Consciente del terreno que pisaba, mucha razón tenía el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando al inicio de su gobierno pronunciaba su ya para ese entonces trillado discurso: “No es mi fuerte la venganza y no creo que sea bueno para el país empantanarse en perseguir a presuntos corruptos del pasado”, y enfatizó que él era un demócrata y no pretendía ordenar al poder judicial o al legislativo, por ser poderes independientes.
Y claro que tenía razón en no perseguir a los presuntos corruptos del pasado pues, para entonces muchos de estos ya estaban en las filas de su partido, y ocuparían importantes puestos en su gobierno. Sobre si es o no su fuerte la venganza, baste recordar que mientras a los delincuentes los protege y los libera, a Rosario Robles, con quien coincidió políticamente durante mucho tiempo, a pesar de que la ley le permite enfrentar sus acusaciones en libertad, la mantiene encarcelada a pesar de lograr varios amparos.
Contrariamente a lo que declaró en 2018 en su toma de posesión, persigue a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), organismo constitucionalmente autónomo creado para cumplir con la función de organizar las elecciones en el territorio mexicano y hacer que se respeten las leyes electorales, sin someterse a ninguno de los poderes. Pero para el presidente y los miembros de su partido, creadores de sus propios conceptos, sólo son demócratas quienes les son fieles y se someten al poder presidencial.
Los consejeros del INE lo único que han hecho es cumplir con su misión: respetar y hacer respetar las leyes electorales sin distingo. Precisamente evitar que quienes tienen el poder lo usen para saciar intereses de partidos o de grupos para la prolongación del gobierno a través de la imposición de sus candidatos para protegerse las espaldas, como es el caso, por el desastre de su fallido gobierno, o de manera directa, como se deduce con sus acciones de revocación, que han dado en llamar ratificación de mandato.
En una acción sin precedentes en la historia de nuestro país, el presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a seis consejeros electorales: INE Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Dania Ravel, Jaime Rivera, José Roberto Ruiz y a Beatriz Claudia Zavala de supuestos delitos de abuso de autoridad, coalición de servidores públicos y delitos en agravio del servicio público, por incumplir los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, por haberse atrevido a decidir posponer temporalmente la organización de la consulta de revocación de mandato, debido a la falta de presupuesto.
¿Qué pretende López Obrador con sus truculentas maniobras a través de los diputados de Morena y sus “huelelillos” del PVEM y PT? El objetivo es evidente: como lobo con piel de cordero, castigar a los consejeros del INE por no someterse, y por cumplir con lo que les mandata la ley electoral en el proceso democrático de México, impidiendo que hagan con los mexicanos, lo que les venga en gana. Partiendo de esta denuncia, la FGR puede pedir a la Cámara de Diputados el desafuero de los consejeros electorales para que sean sujetos a proceso, por violación del artículo 216 del Código Penal Federal, acusados del delito de coalición de servidores públicos, que se castiga hasta con siete años de prisión, con lo que los diputados de la alianza morenista, con su mayoría, les podrían retirar el fuero a los consejeros electorales, perdiendo el cargo en automático, y quedando el INE con solo cinco integrantes, cuatro de ellos electos en la pasada legislatura por el partido de López Obrador.
De esta manera, el presidente y su partido, con su mayoría podrán nombrar a los consejeros faltantes, y a sus anchas, con cualquiera de sus candidatos, asegurar el triunfo en la elección del 2024 o como ya dijimos, López Obrador seguirá gobernando sin ningún contrapeso por otros seis años o los que se les antoje. Los mexicanos debemos reprobar, condenar y defender enérgicamente la actitud de Morena contra de los consejeros del INE y la democracia.
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