Lejos, muy lejos quedó el “Sinaloa, orgullo de granero de México”, aquel que aportaba más divisas al país y generaba cientos de miles de empleos temporales para compatriotas del sur.
Es una pena que quienes han alimentado a millones de mexicanos con maíz, sorgo y hortalizas vivan hoy angustiados, sin esperanza de que este oscuro panorama termine pronto.
El campo mexicano nunca ha sido una prioridad para los gobernantes; desde presidentes de la república hasta gobernadores, sin importar el partido, han dejado de lado el sector agrícola. Esta crisis prolongada se remonta a fines de los años 60, producto del capitalismo mexicano, con apenas algunos periodos breves de bonanza.
El campo sinaloense enfrenta el abandono gubernamental, la disminución de recursos y la escasez de agua, con agricultores angustiados por un panorama sombrío y sin esperanzas.
Cientos de miles de productores esperaban que con la llegada de Morena a la presidencia, y en especial con Andrés Manuel López Obrador, el campo recibiría el apoyo necesario. Sin embargo, la realidad ha sido otra: durante el sexenio, el presupuesto para el sector primario disminuyó en comparación con el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto. Esto se reflejó en un aumento en la importación de alimentos, pasando del 48 % en 2018 al 54 % en 2024.
La desaparición de organismos como Acerca, Fira y Procampo dejó a los agricultores, en especial a los dedicados a la agricultura comercial, en una posición vulnerable frente a la banca privada y a prestamistas.
En Sinaloa, la agricultura comercial ha enfrentado dificultades en la comercialización de granos, justificándose que los precios los fija el mercado mundial, particularmente la Bolsa de Chicago.
Aun cuando esta explicación es cierta, también se sabe que los agricultores estadounidenses reciben de su gobierno tres veces más subsidios que los mexicanos. En la época priista, y ahora con un “gobierno de los pobres”, la situación ha empeorado.
Además del abandono gubernamental, los agricultores enfrentan escasez de agua en las presas, que están a punto de iniciar el ciclo invierno-primavera con apenas un 27 % del agua necesaria en las 11 presas, y con la presa Josefa Ortiz de Domínguez al 12.9 %. Esto reducirá drásticamente la superficie de cultivo, afectando la productividad y los ingresos de los productores.
La falta de lluvia no es responsabilidad de los gobernantes, pero sí lo es el no tomar medidas para mitigar sus efectos. Durante décadas se ha dejado de invertir en infraestructura de riego, y la mayoría de las tierras sinaloenses siguen regándose con el antiguo sistema romano de riego rodado.
Los agricultores de zonas de riego enfrentan dificultades, pero aquellos de temporal están en una situación aún peor, pues llevan más de dos ciclos agrícolas sin cosechas significativas debido a la falta de lluvia. Este último ciclo no fue la excepción, y productores de cacahuate, ajonjolí, cártamo, sorgo y garbanzo claman a la Secretaría de Agricultura por el seguro catastrófico y otros apoyos sustanciales para enfrentar la crisis. La pregunta es: ¿lo hará? ¿Solicitará el gobernador Rubén Rocha Moya la declaración de desastre para que lleguen recursos federales al campo sinaloense?
Como diría El Quijote a Sancho, “cosas veredes, Sancho”. Espero que tanto el secretario de Agricultura, Ismael Bello, como el gobernador tomen medidas pronto para apoyar a los agricultores. De no ser así, llamo a los productores a alzar la voz y a expresar su necesidad en distintos foros, incluso en las calles y frente a los despachos de los gobernantes.
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