Durante los últimos días ha destacado en México la violencia contra las mujeres, no es nuevo el caso, pero la falta de atención eficiente por parte de las autoridades de todos los niveles ha agravado el problema. En varias partes del país se reportan desapariciones de mujeres, muchas de ellas llevan meses que salieron de sus casas y ya no volvieron.
Según un informe recientemente presentado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del Comité Contra la Desaparición Forzada, organismo formado por expertos cuya misión es supervisar que se aplique la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, México, bajo el título “Desapariciones en México: una impunidad casi absoluta”, presenta su preocupación por las desapariciones de mujeres, asesinatos y feminicidios.
De acuerdo con el informe, el 65 por ciento de las victimas identificadas son mujeres y niños, esto revela que las mujeres siguen siendo las victimas preferidas de feminicidios, asesinatos dolosos, y de delitos de todo tipo.
Por tanto, está claro que la política de seguridad del gobierno de la 4T no funciona, si bien es cierto que los delitos de este tipo ya existían desde otros gobiernos anteriores, también no se puede negar que el aumento se registró a la par de la militarización del país, que ordenó López Obrador, y de la cual nos resultados malos saltan a la vista.
Según declaraciones de la activista feminista Karen Quiroga hay presiones a las fiscalías estatales para que los feminicidios sean reportados como homicidios dolosos, como una estrategia para adelgazar las cifras que ya alarman a todo mundo.
Las desapariciones, trata de personas con fines de explotación sexual, laboral o extracción de órganos no tienen ningún sentido para el machismo individual, sino que el problema es estructural, al modelo económico que impera en el país y en el mundo; entonces el movimiento feminista debería encausar su movimiento para erradicar este modelo vigente en el que prevalece la ganancia a costa de lo que sea para concentrar la riqueza en pocas manos y empobrecer a las mayorías.
El caso de Debanhi Escobar, en Nuevo León, prueba que hay un sistema político y judicial que no está a la altura de las circunstancias, un sistema que está para proteger los intereses de los poderosos y no del pueblo en general.
Los grupos aislados que luchan por diversas causas, la mayoría resultado de un sistema en decadencia deberíamos unirnos, formar un frente común y luchar para cambiar el modelo económico vigente por otro más justo, más equitativo que priorice el humanismo y el bienestar de todos como sociedad.
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