De nada sirvió que durante semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuviera convocando a los diputados priistas a rebelarse y votar a favor de la reforma eléctrica, e incluso les invocó a los expresidentes Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, quienes rescataron el petróleo y la industria eléctrica. Por lo que muchos llegamos a creer que ante la presión del mandatario federal los legisladores de oposición iban a ceder y apoyar la propuesta presidencial.
La estrategia de AMLO no funcionó. Con los 223 votos se logró frenar la iniciativa también conocida como Ley Bartlett, los morenistas no lograron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y todo ello sustenta la opinión casi generalizada de que el rechazo a la reforma eléctrica fue una derrota legislativa para la 4T.
Al reciente fracaso del presidente y su grupo político del rechazo a su iniciativa de la reforma eléctrica, se suman las derrotas que ha padecido AMLO en las convocatorias de las consultas populares en torno al enjuiciamiento de los expresidentes o la revocación de mandato y se prevé que esta serie de fracasos seguirán repitiéndose en el Congreso a la hora de discutir la reforma electoral y de la Guardia Nacional.
De igual manera, debido a que el gobierno de la 4T no muestra resultados tangibles en la solución de los problemas que castigan a los mexicanos como la crisis económica, violencia e inseguridad pública, colapso del sistema de salud pública e inflación, tan solo por citar algunos, aunque el presidente y sus seguidores no les guste, no habrá poder humano que contenga el declive del proyecto político del lopezobradorismo y en consecuencia tendrán que recurrir a maniobras electorales para mantenerse en el poder a como de lugar y a cualquier precio.
En este contexto, se habla que Morena y sus aliados están heridos de muerte y con ese daño acudirán a las urnas en las elecciones del próximo 4 de junio, en las cuales se renovarán seis gubernaturas: Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, Oaxaca, Quintana Roo e Hidalgo; luego, en 2023, vendrán las del Estado de México y Coahuila, los dos últimos bastiones del priismo. En estas circunstancias, cabe preguntarse en donde los morenistas sean derrotados respetarán los resultados, ya veremos en su momento.
Se avizora otro fracaso de la 4T que terminaremos pagando los mexicanos. Tras el rechazo a su reforma eléctrica AMLO impulsó el plan “B” de nacionalizar el litio de México, pero hay dudas sobre su viabilidad. La reforma, aprobada por los Diputados morenistas, estipula que "la exploración, explotación y aprovechamiento del litio estarán exclusivamente a cargo del Estado", que será patrimonio de la nación y "se reserva para beneficio exclusivo del pueblo de México" por lo que "no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones en la materia". Una de las primeras polémicas causadas es saber precisamente qué ocurrirá con las empresas que ya se encuentran explotando litio en territorio mexicano.
Todos estamos de acuerdo en que el gobierno mexicano hace bien en proteger el litio. No se puede dejar a la deriva un bien nacional que puede apoyar el crecimiento del país si se aprovecha bien. Para la nacionalización del litio, la reforma contempla que "un organismo público descentralizado" se encargue de su exploración, explotación y aprovechamiento del mineral, similar al de Pemex o la CFE.
Pero el problema consiste en que el Gobierno federal no ha aprendido o no quiere aprender de las fallas que se han tenido con el modelo de explotación de Petróleos Mexicanos. Debido a que Pemex todo lo hace explota, transporta y vende, a lo largo de los años se ha creado una súper empresa ineficiente con miles de millones de dólares de deuda.
AMLO y sus seguidores no saben o no pueden entender que tanto la empresa privada como la estatal son creadas para generar riqueza, pues cualquier inversión productiva, del origen que sea, privada, social o publica tienen la misma capacidad para ser eficientes, ya que el capital dinerario no tiene preferencias, no reconoce patria ni madre. Entonces, la cuestión no está en el empeño del presidente por rescatar las empresas estatales, sino en que el estado propietario e inversionista debe acreditar que cuenta con el capital para sustituir al capital privado, además de que sus empresas pueden competir exitosamente con las privadas, asumiendo una economía de libre mercado, esto es, sin inyección de dinero del erario y sin precios subsidiados.
Por ejemplo, los multimillonarios subsidios a Pemex golpean los bolsillos de los contribuyentes, y si el gobierno federal suprime los subsidios, el golpe lo resienten los consumidores. En estos casos, la empresa publica queda sin validez frente a la privada. Hace pocos días fue dado a conocer que subsidiar un año gasolinas equivale a 2 refinerías. El monto podría llegar hasta 400 mil millones de pesos al cierre de 2022. Organizaciones no gubernamentales como México Evalúa afirman que el subsidio eléctrico en México supone retraso e inequidad.
Los subsidios eléctricos se han ido reduciendo y hasta eliminando en muchas partes del mundo, gracias al logro de una generación de electricidad más moderna, limpia y barata, es decir, más eficiente. Sin embargo, en nuestro país el Presupuesto para 2022 ‘aparta’ por lo menos 73 mil millones de pesos para este fin, recursos que deberían destinarse a garantizar el cumplimiento de derechos humanos como la salud y la educación, si la CFE operara bajo un modelo más eficiente le permitiría prescindir del subsidio; dinero público que se podría invertir en ámbitos con necesidades apremiantes incluso en el mismo sector.
Pero recordemos que AMLO pidió a sus colaboradores 90 por ciento de fidelidad y solo un 10 por ciento de efectividad. Con esto los morenistas están incapacitados para hacer que la inversión pública ocupe un lugar preponderante, revolucionar el sistema económico en su conjunto, y seguirán limitándose a dar pequeños mordiscos y rasguños al capital y solo conseguirán irritarlo, desanimarlo y ahuyentarlo. La consecuencia será la retracción de la inversión privada, nulo crecimiento y la caída en la recaudación fiscal, y serán golpeados a los de siempre, a las clases de menores ingresos.
En estas circunstancias, es responsable oponerse a la satanización irracional de López Obrador hacia los inversionistas nacionales y extranjeros que hacen negocio en nuestro país, bajo las leyes del sistema. Por estas razones fue acertado el rechazo a la reforma eléctrica, que indudablemente es una derrota legislativa para la 4T.
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