la Nueva Revolución, desde el año 1999, los ahora defraudados adquirieron en pagos sus terrenos, todos tienen los recibos correspondientes, posteriormente apareció otro dueño exigiendo nuevamente el pago de los terrenos. Estas injusticias llevaron a los colonos a buscar el respaldo del Movimiento Antorchista para evitar ser desalojados y aún más, este asunto ocasionó ya la muerte de una persona: Florián Reyes Rafaela, quien se puso al frente de sus vecinos en la exigencia de legalización de su colonia y fue privado de la vida en noviembre de 2013. La acción no frenó la lucha y en cambio, sí subieron las amenazas de desalojo e incluso de muerte.
A un mes del plantón, continúan las maniobras para no regularizar el patrimonio de 80 familias humildes que tienen muchos años viviendo en constante zozobra y que valientemente están defendiendo su único patrimonio, contando únicamente con el respaldo del Movimiento Antorchista, que no los dejará hasta que obtengan la tan anhelada regularización y tranquilidad que merecen.
La justa lucha por la legalización de la colonia cuenta con el respaldo del antorchismo guerrerense, que desde diversos municipios han manifestado su respaldo a los colonos de la Nueva Revolución, en tanto, el plantón continúa y como han señalado en varias ocasiones los integrantes de las 80 familias en conflicto, sólo regresarán a sus casas cuando esté debidamente legalizada la colonia Nueva Revolución y puedan vivir tranquilos.
Un mes de lucha sin respuesta concreta, es evidencia de las maniobras encaminadas a no atender a la ciudadanía que se decidió a luchar por su patrimonio, por lo que los colonos de la Nueva Revolución siguen en pie de lucha hasta que obtengan la legalización del asentamiento humano en el que edificaron sus casas. Ni un paso atrás, reiteran los inconformes y exigen a las autoridades estatales y municipales, atender con seriedad y resolución este asunto.
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