Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cada día está más lejos de cumplir su principal promesa de campaña (acabar con la corrupción) y de demostrar la “honestidad valiente” con la que gobernaría para el pueblo y no para los suyos y sus amigos. Por segundo año consecutivo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) exhibió la opacidad, la escasa rendición de cuentas y el derroche de miles de millones de pesos, del presidente de México que se presentaba como austero y que ha resultado más caro e igual o más corrupto que los anteriores.
En 2019, primer año de Gobierno de Morena, la ASF mostró el sobrecosto derivado de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ordenada por AMLO, que al final terminó rebasando los 113 mil 327.7 millones de pesos (mdp) dinero de todos los mexicanos que pudieron haberse utilizado en resolver problemas ingentes para todos. Nuevamente, en el segundo año de desempeño morenista (2020) al frente del Gobierno federal y de varios estados y municipios, el informe de la ASF sobre la Cuenta Pública entregado a la Cámara de Diputados, vuelve a exhibir que se cometieron presuntas irregularidades por 63 mil mdp, una vez más, recursos públicos confiados en sus manos, pero cuyo destino final se desconoce, mientras millones de mexicanos siguen sumándose a las filas de la pobreza.
Las dependencias emblema de esta nueva administración (Bienestar, Salud, Agricultura, Educación, Obras emblemas, entre otras) y a las que se les ha destinado la mayor parte del recurso público sin licitación ni justificación, son aquellas donde se ha encontrado el mayor número de inconsistencias.
En materia de salud, la Secretaría desconoce el número total de vacunas adquiridas hasta el momento, “compró” ventiladores, cubrecamas, material y equipo médico que ningún centro de salud recibió y 3,500 mdp fueron destinados al combate a la pandemia, pero se desconoce en qué se ocuparon.
Las obras insignia del presidente, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, presentaron diversas anomalías: el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” en San Lucía, subejerció casi 500 mdp, realizó pagos sin comprobación, recibo de donaciones sin acreditación, incumplió en la construcción de puentes, en el uso de materiales adecuados y no cumplió con la entrega de documentos acreditados, y por si fuera poco, adjudicó contratos con costos mayores a su precio original. La refinería de Dos Bocas y el Tren Maya presentaron sobrecostos y retrasos por más de 350 millones entre las dos. Asimismo, la ASF encontró que Liconsa, Diconsa y Segalmex, dependencias encargadas del acopio y administración de alimentos básicos y de primera necesidad para las comunidades más pobres y marginadas del país y de la gestión de programas de apoyos a pequeños productores del campo, respectivamente, cometieron diversas faltas graves por una cantidad de ocho mil 600 millones de pesos: inventarios incompletos de maíz y frijol, salida de mercancía sin facturas, pagos sin acreditación, entre otros. A la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural le detectaron anomalías por ocho mil 920 mdp. En la rifa del avión presidencial, la ASF detectó que se vendieron casi un millón menos que los reportados por la Lotería Nacional. Es decir, el gobierno que repetía en campaña todos los días y a todas horas: “primero los pobres”, no ejerció el dinero correctamente destinado a ellos y los ha dejado solos frente a la inflación galopante que nos asecha desde que inició el trienio y que ha llegado a convertirse en la más alta de los últimos años.
En la entrega de dinero en efectivo a través de programas sociales -con los que el presidente pretendía quitar a los “corruptos intermediarios” para que llegara a los pobres directamente a través de sus trabajadores (nuevos intermediarios a los cuales nombró “siervos de la nación”)-, la ASF detectó que aproximadamente 250 mdp fueron entregados a personas que no cumplían con los requisitos o que ya habían fallecido. Asimismo, no se encontró el paradero de 18 mil supuestos beneficiarios de Sembrando Vida y 20 mil más no han demostrado si plantaron los árboles que debían para poder recibir el dinero.
Desafortunadamente, estas no las únicas dependencias con irregularidades, prácticamente todas resultaron salpicadas. La lista sigue… pero no la detallaremos. El ejercicio cuatrimestral que recientemente dio a conocer la ASF no es el único que exhibe que el Gobierno federal de extracción morenista no respeta las reglas de operación del dinero público que maneja como si fuera propio. El año pasado, la organización de la sociedad civil GESOC, le otorgó una calificación reprobatoria (57 en escala de 100) al desempeño de los programas sociales del mismo Gobierno que encabeza AMLO, pues 54 de los 96 evaluados, no estaban cumpliendo sus metas para las que habían sido diseñados y no están contribuyendo a resolver el problema público para el que habían sido creados. Asimismo, la lista de funcionarios morenistas ligados a actos de corrupción continúa creciendo: el hermano del presidente, Pío López Obrador, fue grabado recibiendo dinero en sobres amarillos de manos de David León, quien posteriormente fue nombrado “zar anticorrupción” para la compra de medicinas del Gobierno de AMLO. El presidente aseguró que se trató de donaciones (para su campaña) y no un acto de corrupción. El director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, no reportó en su declaración patrimonial la existencia de 25 propiedades y 12 empresas vinculadas a su pareja e hijos –algunas de ellas- al sector energético. Fue absuelto de conflicto de interés y enriquecimiento ilícito por la entonces funcionaria de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. Esta última, asignada en dicha dependencia “para el combate a la corrupción y la creación de una política de austeridad republicana de estado”, meses después fue denunciada en medios de comunicación de haber acumulado en nueve años e inexplicablemente junto con su esposo, el catedrático y allegado del presidente, John Ackerman, un patrimonio de 60 mdp cuando eran docentes de la Universidad Nacional Autónoma de México y que no se reflejaba en su declaración matrimonial a la cual estaba obligada como funcionaria pública. La misma ASF, detectó irregularidades durante su función como secretaria. El último, de entre otros implicados, resultó ser el hijo mayor del presidente, José Ramón López Beltrán, por presunto conflicto de interés, al habitar junto con su familia en la casa gris (en Huston, Texas), propiedad de Baker Hughes, contratistas del Gobierno actual.
Ante tanta evidencia, pero a propósito del informe de la ASF, el presidente dijo en su mañanera: “se va dar respuesta a todo y no hay problema para los conservadores, pañuelito blanco –mientras lo agitaba-, no hay corrupción, ya no es el tiempo de gobiernos pasados”.
Aunque el presidente niegue que en su gobierno ya no hay corrupción, esta se pasea campante y año con año quita varios velos de encima y deja al descubierto a varios morenistas que ya llevaban tiempo realizando prácticas corruptas y enriqueciéndose al amparo del manto protector del presidente y su partido. La lucha contra corrupción pasará de ser su estandarte de campaña, al trapo sin valor de su bolsillo que agita constantemente para seguir engañando.
El presidente miente, Morena miente, están engañando a México desde que entraron al poder, pues lejos de “barrer (la corrupción) de arriba hacia abajo, como se barren las escaleras” –según el propio dicho de AMLO- sólo ha quedado al descubierto que en la cima de la corrupción cohabitaban no sólo funcionarios morenistas, amigos muy cercanos del presidente, sino su propia familia. No están barriendo la corrupción, la corrupción son ellos y la alientan.
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