Es innegable que la intención, buena o mala, pero no dimensionada con exactitud, de una reforma laboral que impulsa la disminución de horas trabajadas y aumentar los días de vacaciones, pudiera ser vista con buenos ojos por empleados, pero sin duda fomentará la contratación informal de la mano de obra para abaratarla, sin los derechos de ley, lo que a todas luces no beneficia a quienes, después de la pandemia, buscan un empleo digno y bien pagado.
En ese sentido, Emir Gutiérrez Sansores, economista y catedrático, hace un par de días señaló que el sector empresarial de Quintana Roo expuso que la política laboral que se pretende impulsar propiciará la informalidad de los empleos, porque las empresas no están en el mejor momento para hacerle frente a los gastos que implicará la contratación de personal adicional para cubrir turnos.
Hay quienes afirman –dijo–, que la entidad cerró el año 2022 con la mayor generación de empleos de los últimos siete años, trabajos que pueden estar en riesgo por las recientes reformas laborales propuestas por el Gobierno federal, pero además se impulsa la informalidad laboral, pues esas mismas empresas deberán contratar más para cubrir las horas faltantes de su actual personal y esos seguramente no tendrán las prestaciones de ley y sus salarios no serán los adecuados.
“Estamos de acuerdo y preocupa, en el sentido que las propuestas de reducir las opciones de contratación, otorgar más días de vacaciones, reducir la semana de trabajo de seis a cinco días, van a provocar que se contraiga la contratación. No somos economistas ni mucho menos expertos en la materia, pero es lógico que los incrementos en los costos de nómina al patrón, sólo va a ocasionar que deje de contratar más personas, a fin de no terminar en números rojos”, estimó Gutiérrez Sansores.
Sobre este acontecimiento lo que se teme, y será lo más probable, es que las empresas subcontraten de manera informal a trabajadores que cubran los días de descanso extra, ya que formalizarlos implicaría una mayor carga de impuestos, así como prestaciones, incluido el Seguro Social, pago al Infonavit, pago de impuestos sobre nómina, entre muchos otros que las empresas no podrán absorber.
Esto es consecuencia de las desafortunadas políticas del Gobierno federal en materia económica, que van desde destinar miles de millones de pesos en programas asistencialistas, hasta el gasto multimillonario en la compra de refinerías, centrales eléctricas y sus proyectos nacionales como el Tren Maya, pero no para generar empleo y sí ocurrencias que lesionan la economía del país.
Sin duda, no hay una exacta dimensión, una clara realidad, entre lo que se vive en el país, en este caso de la cuestión laboral y el país ideal de los que hoy gobierna, pues impulsan leyes que generan efectos negativos que al final terminarán lesionando a los trabajadores y a la economía del país.
Por otra parte, pese a la política laboral, los ciudadanos enfrentan un bajo poder adquisitivo, cada vez su dinero vale menos y, por ende, no pueden adquirir los productos básicos para su adecuada sobrevivencia por el incontrolable aumento en los precios de los insumos para la producción.
Sin duda, esto es un círculo vicioso porque por los altos precios de los productos de la canasta básica, los ciudadanos, que al final de cuentas son empleados, no podrán comprar lo necesario para una digna vida y alimentación, las ventas son insuficientes y eso orilla que los patrones paguen bajos salarios, y ahora con esta propuesta de querer reducir las horas laborales, dar más vacaciones, lo único que ocurrirá es que sí habría trabajo, pero mal pagados y sin las prestaciones sociales.
La inflación, que está incontrolable, es consecuencia de las malas políticas del Gobierno federal que no ha emprendido acciones para frenarla y conseguir un mejor nivel de vida para sus gobernados, toda vez que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el último año el Índice de Precios al Productor ha superado incluso el 12 por ciento en algunos sectores.
No podemos ignorar el informe del Inegi que expone que el costo de producción en la industria alimentaria incrementó en un 12.13 por ciento, en la industria de bebidas y del tabaco aumentó 10.06 por ciento, la de papel fue de 12.29 por ciento, y de un 10.37 por ciento en los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas.
Así el panorama, crece la informalidad y la inflación no cede; lamentablemente los quintanarroenses y el pueblo en general, somos los que menos tenemos, los de la clase media y baja, los que habitan las colonias populares, los que del diario enfrentan problemas para adquirir lo indispensable a fin de comprar el alimento para la familia, los que sufrimos por las malas políticas de la Cuarta Transformación porque, además de que no hay empleos fijos y por el aumento de la inflación, cada día nuestro dinero vale muchos menos y no alcanza. Conste.
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