Uno de los espacios más democráticos para la convivencia de niñas, niños y adolescentes es la escuela, porque en ella los alumnos, en la inmensa mayoría de los casos uniformados, interactúan, trabajan, se relacionan con sus pares -decimos los maestros-, haciendo uso del equipo y de las instalaciones del plantel escolar al que asisten; dirigidos, asesorados y ante la mirada vigilante del personal docente y de apoyo a la educación. Toda la comunidad escolar goza o padece (según sea el caso) las mismas condiciones materiales de aprendizaje proporcionadas por la escuela; cada inicio de ciclo escolar el personal docente tiene que hacer un diagnóstico grupal para planear e instrumentar las estrategias propicias para que, tomando en cuenta las particularidades de cada alumno, el grupo avance de la mejor manera posible hacia los aprendizajes esperados, asegurando para el conjunto un avance firme hacia el siguiente nivel o grado de escolaridad.
En todo este proceso reformas van, contrarreformas vienen y siempre se solicita al personal docente de su abnegación, entusiasmo, creatividad, eros pedagógico (el amor por la práctica educativa y por los alumnos), empatía, innovación, capacitación constante, actualización para desarrollar también habilidades socioemocionales en los educandos. Y con todo esto en marcha, los resultados en el ámbito educativo no han sido nada alentadores, según las evaluaciones más serias y objetivas, como PISA y las de la OCDE.
Ya estábamos mal. Y se presentó la pandemia, de repente nos encontramos con la necesidad no de innovar sino de adaptarnos a la educación a distancia, al uso de las tecnologías, a aceptar como aliados a los antes combatidos, por distractores y perdedores de tiempo: el teléfono inteligente y las redes sociales. Cambiamos el reglamento del salón por las reglas de uso del internet y las redes sociales; tuvimos que agregarnos en grupos y aceptar la comunicación a través de esos métodos para estar en contacto escolar, tuvimos que indagar quiénes de entre los alumnos contaban con un teléfono inteligente, quiénes lo podían usar de manera particular o con cuántos miembros más de la familia tendrían que compartirlo, quiénes contaban con televisión en casa, con energía eléctrica, con agua corriente para que pudieran realizar el lavado de manos constantemente, identificar a quiénes les podían ayudar a hacer las actividades escolares y quienes tenían que trabajar solos; la planeación de las actividades escolares tenía que contemplar ahora las particularidades de cada estudiante para que fueran efectivas. Y no hubieran sido tan marcadas las diferencias o tan desalentadores los resultados de la educación a distancia, comparados con los de las clases presenciales, si las autoridades hubieran realizado un mejor manejo de la pandemia de manera integral, en todos los ámbitos de la vida social, pero esa ineptitud o miopía logró que quedaran más evidentes que nunca las enormes diferencias, la inconmensurable desigualdad, que estando en clases presenciales ya existía, pero quedaba disfrazada con el democrático espacio común.
Desde el inicio de la administración federal, esto es, mucho antes de la pandemia, se borró de un plumazo el programa de apoyo a las familias donde se contemplaba la alimentación, educación y salud. En ese programa, las familias completas tenían que cumplir como requisito una revisión médica de prevención y control de enfermedades, así como de talla y peso; los estudiantes debían cubrir la asistencia mínima y regular a las clases del nivel escolar en el que se encontraran, y la jefas de familia recibían pláticas para el aprovechamiento alimenticio de productos locales, nutritivos y económicos; este programa seguramente tenía errores, vicios insuficiencias y daba lugar a corruptelas, por lo menos ese fue el argumento esgrimido aunque nunca probado con datos, cifras, nombres, por los adalides de la honestidad y… pero en su lugar no diseñaron una alternativa, nada, el desamparo y la desatención para todo el universo de familias que antes sí se beneficiaba del susodicho programa. Tuvieron oportunidad de remediarlo, y en los primeros días de la pandemia, la medida del aislamiento social hubiera sido más efectiva si a las familias de más escasos recursos, que son la inmensa mayoría (esto es, al 70% que no logra conectarse a las clases virtuales), se les hubiera reintegrado a ese apoyo y agregar a quienes no lo recibían; de todos modos. Las reglas de operación o la transparencia administrativa de esta 4ªT brillan por su ausencia.
En nuestro estado de Chihuahua, los planteles escolares venían padeciendo de la otra pandemia, la de la inseguridad. Cada periodo vacacional era estar tronándose los dedos por parte de las comunidades escolares para que la delincuencia no hiciera muchos estragos en el equipo o material que se quedaba en las escuelas; bueno, pues este problema, con la pandemia agregada, alcanzó un crecimiento exponencial, los planteles, ante la prohibición de ser ocupados por cualquier personal, fueron blanco favorito de los asiduos amantes de lo ajeno que de manera desvergonzada y cínica se han tomado todo el tiempo del mundo para hacer incursiones constantes y no dejar piedra sobre piedra en ellos.
Ante tal situación de emergencia y recrudecimiento de los problemas, un grupo de preocupados docentes, directivos y padres de familia, buscaron una alternativa adicional a las filas de solicitudes de apoyo que por la vía institucional habían estado realizando ante las autoridades correspondientes de la SEyD; era necesaria la unión para alcanzar a ser escuchados, a ver si por otra vía se reforzaba su clamor y que por fin se vieran atendidas las peticiones ya tan largamente aplazadas. Se unieron con Antorcha Magisterial, que por ser una organización de carácter nacional, les sería de mucho apoyo haciendo eco a sus sentidas peticiones, pero ¡oh decepción!, en lugar de un atento y agradecido gesto por la preocupación de los compañeros peticionarios, lo que recibieron como respuesta por parte de los funcionarios educativos, fue la recriminación y reconvención de los encargados de resolver esos asuntos. Sí, lo leyó usted bien: se trata de servidores públicos que, ya en la recta final de sus encargos, no precisamente han sumado reconocimientos entusiastas por el cumplimiento de su labor, pues entonces que la patria se los demande ¿o no? No cabe duda de que, como bien lo dice el dicho popular, “en todos lados se cuecen habas”, digo, porque acá no tenemos una 4ªT estatal, pero sí esperábamos un “nuevo amanecer” que nomás no llegó.
Pues bien, no nos queda más que seguir insistiendo en esta senda de lucha, en el claro entendido de que no cometemos ningún delito, antes bien estamos ejerciendo, mientras todavía se puede, nuestros derechos constitucionales.
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