Las irregularidades detectadas en Segalmex, por más de 9 mil millones de pesos, constituyen el mayor caso de corrupción gubernamental de los últimos años y el más grave de la administración federal morenista actual. Hasta el momento, se conforman más de 618 expedientes de observaciones administrativas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) y ya ha presentado 38 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República contra diversos funcionarios públicos involucrados en presuntos actos de corrupción.
Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), fue creada en el año 2019 con sede en Zacatecas, como un organismo descentralizado sectorizado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), es decir, como parte de la Administración Pública Federal, pero con facultades amplias para disponer de su propio presupuesto y para generar las acciones y programas que considerara necesarios para cumplir con sus objetivos: garantizar la seguridad alimentaria del país, apoyar con insumos a los pequeños y medianos productores agroalimentarios y combatir el hambre en zonas marginadas.
El presidente López Obrador nombró a Ignacio Ovalle Fernández como su primer director, un funcionario formado durante los últimos gobiernos priistas del siglo pasado y que fue el último director de la Compañía Nacional de Subsistencias Nacionales (Conasupo), él fue el encargado de liquidarla hace más de 30 años durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y es un hombre muy cercano al presidente.
Algunas de las tareas de Segalmex son: incentivar la producción de los 4 granos básicos más consumidos por los mexicanos, es decir, el maíz, el frijol, el arroz y el trigo harinero, comprándolo a precios de garantía a los pequeños y medianos productores y vendiéndolo a bajo costo a la población; producir fertilizantes y semillas mejoradas; fortalecer la producción ganadera, para incrementar el consumo de carne y leche en el país; incentivar el desarrollo e investigación científica en el terreno agroalimentario y ayudar a los productores a vender sus mercancías excedentes en el extranjero. Metas ambiciosas que no se han cumplido, pues la dependencia se ha convertido en un nido de corrupción.
Desde septiembre de 2019, la prensa alertó sobre desvíos millonarios en la dependencia. Por ejemplo, diario Reforma publicó que Segalmex había otorgado más de 689 millones a empresas fachadas en 27 contratos sin licitación previa para comprar insumos y arrendar vehículos.
Posteriormente, en 2020, el director de Administración y Finanzas de Segalmex, René Gavira, dejó el cargo acusado de haber realizado compras en el mercado bursátil extranjero por más de 160 millones de pesos, sin tener facultades legales para hacerlo. El funcionario fue vinculado a proceso en marzo de 2022.
En julio de 2021, la organización no gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), realizó una investigación a los estados financieros y encontró que la dependencia otorgó 797 millones de pesos a una red de seis empresas fachada que incumplieron con entregar pesticidas, costales y lonas que servirían para proteger y almacenar granos como el maíz y el frijol. Según MCCI, las 6 empresas fachada ahora construyen desarrollos inmobiliarios de lujo en Yucatán a través de la inmobiliaria Aura.
Finalmente, ante la presión, el 21 de febrero de este 2022, el presidente López Obrador tuvo que reconocer en su conferencia mañanera, que la Auditoria Superior de la Federación estaba investigando el destino de más de 9 mil 500 millones de pesos entre los años 2019 y 2020 que la dependencia no podía comprobar y tuvo que anunciar la destitución del director Ignacio Ovalle, diciendo que no habría impunidad en el caso. Sin embargo, en abril de 2022, López Obrador designó a Ovalle como nuevo director del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, sin haber concluido las investigaciones.
Finalmente, el pasado 3 de noviembre, trascendió que la ASF presentó denuncias penales por las irregularidades en Segalmex porque vencieron los plazos legales para que se esclareciera o justificara el destino del recurso. Según un reportaje de la revista Proceso, publicado el 27 de noviembre, las carpetas de investigación son por los siguientes desfalcos: la compra de envases PET por más de 100 millones de pesos, 67.2 millones en tarimas y 182.1 millones en costales de propileno que nunca fueron entregados; 50 millones de pesos por la supuesta adquisición de plaguicidas, abonos y fertilizantes, de los que no existían “ni siquiera notas de remisión”; el retiro en efectivo de más de 104 millones a través de 27 subcuentas bancarias no autorizadas y la falsa contratación de personal “especializado en actividades institucionales” por más de 1,129 millones de pesos, pero que Segalmex “no pudo explicar en que áreas se había ubicado al personal, es decir, en dónde trabajaron, no hubo reportes de actividades, no hay constancias de afiliación al IMSS… ni siquiera listas de asistencia”, sostiene Proceso.
Por otra parte, la investigadora Viridiana Ríos, en el programa Política y Otros Datos de Expansión Política del pasado 1 de diciembre, sostuvo que otras irregularidades de la dependencia son por la venta de mercancías por más de 800 millones de pesos de las que no hay facturas para soportar la transacción, la pérdida de estados financieros por 5 meses con los que no se puede comprobar la compra de granos por 500 millones de pesos.
Según sus propias palabras: “[En Segalmex] los mecanismos y caminitos de la corrupción se parecen mucho a lo que veíamos en sexenios pasados, es decir, se conjura el mismo esquema: empresas fantasmas, irregularidades que no pueden ser respondidas, funcionarios públicos señalados, pero sin sentencias penales. Es una institución de reciente creación sobre la que el presidente López Obrador tiene toda la responsabilidad… la cantidad de desvíos que supuestamente están sucediendo es 4 veces más grande que lo que ocurrió en el sexenio de Peña Nieto”.
Y, en el mismo programa, el periodista Carlos Bravo Regidor, sostiene que de nada sirve que existan denuncias penales ni investigaciones, pues vaticina que lo más probable es que no ocurra nada, como ha pasado otras veces en el sexenio morenista con casos de corrupción, “pues ya sabemos quién es el fiscal y para quién trabaja” y remata diciendo que, en Segalmex, se combinan el fracaso de la promesa de acabar con la corrupción y también la de ayudar a los más pobres, por las funciones que persigue la dependencia.
Estamos ante una prueba más de que la corrupción sigue viva y fortaleciéndose en el sexenio del presidente López Obrador. Reitero mi llamado a los mexicanos a no dejarse confundir ni engañar con la propaganda gubernamental y a seguir buscando la organización y concientización de las clases trabajadoras porque es la única alternativa para que la situación de México mejore realmente.
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