Con preocupación hemos visto de manera permanente al señor presidente de la República en sus mañaneras hacer acusaciones sin pruebas, difamar, calumniar, amenazar, denostar, etc., no sólo a periodistas, doctores, jueces… sino a instituciones completas y organizaciones, valiéndose de la investidura que representa y del poder mediático de que dispone.
Ahora siguiendo el mismo método va contra 31 científicos, después de que un juez de distrito negara librar las órdenes de aprehensión contra dichos investigadores y exfuncionarios del Conacyt, pues en su resolución, el juez concluyó que los hechos presentados por la fiscalía no constituyen delitos, porque en su momento estuvieron previstos por la ley y consideró que el financiamiento del Foro Científico y Tecnológico fue legal.
A la decisión judicial, la Fiscalía respondió con un comunicado donde anuncia su intención de mantener la acusación por 4 delitos: peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada, estos dos últimos cargos, los hemos escuchado con frecuencia en el pasado, ahora no, pues la política actual es “abrazos, no balazos”, cuando se les acusa a peligrosos narcotraficantes, y por si esto fuera poco, la FGR pidió a un juez de máxima seguridad de El Altiplano (donde han estado recluidos delincuentes como Joaquín “El Chapo” Guzmán) que otorgue la prisión preventiva, pues considera que los involucrados tienen recurso para evadir la justicia.
Sobre las acusaciones de delincuencia organizada a los investigadores el exministro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío Díaz, criticó el uso de la figura de delincuencia organizada por parte de la FGR. “La delincuencia organizada es un asunto muy delicado que no puede estar imputando a todas las personas en todos los casos. Tiene una legislación especial, tiene principios especiales y me parece que no se puede usar como si fuera cualquier herramienta ordinaria”, dijo al diario El Universal, además agregó “Esto me parece que es una de las formas más perversas que no sólo en México sino en otros lugares del mundo se están usando para meter a las personas en prisión”.
Volviendo a este proceso, al presidente se le preguntó sobre las denuncias y respondió: “Tengo entendido que sí, porque se presume que hubo malos manejos de recursos del Conacyt; sin embargo, esto lo va a resolver el juez y el que nada debe nada teme”. Sin embargo, en declaraciones posteriores, dejó ver que no se trataba de sospechas, sino de certeza absoluta sobre la culpabilidad de los imputados.
Este actuar del Ejecutivo no es nuevo, además de que su declaración de que “esto lo va a resolver el juez” fue un truco verbal para para hacernos creer que su gobierno es respetuoso de la ley y de la división de poderes, pero en los hechos, el presidente usurpa el papel de fiscal y juez; acusa y sentencia sin aportar prueba alguna, valiéndose de su poder, sin que ningún ordenamiento jurídico lo respalde y por tanto no siendo válido a la luz del Derecho. Se trata, pues, de una extralimitación de sus facultades legales y de un peligroso abuso de poder.
Todo lo que está ocurriendo nos debe poner en alerta a todos los mexicanos, pues evidentemente no se respeta la ley al violar el derecho al debido proceso y la presunción de inocencia por parte del presidente y así como ocurre con estos 31 mexicanos bien puede ocurrirle a cualquiera. Que conste.
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