La violencia y la inseguridad han sido problemas persistentes en México durante décadas, marcando profundamente la vida cotidiana de millones de personas. A pesar de los esfuerzos y promesas de sucesivas administraciones, estas problemáticas parecen resistirse a los cambios propuestos desde las políticas públicas, perpetuándose como un lastre que afecta al desarrollo social, económico y cultural del país.
Cada día, 70 familias mexicanas pierden a un ser querido por homicidio; una tragedia que se repite de manera implacable.
En la actualidad, el panorama sigue siendo desolador. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, un 58.6 % de la población urbana percibe su entorno como inseguro. Este dato revela la magnitud de la crisis: más de la mitad de los ciudadanos viven con el miedo constante de ser víctimas de algún delito.
A eso se suma la cifra preliminar de 26 mil 715 homicidios registrados en 2024, un número que no sólo representa vidas perdidas, sino que también refleja el fracaso de las estrategias de seguridad implementadas hasta ahora.
La estrategia denominada “abrazos, no balazos”, presentada como un cambio radical frente a la fallida guerra contra el narcotráfico, buscaba atacar las raíces de la violencia mediante programas sociales y el fortalecimiento del tejido comunitario. Aunque en el papel la propuesta parecía innovadora y humanista, en la práctica ha demostrado ser insuficiente.
Su implementación ha carecido de planeación estructurada, indicadores claros de éxito y una verdadera articulación entre los distintos niveles de gobierno. Este vacío de acción concreta ha permitido que el crimen organizado y la violencia común continúen operando con impunidad en amplias regiones del país.
Los resultados de esta política han sido cuestionados no sólo por los sectores críticos del gobierno, sino también por expertos en seguridad y derechos humanos. Si bien priorizar la prevención y el desarrollo social es un enfoque loable, no basta con buenas intenciones.
Los recortes presupuestales en las policías locales, la falta de profesionalización de las fuerzas del orden y la ausencia de coordinación interinstitucional han mermado la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Este debilitamiento institucional, sumado a la prevalencia de la corrupción y la impunidad, ha permitido que la violencia se normalice en el imaginario colectivo.
Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) exponen una cruda realidad: cada día, 70 familias mexicanas pierden a un ser querido por homicidio; una tragedia que se repite de manera implacable. Las palabras de los discursos políticos, por más optimistas que sean, no logran disipar la percepción de inseguridad que domina las calles.
Las promesas de cambio se ven opacadas por la falta de resultados tangibles, dejando en evidencia una desconexión preocupante entre la narrativa oficial y la experiencia cotidiana de la población.
Para revertir esta situación, México necesita con urgencia un cambio profundo en la forma de abordar la seguridad. Es imperativo abandonar las soluciones simplistas y las políticas simbólicas que buscan más generar impacto mediático que resolver el problema de fondo.
Una estrategia verdaderamente integral debe combinar la prevención del delito con el uso estratégico de la inteligencia, el acceso a la justicia y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de velar por la seguridad. Esto requiere no sólo recursos, sino también un compromiso genuino con la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos.
El desafío es monumental, pero no insuperable. México tiene la capacidad y los recursos para transformar su realidad, siempre y cuando exista voluntad política y social para hacerlo.
La seguridad no puede seguir siendo un tema relegado a segundo plano, ni un asunto que se aborda únicamente en periodos electorales. Debe convertirse en una prioridad constante, entendiendo que sin seguridad no hay desarrollo ni bienestar posible.
El futuro del país depende de ello. La vida y la dignidad de las personas no pueden seguir siendo sacrificadas en nombre de estrategias fallidas y discursos vacíos.
La sociedad mexicana merece un entorno seguro, justo y digno, en el que las familias puedan vivir sin miedo y las comunidades puedan prosperar en paz.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario