En las últimas semanas, se ha dado un amplio debate sobre el tema de la desaparición de, por lo menos, trece de catorce fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF). Sin embargo, mucha gente desconoce a fondo qué es un fideicomiso, cuáles son sus características y, sobre todo, el por qué de la polémica que se ha generado, a tal grado que ha originado el descontento de los trabajadores del Poder Judicial, quienes se han manifestado en contra de esta iniciativa impulsada por López Obrador.
La definición puede resultar engorrosa, ya que está llena de tecnicismos que confunden más que aclarar el panorama de la duda. Pues bien, en un intento por arrojar luz sobre el tema y permitir que las personas se formen una opinión más imparcial, abordaré algunos aspectos que considero útiles. Un fideicomiso público es un acuerdo establecido por el gobierno federal o entidades gubernamentales para administrar recursos y atender necesidades y objetivos específicos que requieren financiamiento independientemente del ciclo presupuestal.
Un fideicomiso público se compone de tres elementos clave: los fideicomisarios o beneficiarios, el fideicomiso público, que es responsabilidad exclusiva de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la fiduciaria, que se refiere a cualquier tipo de institución o sociedad de crédito, como en este caso es el PJF.
Según el Banco Nacional de Comercio Exterior, los fideicomisos pueden tener una amplia variedad de objetivos, limitados únicamente por la condición de que sean legales, es decir, que no infrinjan la ley ni vayan en contra de las normas éticas. En consecuencia, cada fideicomiso tiene metas específicas que sólo permiten su uso para las multas establecidas en su creación.
En el caso de los fideicomisos de la PJF, al menos seis de ellos se crearon para cumplir obligaciones patronales que representan derechos de los trabajadores en términos de pensiones, vivienda, atención médica y jubilación.
A través de estos contratos, el Gobierno de México transfirió la titularidad de ciertos activos y derechos al PJF durante varios años, con la única finalidad de utilizar estos recursos para las multas estipuladas en los propios contratos.
Los catorce fondos y fideicomisos en conjunto totalizan 21 mil 538 millones de pesos. Sin embargo, el único que se mantiene intacto es el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, con un monto de 6 mil 103 millones. Este fondo se utiliza para financiar la adquisición, construcción y renovación de órganos jurisdiccionales, así como para su equipamiento. También se destina a la capacitación, mejora y especialización del personal del Poder Judicial de la Federación.
En la actualidad, el valor total de los fideicomisos que se planea eliminar es de 15 mil 434 millones de pesos.
El martes 17 de octubre, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen relacionado con la iniciativa para suprimir los fideicomisos bajo la jurisdicción del Poder Judicial de la Federación. La votación contó con la participación de 465 diputados, lo que representa el 93 % del total. De estos, 259 votaron a favor, 205 en contra y uno se abstuvo.
Esta medida se deriva de una propuesta presentada el 6 de septiembre de 2023 por un diputado del Grupo Parlamentario de Morena. En el proceso legislativo, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ha encomendado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la responsabilidad de su evaluación y dictamen.
El debate y análisis posterior en el Senado debe tener en cuenta el posible impacto en la independencia del Poder Judicial y en los derechos laborales de sus trabajadores. La iniciativa pone en riesgo la estabilidad de los fondos, los cuales se financian no sólo solo con recursos presupuestarios, sino también con las contribuciones de los mismos trabajadores que han acumulado a lo largo de los años.
Estos fondos se utilizan para cubrir los servicios médicos de emergencia, las pensiones y las reubicaciones derivadas de los compromisos laborales. En resumen, este dictamen no solo afecta la integridad del Poder Judicial en su conjunto, sino que también perjudica a los trabajadores que han dedicado su vida profesional a la carrera judicial.
Como era de esperarse, Andrés Manuel López Obrador minimizó y restó importancia, como suele hacer, al paro nacional convocado por el Poder Judicial hasta el 24 de octubre, que se perfila como el más extenso de este siglo después de que se le retiraran fideicomisos por un total de 15 mil millones de pesos.
El valor de los fideicomisos que se planea eliminar es de 15 mil 434 millones de pesos. Y la peor consecuencia de una huelga será que se suspenda la impartición de justicia.
Como es costumbre del señor omnipotente y todosapiente, salió con el discurso típico de su actuar característico, afirmando que “No pasa nada”, esgrimiendo el argumento sin descaro de que el Poder Judicial sólo se ocupa de liberar a delincuentes del crimen organizado y delincuentes. De cuello blanco.
Además, repitió su habitual afirmación, llenándose la boca con el trillado argumento de que el Poder Judicial no administra justicia, sino que sus empleados obedecen a una minoría de poderosos a quienes se benefician a través de sus decisiones judiciales.
Así es, tal como lo lee, estimado lector, esa fue su declaración al enterarse de que el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación había declarado un paro nacional en todas sus secciones, tras la aprobación en la Cámara de Diputados de la extinción de los fideicomisos de la justicia.
Nuestro flamante presidente minimiza el problema al recurrir a los mismos argumentos viejos y gastados que ha utilizado a diestra y siniestra de manera constante durante todo lo que va de su mandato.
Una de las muchas consecuencias del estallido de la huelga será que se suspenda la impartición de justicia, porque se paralizará el funcionamiento de todo el aparato del sistema judicial, incluyendo los tribunales colegiados, los tribunales de circuito y los juzgados.
Los trabajadores, incluidos los jueces, acusan al gobierno de López Obrador y a sus legisladores aliados de vulnerar sus derechos laborales al recortar los fondos, que ahora se dirigirán directamente a la Tesorería de la Federación.
A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha insistido en que estos fideicomisos no se consideren como “guardaditos” y en que el hecho de que estos recursos públicos se encuentran en fideicomisos no los convierte en recursos privados, ya que estos fondos públicos siguen siendo propiedad del Estado bajo la administración del Poder Judicial de la Federación, que es uno de los tres poderes que conforman el gobierno.
La eliminación de fideicomisos destinados al cumplimiento de obligaciones laborales tendría un impacto en los beneficios, en las prestaciones y pensiones de los trabajadores, además de dificultar la implementación de reformas en los ámbitos penal, civil y laboral.
La iniciativa que fue aprobada viola la autonomía del Poder Judicial en su funcionamiento interno en el manejo de sus recursos financieros. El dictamen aprobado por los diputados infringe y afecta la capacidad de autodeterminación del Poder Judicial para gestionar su funcionamiento interno, recursos humanos y financieros; transgrede la división de poderes y atenta contra la independencia del Poder Judicial de la Federación.
El propósito de mejorar y de fortalecer la transparencia, la gestión y el uso de los recursos públicos no requiere la extinción de fideicomisos, ya que la capacidad de autodeterminación interna es fundamental para ejercer la autonomía presupuestaria del Poder Judicial.
Nuestro país necesita un Poder Judicial fuerte y autónomo, ya que esto es esencial para el estado de derecho; la interferencia y los ataques políticos vulneran y debilitan el sistema, amenazando la certidumbre jurídica necesaria para el desarrollo económico.
Una reforma que se plantea como presupuestaria, pero que tiene un impacto negativo en la solidez del Poder Judicial, afecta el estado de Derecho, el entorno empresarial y la inversión, reduciendo las condiciones de competitividad del país.
Sin embargo, a López Obrador no parece preocuparle esto y persiste en sus intentos de debilitar al Poder Judicial, se ha empecinado, en una y mil maneras, en tirar a la lona al Poder Judicial, aunque con ello tenga que atropellar a los trabajadores que, al fin de cuentas, son quienes están recibiendo las consecuencias de la desaparición de fideicomisos que les garantizan una estabilidad laboral y salarial. Esto solo agrava la tensión entre el presidente y el Poder Judicial, añadiendo una raya más al tigre.
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