La actitud del titular de la Secretaría de Desarrollo Rural de Campeche, Ignacio España Novelo, al negarle a los campesinos el fertilizante ya comprometido por el Gobernador del estado Carlos Miguel Aysa González, y la incomprensible negativa de este de recibir a los antorchistas que llevan ya más de dos semanas en plantón permanente frente a Palacio de Gobierno, es un retroceso histórico y una de las mayores injusticias.
El sistema económico que domina y determina todos los ámbitos la vida social de nuestro país es por naturaleza injusto y tiene como fin que esa injusticia se convierta en riqueza escandalosa para unos cuantos a costa de la miseria y el hambre de las grandes masas trabajadoras. Esto no es una cuestión moral ni de principios o valores filosóficos, sino rigurosamente económica. No se debe cerrar los ojos cuando la ciencia económica demostró ya que el proceso de producción de bienes de consumo en el actual sistema no está diseñado ni solo ni primariamente para producir bienes de consumo; es un mecanismo preciso y cada vez más perfeccionado para explotar el trabajo ajeno, para que los dueños del dinero, las clases dominantes, obtengan en él jugosas ganancias, cada vez mayores. Lo dice la ciencia.
Uno de los resultados más inhumanos de esta injusta distribución es el milenario abandono del campo mexicano, la abismal diferencia que hay entre las condiciones de vida en zonas urbanas y la de zonas rurales. Aquí, la injustica estalla y nos golpea el rostro al ver a las familias de comunidades marginadas careciendo de todo lo que pudiéramos considerar las bondades del desarrollo, pero que nuestra Carta Magna estipula como derechos humanos elementales: trabajo bien remunerado, educación, vivienda digna, servicios básicos, acceso a servicios de salud, a una alimentación saludable, al arte, a la cultura, al deporte, al descanso y al sano esparcimiento.
El hombre ha hecho maravillas, construido naves que igual exploran las profundidades de los mares o visitan otros planetas del sistema solar, la tecnología permite que millones de seres se comuniquen a kilómetros de distancia en segundos, se invierten inteligencia y recursos inmensos en diseñar y construir aparatos cuyo único fin es matar de manera más eficiente y a cada vez más seres humanos, pero en el campo, en las comunidades indígenas y localidades marginadas hay niños inocentes que mueren de hambre o de enfermedades curables por falta de atención médica y medicamentos, ante la mirada impotente de sus padres y la impávida de quienes dirigen los destinos de la sociedad.
En zonas rurales de nuestro país vive el 21 por ciento de la población total, 26 millones de mexicanos. De éstos, 80% son pobres y 16 millones viven en pobreza extrema. Pero no por holgazanes, trabajan literalmente de sol a sol, aunque el sistema económico les deja muy poco de todo lo que trabajan. Las actividades agropecuarias representan solamente el 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Esto quiere decir que de cada 100 pesos que se producen en México, solamente 3.5 se les quedan, como fruto de su trabajo, a TODOS los campesinos, ganaderos, pescadores, apicultores, etc. y sus familias, que ya dijimos son el 21% de la población. Y les toca poco, muy poco, porque antes de que sus productos o sus derivados lleguen al consumidor pasan por toda una cadena de trabajos en los que se queda el otro 96.5% (aunque no a los trabajadores, sino principalmente a los dueños de los medios de trabajo): el de manufactura (18% del PIB), el industrial (34.3), el de servicios (62.2).
¿Por qué le toca tan poquito al campo de todo el enorme desarrollo de nuestro país?, porque así lo exige el sistema y así lo han permitido nuestros gobernantes. El verdadero problema es el sistema mismo, y los gobernantes no han sido sino cómplices de la injusticia. Y aún en el campo, la repartición es todavía más injusta, pues del total de las unidades de producción rural 72% es trabajada por campesinos, indígenas y pequeños productores con superficies menores a cinco hectáreas y producen para el autoconsumo; 22% lo es por pequeños productores con superficies de cuatro a 20 hectáreas, produciendo para el autoconsumo y muy poco para el mercado local; y sólo 6% de los productores son empresarios que producen para el mercado nacional e internacional.
Pero en medio de este terrible cuadro, los campesinos y los intelectuales más honestos y preocupados por hacer un poco menos injusto el sistema, han luchado y exigido al gobierno que, en la redistribución del ingreso que realiza al administrar nuestros impuestos, haga un poco de justicia, y ayude a los campesinos en particular. Así el programa de subsidio al fertilizante lleva ya varios años implementándose y ayudando a los pequeños productores.
El Centro de Estudios para el desarrollo rural sustentable y la soberanía alimentaria (CEDRSSA), en su Plan Estratégico para la Producción de Granos en México propuso en su momento apoyar a los productores de maíz y frijol, por ser los productos más importantes los principales alimentos del pueblo mexicano: “Una de las causas principales que explican los bajos rendimientos de la producción agrícola es la falta de fertilización en los cultivos, debido principalmente a los altos costos que han alcanzado en los últimos años este tipo de insumos… si la fertilización no se hace en los cultivos, aunque el resto de factores no sean una limitante, el potencial de rendimiento se reduce al 80%... el apoyo económico que se deberá entregar a los productores que participen en el plan estratégico deberá ser directamente para la compra de fertilizante”. En el mismo plan se explica la necesidad de entregar esos apoyos oportunamente para que el fertilizante y el subsidio, sean efectivos.
Y así se ha apoyado a los campesinos para la adquisición de fertilizante desde hace ya varios años… hasta que llegó Andrés Manuel López Obrador, Morena y su “4T”, quienes, con el pretexto del combate a la corrupción (que nunca han demostrado), han limitado, alterado, seleccionado o de plano eliminado este apoyo, cuya supervivencia en muchos casos se debe a la participación de los gobiernos estatales o hasta municipales.
Todo esto es necesario razonarlo para entender que el fertilizante subsidiado es un programa correcto, necesario y un acto de justicia; es la forma en que el Gobierno, movido por la misma lucha de los campesinos, mete orden y coto a las terribles y deshumanizadas leyes del libre mercado, que tienden a concentrar más la riqueza, es decir a empobrecer cada día más a los más pobres, entre ellos los campesinos de manera destacada. Este fertilizante subsidiado es un avance en la justicia social y un logro de los campesinos en lucha. Y viceversa, cancelarlos o negarlos es quitarles a los campesinos un logro histórico, es un retroceso y es cebarse contra los más castigados y desamparados por este sistema depredador, convirtiendo al Estado en cómplice del libre mercado, es una suprema injusticia.
Por eso condenamos, denunciamos y exigimos se corrija la negativa de Ignacio España Novelo de entregar el fertilizante ya comprometido a los campesinos, y la indiferencia que ha mostrado hasta el momento el Gobernador del estado Carlos Miguel Aysa González, quienes aún tienen la oportunidad de corregir. Me uno al respetuoso exhorto para que corrijan. De no hacerlo, sería, como ya expliqué, un terrible retroceso y una suprema injusticia de la que ellos serían los causantes, y harían historia, pues serían los primeros en hacerlo, después de Andrés Manuel López Obrador. Así serían recordados para toda la vida futura del estado.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario