MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL

Presupuesto 2025, reflejo de la continuidad neoliberal de México

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El presupuesto público es uno de los elementos más importantes de la política económica de un país. Determina cómo se distribuyen los recursos generados a través de impuestos y otros ingresos gubernamentales, y tiene un impacto directo en la vida de las personas. En México, sin embargo, esta cuestión crítica ha sido históricamente decidida por un pequeño grupo de individuos dentro de la clase política nacional e internacional y de las principales potencias económicas, que solo protegen sus propios intereses sin tener en cuenta a la población en su conjunto. 

En este contexto, el presupuesto para el año fiscal 2025 no es una excepción: es una confirmación de las políticas neoliberales que han causado grandes daños al pueblo mexicano, a pesar de que el actual gobierno se ha comprometido teóricamente a combatirlas.

El presupuesto 2025 confirma que las políticas neoliberales siguen vigentes, priorizando recortes y endeudamiento en lugar de una justa redistribución de la riqueza.

Este año, los mexicanos ni siquiera fuimos invitados a la discusión más básica ni a la votación sobre el presupuesto. El desprecio por las fuentes y usos de los fondos públicos hace posible que se sigan tomando decisiones a espaldas de los ciudadanos. 

Esta apatía política, alimentada por la desinformación y la falta de politización, es una de las mayores cargas que soporta el pueblo mexicano, carga que lamentablemente se ha exacerbado durante la llamada “Cuarta Transformación” (4T).

El gobierno federal ha propuesto un proyecto de presupuesto de gastos para 2025 a la Cámara de Diputados que incluye 9.2 billones de pesos en gastos. Sin embargo, el presupuesto presenta profundos recortes en áreas clave que impactarán directamente el bienestar de millones de mexicanos, especialmente aquellos que ya viven en la pobreza y la marginación.

A pesar del compromiso del gobierno de Morena de proteger a los más vulnerables, los recortes presupuestarios en áreas clave como salud, educación, cultura y desarrollo rural sugieren lo contrario.

Esto tiene consecuencias, según un análisis del Centro de Investigación Económica y Fiscal, que dice que el gasto en inversión caerá un 14 % menos que el año pasado. Esto tendrá un impacto negativo en el desarrollo de infraestructura y la creación de empleo.

Los costes sanitarios disminuirán un 11 %, amenazando el acceso a una atención sanitaria de calidad, especialmente para los más vulnerables. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) enfrentará un recorte del 43.2 %, lo que podría exacerbar la crisis hídrica en muchas partes del país, afectando a comunidades que ya sufren escasez de agua.

La educación, un sector históricamente maltratado, verá su presupuesto recortado en un 1.2 %, la relación presupuesto-producto interno bruto más baja desde 2013. Estos recortes se complementarán con recortes en cultura, vivienda para mujeres, agricultura y seguridad.

Estos recortes presagian un futuro de pobreza, mayor marginación, mayor abandono de la atención sanitaria y la educación, y un mayor deterioro de la calidad de los servicios públicos. En lugar de priorizar las necesidades más urgentes del pueblo mexicano, el gobierno de la 4T continúa implementando políticas neoliberales que desestabilizan el país.

La falta de distribución progresiva de la riqueza y esta política de recortes se refleja en la negativa a exigir a los más ricos que contribuyan con una parte importante de sus beneficios a la financiación estatal.

La razón de estos recortes es obvia: el gobierno de Morena, a pesar de su retórica, sigue políticas neoliberales. En lugar de impulsar una reforma fiscal progresiva que grave la mayor parte del capital y utilice esos recursos para mejorar las condiciones de vida de la mayoría de las personas, prefiere recortar el gasto público y hundir al país en una mayor deuda.

Durante el sexenio de AMLO, se decidió pedir prestado a organizaciones internacionales para financiar algunos proyectos, en lugar de gravar a quienes tienen más dinero. Esto ha dejado al país con una deuda externa creciente y ha hecho que la economía sea más vulnerable a los intereses de los acreedores.

La falta de una reforma fiscal para redistribuir la riqueza es uno de los temas más críticos de esta administración. Varios economistas y analistas han advertido que México no podrá lograr su desarrollo y el bienestar de su pueblo sin un sistema tributario más justo. 

No se trata de privar de sus derechos a los ricos o destruir a las grandes empresas, sino de hacerles pagar más impuestos, lo que permitirá al gobierno financiar programas que beneficien a la mayoría de las personas, como atención médica y educación de calidad, infraestructura adecuada y servicios públicos decentes.

En lugar de abordar el problema, el gobierno de AMLO ha decidido seguir el mismo camino que otros gobiernos neoliberales: recortar el gasto social y pedir préstamos internacionales para cubrir el déficit. Este enfoque tiene un costo enorme para el pueblo mexicano, que ve cómo sus necesidades más básicas siguen siendo ignoradas mientras los grandes empresarios y las potencias económicas siguen aumentando su riqueza.

Lo sorprendente es que, a pesar de todo el poder político que ostentan para su ventaja, la 4T se negó a promulgar reformas fiscales que habrían beneficiado a la mayoría de las personas. La falta de voluntad para implementar estos cambios estructurales sugiere que, aunque Morena se posiciona como una alternativa al neoliberalismo, en realidad todavía apoya políticas que favorecen a los poderosos a expensas del pueblo.

En definitiva, el presupuesto de 2025 no solo refleja una visión continuista de la política económica, sino que también demuestra que la promesa de una “Cuarta Transformación” no es más que una fantasía. 

Los recortes presupuestarios, la ausencia de una reforma fiscal progresiva y el aumento de la deuda externa demuestran que, a pesar de sus promesas, el neoliberalismo sigue prevaleciendo en México y sus impactos negativos sobre los más vulnerables se están intensificando.

La pregunta que debemos hacernos es: ¿cuándo comenzamos los mexicanos a cuestionar y exigir cambios reales en la distribución de la riqueza y el manejo de los recursos públicos?

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