El actual gobernador de Quintana Roo asumió su cargo el 25 de septiembre de 2016, fue electo por un periodo de seis años, de los cuales han transcurrido casi cinco; es decir, su estancia en el Ejecutivo estatal y en la recta final, pues le queda un año al frente del Ejecutivo estatal, tiempo más que suficiente para no dejar deudas pendientes con quienes le dieron su voto de confianza como candidato del PAN para llegar a la gubernatura; tampoco, con quienes sin haber votado por él, lo consideran la autoridad máxima en el estado, quien debe responder de los compromisos que hizo en su toma de protesta, ocasión en la que planteo, cinco ejes como base de su gobierno, entre ellos Desarrollo Social y disminución de desigualdad. En su último al frente de la administración estatal, el gobernador debe poner atención a los compromisos, porque es tiempo suficiente para que los cumpla y sea recordado como un funcionario público que honró su palabra.
En los medios de comunicación, un día sí y otro también, se han escuchado las voces de los dirigentes estatales del Movimiento Antorchista, de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR) y de Antorcha Magisterial, quienes sostienen que, desde mediados del año 2019, el mandatario estatal Carlos Joaquín González, hizo el compromiso de resolver diferentes problemas de la población vulnerable de todo el estado, los cuales a más de dos años ha incumplido su palabra. A la denuncia de los dirigentes estatales de las organizaciones arriba mencionadas, se suman los testimonios de campesinos, colonos, estudiantes y profesores, quienes claramente han expresado su descontento porque no se resuelven los problemas que los aquejan, los cuales, conforme pasa el tiempo se han ido agravando.
Los colonos y campesinos organizados Antorcha, plantearon por escrito al gobernador Carlos Joaquín, desde el inicio de su administración, las necesidades que aquejan a comunidades y colonias de todos los municipios de la entidad: apoyo a los productores agrícolas, con fertilizante, semilla para siembra y para consumo; caminos sacacosechas, introducción de electrificación, agua potable, pavimentación de calles, arreglo de caminos de acceso, apoyos alimenticios, construcción de centros de salud, médicos de 24 horas en centros de salud, dotación de medicamentos, apoyo para mejoramiento de vivienda, etc. En 2019, cuando el Gobernador recibió a los dirigentes estatales, mucho antes de que iniciara la pandemia, le plantearon personalmente la necesidad de dar solución a las peticiones ya mencionadas, la respuesta de Carlos Joaquín fue alentadora, en resumen, dijo “no puedo resolver todas las peticiones, pero díganme cuales son prioritarias y esas se resolverán, hay voluntad política de mi parte para darles solución”.
Las necesidades planteadas en el oficio de petición de los antorchistas son carencias reales que dejan al desnudo el desigual desarrollo social que hay en el estado; pero dando muestras de racionalidad y deseo de avanzar en su gestión, la lista de peticiones se redujo considerablemente, quedando apoyo con fertilizante, maíz para semilla y consumo, además de despensas, para miles de familias de comunidades rurales y colonias de todos los municipios.
Mal haría el gobernador en olvidarse de que miles de campesinos llevan esperando dos años los bultos de fertilizante, los sacos de maíz de siembra y para consumo, despensas; sobre todo porque durante ese tiempo han padecido los efectos de fenómenos naturales, como los que sucedieron en 2020 con el paso de las tormentas tropicales y huracanes. Tan solo la tormenta tropical “Cristóbal” en julio de ese año, provoco afectaciones a 11,423 familias, en 88 comunidades de municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos. En esos municipios el Gobierno del estado solicitó declaratoria de emergencia; el Fonden -desaparecido por el actual Gobierno federal- autorizó apoyos solo para el 20 por ciento del costo de las afectaciones, dejando el otro 80 por ciento a los damnificados.
Los jóvenes moradores del Albergue Estudiantil “Felipe Carrillo Puerto”, adheridos a la FNERRR, han insistido por todos los medios a su alcance la necesidad de que se les otorgue el comodato del edificio que ocupa la seccional varonil, han repetido hasta el cansancio, contar con dicho documento les permitiría la autorización de la toma de agua potable, y regularizar el servicio de energía eléctrica, para no estar bajo la amenaza constante de quedarse sin este importante servicio. También jóvenes han sostenido acuerdos con funcionarios del Gobierno del estado y el compromiso personal del gobernador Carlos Joaquín de hacer los trámites administrativos necesarios para que se les otorgue dicho documento de comodato. Es criticable que la autoridad estatal retrase tanto el comodato en cuestión, no le significa un costo económico, solo voluntad política.
Los jóvenes hijos de trabajadores de la ciudad y el campo insisten a Carlos Joaquín: los últimos meses de su gobierno son suficientes para entregarles el comodato, y además, otorgarles apoyo mensual para el sostenimiento de los albergues ubicados en Othón P. Blanco, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto.
Ahora que la pandemia ha devastado el sistema educativo, provocando la deserción de más de 75 mil alumnos de educación básica y bachillerato, desde agosto de 2020 hasta marzo de 2021, debido a que no pudieron seguir las clases por televisión, perdieron familiares por el coronavirus, no tenían conectividad a internet, o los maestros no pudieron mantener comunicación con sus alumnos, ante este panorama, los albergues estudiantiles son una alternativa para jóvenes deseosos de terminar una carrera profesional, el gobernador está a tiempo de agilizar el cumplimiento de los compromisos pactados con sus moradores.
Los maestros integrantes de Antorcha Magisterial, han usado las redes sociales para denunciar actitud de menosprecio y burla de parte del ejecutivo estatal, quien lleva más de dos años prometiendo que serán contratados con todos los beneficios que la ley otorga, ya que desde hace más de cinco años, sólo han recibido un apoyo económico insuficiente para cubrir sus gastos, además, no cuentan con prestaciones como el seguro social, la carencia de este servicio, es particularmente grave debido a que, la pandemia de la covid-19 está lejos de terminar, desde que inició ha provocado el contagio y la muerte de docentes en el estado. Los representantes de la sección 25 del SNTE, manifestaron que, después de la jornada de vacunación del magisterio, al menos 30 profesionales de la educación murieron por complicaciones relacionadas con el coronavirus, antes de la inmunización ya habían muerto otros 30, lo cual representa un 100 por ciento de incremento de mortalidad entre profesores. Ante el inicio del próximo ciclo escolar y la exigencia del Ejecutivo federal de que las clases sean presenciales, la promesa de contratación debe cumplirse en lo inmediato, el gobernador debe dar muestras de sensibilidad y empatía hacía este sector que se ha esforzado mucho brindando educación de calidad a varias generaciones de estudiantes.
Cada una de las peticiones y el respectivo compromiso de solución, encajan perfectamente en el eje de desarrollo social y la disminución de desigualdad, uno de los cinco en que fundamentó su política de gobierno el ejecutivo estatal. “Desarrollo social y disminución de desigualdad”, suena bien, pero son palabras huecas, si cada una de las necesidades expuestas por los trabajadores, por los jóvenes estudiantes y profesores, se agravan no solo por el paso del tiempo, sino por los cambios en las condiciones de la pandemia mundial y los fenómenos atmosféricos. Por eso quienes levantan la voz, exigiendo las soluciones comprometidas; los peticionarios tienen razón en aumentar el volumen y la intensidad de la denuncia, no les queda otra alternativa que la lucha organizada, hacer valer su fuerza, haciendo llegar sus gritos de protesta día y noche, a las puertas del Palacio de Gobierno, por el tiempo que resta a la actual administración estatal, si fuera necesario. Conste.
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