MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL

Ultrajes a la autoridad, método represivo del Gobierno de Veracruz

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El pasado sábado, el senador morenista, Ricardo Monreal Ávila (suspirante a la presidencia de la República), subió un video a redes sociales en el cual se pronuncia en contra del uso constante del delito de ultrajes a la autoridad, para encarcelar a ciudadanos y para violentar sus derechos humanos, calificó de omiso al Poder Judicial por “no reparar estas injusticias”, es decir, por que los jueces dan entrada a las detenciones por este delito y determinan, en la mayoría de los casos, aplicar la prisión preventiva oficiosa.

El senador, del mismo partido que el gobernador Cuitláhuac García, puso como ejemplo el caso de seis jóvenes detenidos en una plaza comercial hace tres meses, que acusados de “ultrajes a la autoridad” se encuentran en prisión a pesar, dijo, de que hay evidencias de que ni siquiera pusieron resistencia en su detención.

La verdad es que los veracruzanos sabemos que existen muchísimos casos de este tipo y que probablemente el llamado de Monreal es tardío. Durante los 20 primeros días de noviembre, de 89 comunicados sobre vinculaciones a proceso logradas por la Fiscalía General del Estado, 21 fueron sobre ultrajes a la autoridad, contra 40 personas, dos detenciones diarias en promedio y una de cada cuatro acciones logradas por la FGE. 

Además, con este tipo penal, el gobierno ha enviado a prisión a políticos de oposición como Rogelio Franco Castán, ex secretario de Gobierno y diputado federal electo, así como a líderes sociales o a ciudadanos que protestaban en pleno ejercicio de su derecho constitucional.

Se trata sin duda de una estrategia del gobierno estatal para reprimir a sus detractores y que ha permitido que los cuerpos policiacos cometan abusos contra ciudadanos indefensos.

Aunque el delito de ultrajes a la autoridad ya existía en el Código Penal de Veracruz, el 11 de marzo de 2021 (en pleno proceso electoral), la mayoría morenista en el Congreso Local, aprobó una reforma propuesta por el gobernador Cuitláhuac García, para aumentar las penas a dos años de prisión y para incluirlo en el catálogo de los que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Esto a pesar de que, en 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró el delito de “ultrajes a la autoridad” como inconstitucional, por su carácter ambiguo y uso discrecional.  

Prontamente quedó claro el uso represivo que le daría el gobierno, pues en la primera semana en que se aprobó la reforma, fueron detenidas 6 personas, entre ellos, un empresario que encabezaba una protesta contra el gobierno estatal.

Así pues, no es de extrañar que el gobernador Cuitláhuac García, rechazara la crítica en su conferencia de prensa de este lunes y que el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, hasta se atreviera a decir en su comparecencia en el Congreso Local que “gobernar no significa reprimir”, que esto ya no ocurre en la 4T. Ajá, chucha cómo no.

El carácter represivo de la administración morenista es una verdad ineludible. El uso faccioso del delito de “ultrajes a la autoridad” tan solo es un método de muchos utilizados para intimidar y agredir a las voces opositoras, prácticamente desde el inicio del gobierno.

Por otro lado, el llamado al Poder Judicial es un sinsentido, todos sabemos que éste se encuentra totalmente sometido a las órdenes del Ejecutivo, la magistrada presidenta Sofía Martínez, es una empleada más de Eric Patrocinio y Cuitláhuac García, quienes la impusieron y la mantienen en el cargo, a pesar de no contar con la aprobación del resto de magistrados ni los méritos para el encargo. Así que no hace más que cumplir bien su papel: quedarse callada y hacer como que no ve los abusos que se cometen desde el poder.

La solución pues, no es la que propone Ricardo Monreal, que el Poder Judicial y la Comisión de Derechos Humanos (¿si quiera existe?) frenen los abusos, la solución es que la ciudadanía se organice y decida, con su voto, impedir que otro morenista llegue a Palacio de Gobierno. Al final, todos están cortados con la misma tijera. ¿No es acaso AMLO el mejor ejemplo de represor autoritario? Es pregunta que ojalá no cuente como ultraje a la autoridad.

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