En 2021, cuando se discutía en el Congreso de la Unión el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 (PEF), ganó la necesidad electorera para la compra de conciencias y simpatías y se dejó de lado la gran necesidad de la población.
A pesar de que el PEF fue prácticamente mutilado por las fuerzas de la 4T se sigue realizando un gasto que no respeta ni las asignaciones programadas por ellos mismos, perjudica la inversión prioritaria en salud y obra pública, con tal de favorecer la entrega de dinero directa a la población.
En el primer trimestre del año, de acuerdo con el informe de gastos e ingresos, que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se muestra una diferencia de lo asignado y lo realmente abonado.
Varias secretarías recibieron más recursos de lo asignado por la ley, y son precisamente las dependencias cuya labor es entregar dinero directo a la población, por ejemplo, la pensión para los adultos mayores y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, donde se les entrega más del 49 y más 89 por ciento, respectivamente.
También esto se puede notar en PEMEX que ha gastado alrededor de 271 millones de pesos que se le transfirieron el año pasado. Aquí que cabe mencionar ni siquiera se asignaron en el presupuesto; en el mismo sentido, entre los programas que fueron afectados a costa de los ya mencionados, se encuentran el gasto a salud, vivienda y urbanización aún cuando son los que la población más adolece.
Datos de México Evalúa afirman que, de 493 programas 171 fueron modificados (recortándoles entre el 20 y 39 por ciento) y 32 no han recibido recurso. A 60 programas sí se les aumentó el presupuesto y 21 recibieron ingresos a pesar de que no se les programó.
Aquí quisiera resaltar la forma arbitraria de modificar y por tanto trasgredir en los echos la ley emitida por el Congreso, pues pese a que hay un documento que establece la forma y los rubros del gasto, vemos con estos cambios aplicados un completo abuso del Estado de derecho.
Quienes más sufrieron la disminución en el gasto ya calendarizado respecto al pagado del primer trimestre son: el Poder Legislativo, en 49 por ciento; el Poder Judicial, en 35.9 por ciento, Instituto Nacional Electoral (INE), un 18.9 por ciento; la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 23 por ciento; el ISSSTE, con el 15.4 por ciento; el INEGI 20.6 por ciento y la Secretaría de Salud (Ssa) que está programada por debajo de su presupuesto programado en 12 por ciento.
Por el contrario, los más favorecidos son los programas manejados por la Secretaría de Gobernación con 54.8 por ciento, la Secretaría del Bienestar el 40.5 por ciento, la Secretaría de Turismo en 36.7 por ciento y la Secretaría de Energía 96.5 por ciento. En este último entran las aportaciones a PEMEX, mencionada anteriormente y las aportaciones de turismo caen en el Tren Maya, obra a la que el presidente Andrés Manuel López Obrador califica como una obra magnífica de mil 500 kilómetros de vías férreas que beneficiará a los mexicanos más empobrecidos con la creación de empleos, pero ahí está la gran polémica del impacto ambiental y la supuesta generación de empleos que no hacen ni cosquillas a los mas de 80 millones de desempleados existentes en todo el territorio mexicano.
En la Secretaría del Bienestar se fue el 63 por ciento del sobregasto y este fue aplicado a las pensiones para adultos mayores.
A todo lo anterior, por si se piensa, me interesa aclarar que no es que se esté haciendo un incremento al gasto público, sino que se está haciendo una reasignación de lo ya acordado que claramente responde a los intereses de este gobierno pues, motivados por la revocación de mandato donde esperaban la participación de los beneficiados por los programas expuestos y las recientes contiendas electorales donde ya se conocen los resultados, se remarcan las prácticas que se vienen dando en todo este gobierno que puntualmente México Evalúa, analiza.
Es decir, en México la forma en la que se gastan los recursos públicos no está contribuyendo a elevar nuestro potencial económico y productivo, ni a disminuir la pobreza y la desigualdad. Mas bien, la 4T busca simpatías para no perder el poder o, cuando menos, sostenerse en él.
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