El pasado 19 de octubre, se cumplió un mes de que ocurrió en Colima y en gran parte del país, un sismo de magnitud de 7.7 en la escala de Richter, que causó destrucción de viviendas e infraestructura carretera por casi todo el estado.
Aunque desde entonces, las innumerables réplicas que se han presentado del fenómeno no han alcanzado magnitudes de consideración, no se descarta aun la posibilidad de que un movimiento telúrico mayor pudiera presentarse en cualquier momento. Sólo que, de suceder esto último que se teme, literalmente nos llovería sobre mojado, pues, las autoridades estatales, federales y municipales, aún no se ponen de acuerdo ni siquiera sobre la verdadera cuantificación de los daños y el número de víctimas damnificadas.
A una semana de presentado el fenómeno, el Gobierno del estado difundió apresuradamente en los medios de comunicación locales que las viviendas dañadas por el terremoto sumaban unas dos mil. Tiempo después, Viridiana Valencia Vargas, delegada estatal para los Programas del Bienestar, dijo a un medio radiofónico que las viviendas dañadas eran poco más de seis mil.
El pasado 10 de octubre, Marisol Neri León, la secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (seidum), del gobierno del Estado, afirmó ante los medios de comunicación que, “tras los reportes entregados por los municipios de Colima sobre las afectaciones durante el terremoto del pasado 19 de septiembre, el número de viviendas dañadas pasó de 2 mil 670 a 6 mil 221…”. Y concluyó: “…por lo que las autoridades estatales deberán hacer nuevos recorridos para constatar el estado de estas fincas y reportarlas al gobierno federal, que determinará quienes recibirán apoyos para la reconstrucción…”. (El Universal)
¡No lo puedo creer! ¿Hacer nuevos recorridos? ¿Constatar el estado de estas fincas? Y luego qué, ¿Los municipios harán un nuevo recorrido para constatar el estado de las fincas que reportarán las autoridades estatales, y así, ad infinitum? Ya no sé yo si a esto se le deba llamar indolencia, ineficacia o simplemente insolencia. ¿Hasta cuándo, entonces, van a recibir sus apoyos los damnificados del sismo?
Pero este agravio gubernamental contra los damnificados del sismo, aun no es todo. En el mismo medio que cito, luego de insistir en un nuevo recorrido de supervisión por todo el Estado, Neri León enfatizó así: “… pues, por reglas de operación del programa de reconstrucción, se tiene que [volver a] validar para ver si son factibles a este apoyo” Y aquí, otra vez mis preguntas. ¡¿Reglas de operación del programa?! Pero ¿qué reglas del programa son esas que la secretaria defiende con tanto afán, y, por qué lo hace contra los colimenses damnificados? Y luego, ¡para ver si son factibles!
Es que acaso, entonces, ¿No es seguro que se le dé el apoyo a todos los damnificados que fueron visitados, validados y debidamente registrados hasta ahora? Pero, además, ¿Quién es aquel, que va a decidir la factibilidad y la suerte de los damnificados?, ¿Los municipios, el estado, la federación? A estas alturas, y por lo que yo veo, por los damnificados ya no debería de decidir nadie, como no sean ellos mismos exigiendo públicamente el apoyo que por ley les corresponde. No es limosna lo que piden, es su legítimo derecho.
Y no olvidemos que no son sólo cifras, a las que se refiere la secretaria Marisol Neri, sino viviendas, es decir, el patrimonio de miles de familias. Según el medio que venimos citando, conforme al reporte de daños que hicieron los municipios, la configuración quedó de la siguiente manera: Armería, mil 301 viviendas dañadas; Colima, mil 56; Comala,152; Manzanillo, 470; Coquimatlán, 227; Cuauhtémoc, 315; Ixtlahuacán, 363; Tecomán, 2 mil 77; Minatitlán, 144; y Villa de Álvarez, 116. He aquí las 6 mil 221 viviendas dañadas, que propone la secretaria que se vuelvan a visitar y validar para ver si son factibles.
Y hay algo más sobre esto que me interesa decir. Neri León afirmó también que, “este nuevo diagnóstico se entregará el 20 de octubre al Comité de Evaluación de Daños para que determine la cifra real que entrará al programa” (El Universal). Es decir, si es que realmente volvieron a visitar por enésima vez a todos los damnificados, tal como se propuso, apenas hoy, si es que en verdad cumplieron, estarían entregando a la federación el resultado de la validación de los más de seis mil damnificados.
¿Cuánto tiempo más va a pasar, para que los damnificados sepan que fueron “factibles” para el apoyo? Pero, además, ¿de qué tamaño será el apoyo y cómo se los van a hacer llegar? Y lo más importante: ¿Cuándo les darán el apoyo? Y aquí, ya nadie dice nada.
Pero, desde el 14 de octubre pasado, la delegada de Programas Sociales región 2, Ana Karen Hernández Aceves, que abarca los municipios de Minatitlán, Manzanillo, Armería, Tecomán e Ixtlahuacán, es decir, la zona más afectada del todo estado, afirmó a un medio, seguramente que para que no la siguieran presionaran más los afectados de su región, que, “todavía no hay fecha ni lista de beneficiados, mecánica o qué se dará de apoyo a los afectados por el sismo del 19 de septiembre” (Diario de Colima).
Y con relación al apoyo, cuando mucho atinó a decir que, “desde el principio se les mencionó que iba a ser recurso económico o enseres [domésticos], dependiendo de la situación que se haya suscitado en cada una de las familias”. Es decir, en esencia, tal como todos los demás funcionarios, la delegada federal regional no sabe nada de nada.
Y hasta aquí va el suplicio de la doble tragedia que están viviendo los afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre. Fueron víctimas del terremoto, y ahora son víctimas de la indolencia gubernamental. Si no se les atiende pronto, seguramente que serán víctimas también de la propaganda proselitista electoral, que, esa también, como los sismos y los huracanes, regresa de cuando en cuando por sus fueros, a reclamar atención y foros por encima de las añejas desgracias arraigadas en el pueblo. Y entonces, aquí la lección también es clara: no olvidar el agravio cuando llegue el momento de volver a elegir. Que así sea.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario