En artículo anterior, decíamos que seguramente no tardaría en aparecer entre los gobernadores, otro simio que instrumentara fielmente la política represiva orquestada por el gobierno federal, o que la profundizara como lo hacen ya Miguel Barbosa en Puebla y Cuitláhuac García en Veracruz. Y lo hacen tan obsequiosamente que merecerían por ese solo hecho, la instauración de la presea “Espina dorsal dúctil y lengua lustradora”, para premiar únicamente a este tipo de bichos que inundan la política nacional.
Luchando por mostrarse más morenista que los morenistas y, por tanto, merecedor del primer lugar, Alejandro Murat, en Oaxaca, ha iniciado una campaña represiva que incluye desalojos, calumnias, ofensas y amenazas de muerte, en contra del dirigente estatal e integrante de la Dirección Nacional del Movimiento Antorchista, Dimas Romero González. Lo trillado y repetitivo tanto de las acusaciones como de la justificación de sus acciones represivas, prueban de manera contundente el origen y la finalidad de las mismas: El gobierno de Oaxaca pretende liquidar al Movimiento Antorchista en esa entidad utilizando métodos rufianescos.
Por eso, el gobierno miente al tratar de justificar el desalojo del plantón que sostenían los antorchistas oaxaqueños frente a la casa de gobierno, durante más de tres meses, con el argumento de que “pedían 47 millones”, como si se pidieran para Dimas Romero. Oculta, pues, que este presupuesto fue aceptado y aprobado por ellos, no con una pistola en la cabeza, sino por haberse demostrado que era el costo de obras para resolver necesidades apremiantes de pueblos y colonias antorchistas, aceptación que nunca materializaron con hechos. Ésta fue la verdadera y única razón de la protesta pública.
El desalojo prueba que para el gobierno de Murat el derecho constitucional de petición y a la libre manifestación es letra muerta, que el encargado de resolver las necesidades de sus gobernados se pasa por el arco del triunfo la obligación constitucional de su irrestricta observancia, que usa la represión como arma para acallar justos reclamos e inhibir la organización como herramienta de lucha. Aunque las acusaciones que se lanzan en contra nuestra no son ninguna novedad para el Movimiento Antorchista, no deja de indignarnos la inmoralidad de gobernantes que, sin ningún rubor, se atreven a hacer afirmaciones sin aportar prueba alguna, tales como que “pedimos moches”, “estafamos y vivimos a costa de la gente”, calumnias que usa el gobernador de Oaxaca, buscando de esa manera inhabilitar a Dimas como auténtico líder de los antorchistas oaxaqueños y a soslayar la justeza de las demandas enarboladas. Finge ignorar que los liderazgos antorchistas no dependen de la voluntad del gobernante en turno, sino de la decisión de la masa, que es una responsabilidad ganada a base de trabajo, honradez e insobornable defensa de los intereses de la misma.
Desde el inicio de la campaña liquidacionista instrumentada por el gobierno del presidente López Obrador en contra de nuestro movimiento, una y otra vez hemos demostrado lo mentiroso de sus aseveraciones y hemos exigido que se prueben las calumnias o ilícitos que se nos endilgan. Hasta ahora solamente hemos recibido el silencio e indiferencia como respuesta a nuestros reclamos, lo que prueba lo falso de las acusaciones, la soberbia, la prepotencia y el abuso que del poder hace el presidente y sus paniaguados, sintiéndose a salvo de la obligación de probar lo que dicen, arrogándose el derecho a afirmar sin tener que probar sus afirmaciones. Eso se llama abuso de poder, del que Murat y sus pistoleros disfrazados de periodistas, son fieles seguidores.
Por eso, tenemos razón al afirmar que es una falacia, una mentira que el pueblo no debe creer, el que se nos diga, sin rubor alguno, que “vivimos en un régimen auténticamente democrático, donde el pueblo puede ejercer sus derechos constitucionales sin temor a represión alguna”. Absolutamente falso. La represión a los trabajadores de Dos Bocas, el encapsulamiento a colonos en la ciudad de México para obligarlos a renunciar a su legítima protesta y el desalojo de los antorchistas en Oaxaca, son el inicio de una represión selectiva. A sus críticos y opositores: palo y pedrada.
Hay mucha razón cuando se afirma que vivimos en un país caótico, donde la inflación está desbocada, en el que no hay trabajo, no hay obra pública, donde el crimen brilla por sus fueros, en el que la militarización se enseñorea en el país, la corrupción es cada día mayor entre funcionarios morenistas que dicen combatirla, la soberanía nacional se pierde a pasos agigantados, la educación sufre el peor retroceso en toda su historia y la posibilidad de independencia tecnológica se aleja cada día más y más, en el que se juegan lastimosamente los recursos económicos de la nación en programas asistencialistas que no tienen como propósito la erradicación de la pobreza, sino la compra de conciencias y la manipulación política, en el que todos estos errores y aún más se reproducen a escala más amplia en los estados y en los municipios. De ahí que para hacerse merecedores del “aprecio del Tlatoani” y de los recursos económicos que reparte a discreción, se instrumente una política represora en contra del Movimiento Antorchista Nacional, razón por la que protestamos y exigimos que se deje de tratarnos como mexicanos de segunda.
He ahí la gravedad del hecho. Desde las altas esferas del gobierno se amenaza de muerte al dirigente estatal antorchista de Oaxaca, Dimas Romero González. Es decir, los abusos crecen y se agravan, buscando imponer una paz sostenida por la fuerza de las armas, no por la vía de resolver los graves problemas nacionales, mediante la instrumentación de una política que distribuya equitativamente la riqueza nacional. Se consolida la idea, en las esferas gubernamentales, de que la represión y el aniquilamiento de la oposición es el camino correcto y más corto, para la prolongación del gobierno de la Cuarta Transformación, que “los fines justifican los medios”. Por eso, no se duda en recurrir a la amenaza de muerte de manera pública contra los disidentes, pues se busca dejar sentado, hasta dónde está dispuesta a llegar la 4T, en la búsqueda de la conservación del poder.
Hoy la víctima es Antorcha Campesina, pero la realidad que vivimos nos dice que periodistas, empresarios, intelectuales y todo aquel que intente sustentar un punto de vista diferente al de la 4T, se encuentra en la lista de los llamados a desaparecer o sufrir represión de otro tipo por su actitud insumisa. De manera consciente se niegan a aceptar la discusión de las ideas, como el método por excelencia para acercarse a la realidad; por lo tanto, la disidencia debe desaparecer para dejar paso a la voluntad y las ideas del iluminado de la 4T. Olvidan intencionadamente que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente.
Por tanto, las amenazas de muerte contra Dimas Romero González no constituyen un problema de los antorchistas solamente; es un problema que incumbe a toda la nación, pues estamos ante la práctica de un poder absoluto que ha corrompido absolutamente a todo el gobierno, por lo que el país se encamina a pasos apresurados a una situación peligrosísima: la dictadura. La indiferencia del pueblo y la creencia, fomentada desde el gobierno, de que la Cuarta Transformación es la verdad andando, le ha dejado las manos sueltas al gobierno para golpear impunemente a sus adversarios ideológicos. Vivimos una época de terror, donde se ataca, se desprestigia, se encarcela, se viola la Constitución y se amenaza de muerte a los rivales políticos.
Los antorchistas exigimos el cese inmediato de las amenazas de muerte contra nuestro camarada dirigente estatal y exigimos plenas garantías a su seguridad, y respeto absoluto a su actividad política. Desde este momento responsabilizamos al gobierno de Oaxaca de lo que pudiera suceder a Dimas Romero González. Aclaramos, para evitar posteriores mentiras para justificar cualquier acto represivo de cualquiera especie, que Dimas no tiene enemigos personales, que su vida política y privada es ejemplo de honradez y pulcritud. Que dado que el origen de las amenazas es la protesta pública, que dio origen al desalojo, y su simpatía con el movimiento de médicos y enfermeras despedidos injustamente por la 4T, no hay duda de que es el gobierno de Oaxaca el único interesado en la desaparición de nuestro líder y, por tanto, el único responsable de cualquier ataque contra la vida de Romero González. Que conste.
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