Desde hace varios años en el municipio de Kanasín, Yucatán, se presentan abusos por parte de las autoridades ejidales en turno, porque de manera reiterada venden y revenden sus tierras al mejor postor, incluso, revenden hasta más de cuatro veces, lo que ya tenía dueño. Pero lo más sorprendente es que cuando acudes con las dependencias del Gobierno estatal, para que, como autoridad atiendan y resuelvan la problemática, lo primero que pretextan, es que no hay una ley que regule y castigue a las autoridades ejidales que se aprovechan de los colonos y vecinos que por la necesidad de contar con un lote accesible para fincar su vivienda, son sorprendidos con que su compra no es válida y mucho menos la propiedad del inmueble, perdiendo lo que con mucho sacrificio pueden pagar y desembolsar para construir sus viviendas y así poco a poco salir adelante con sus familias.
Un caso, entre muchos que se presentan, es el de la colonia Cecilio Chi y Leona Vicario de este municipio, que después de varios años de estar viviendo en la colonia, resulta que ahora le pertenece la propiedad a gente muy adinerada, dueña de constructoras de fraccionamientos, ¿pero cómo es que esto sucede si los posesionarios llevan más de 20 años ocupándolos?
Con estas apariciones nos damos cuenta que se aplica la ley a beneficio de quienes pueden pagarla, ya que estas tierras las obtuvieron a base de convenios fraudulentos, sobornando a la autoridad, para obtener favores especiales que los conviertan en dueños de los predios que son de los colonos, pero eso no es lo peor, ahora resulta que estas personas reclaman "su propiedad" a sabiendas que desde antes en esas tierras ya habían asentamientos humanos y que familias de bajos recursos lo habitan.
De lo anterior sólo se reduce que todos de alguna manera están conscientes que esas tierras ya están ocupadas; pero la otra parte que indigna más, es que el Gobierno del estado se lave las manos para no apoyar a estas familias que necesitan de su apoyo, dado que no un favor, sino su obligación como gobernantes de darle seguimiento, ya que es un derecho.
Al menos en estos predios habitan hoy en día más de 600 familias que corren el riesgo de perder lo único que tienen y por no tener un Gobierno que se preocupe por ellos y por situaciones así, dado que Kanasín no es el único, sino en todo el Estado.
Desde aquí exhorto al Gobierno de Mauricio Vila Dosal, a que vea y atienda la falta de vivienda en Kanasín, y que no olvide lo establecido en el artículo 4° de nuestra Constitución Política, que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa; entonces el Gobierno debe de darles seguridad social y dotarlos de una vivienda digna y decorosa.
Sin dejar de lado los servicios básicos como agua, luz, pavimentación, otro aspecto en el que carecen las familias.
Señor gobernador, no torture más a las familias y que vivan en la incertidumbre de que un día llegarán con lujo de violencia a desalojarlos de sus casas, mismas que han vivido por más de 20 años. A los yucatecos, pero en particular a las familias, les digo que no hay que claudicar en nuestra lucha y sigamos adelante hasta salir victoriosos de ésta. Tiempo al tiempo y en la lucha.
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