Como lo sabe la gran mayoría de los mexicanos, el pasado tres de diciembre de los corrientes, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador rindió su tercer informe de gobierno en el que como siempre, echó las campanas a vuelo señalando que su gobierno se mantiene de pie y avanza hacia la consolidación de la cuarta transformación. Para apuntalar su dicho, refirió, verdades a medias o de plano mentiras deliberadas, entre las que destaco sólo dos de ellas, por guardar relación directa con el tema del que pretendo ocuparme en esta colaboración semanal: 1. Se basificará a los 80 mil trabajadores de la salud que fueron contratados para atender la crisis sanitaria provocada por la pandemia, con lo que se garantiza que mantendrán su empleo. 2.- Con relación a las libertades y el respeto a los derechos humanos el primer mandatario señaló: Nosotros (se entiende que el gobierno de la 4T) por convicción, jamás limitaríamos la libertad de expresión. “Me llena de orgullo el que se garantice la libertad de expresión. Esto no había pasado en mucho tiempo. Con esto se demuestra, dijo el mandatario, que “estamos viviendo un momento estelar en la vida pública de México. Parte de la transformación es garantizar a plenitud las libertades”.

En esto, como ocurre casi en todos los aspectos de la vida pública nacional, la realidad desmiente al presidente. Veamos.

El pasado nueve de diciembre en su pronunciamiento de cada semana, el Secretario General del Movimiento Antorchista Nacional (MAN), Aquiles Córdova Morán (ACM), denunció que los dirigentes de Antorcha de Oaxaca y Veracruz son víctimas de persecución política por parte de los gobiernos estatales,  –así lo evidencian las amenazas-, poniendo en riesgo sus vidas; por lo que convocó al antorchismo nacional y a los mexicanos en general, a defender a las víctimas de represión y violación de los derechos humanos, orquestado por gobiernos emanados del partido Morena. 

Dimas Romero González, dirigente del antorchismo en Oaxaca y  Samuel Aguirre Ochoa, de Veracruz, quienes, por separado, han sido amedrentados, luego de que se pusieron al frente en la gestión de demandas que de resolverse, beneficiarían a  miles de familias, o en la reinstalación en sus puestos de trabajo como es el caso de más de dos mil trabajadores de la salud que fueron despedidos por el gobernador de Oaxaca Alejandro Murat y a quienes el presidente de la República ofreció que serían reinstalados, en una de sus visitas al estado. 

Estos hechos, “debieran importarnos y preocuparnos a todos los mexicanos, porque ponen de manifiesto y demuestran, una vez más, el clima de represión y de violación abierta y sistemática de las garantías constitucionales y el uso torcido de la ley como arma para perseguir y acallar a los críticos y disidentes del gobierno actual”, señaló en su mensaje el líder nacional.

En Oaxaca, los antorchistas -uno de los estados con mayores índices de pobreza y marginación social de todo el país- se mantuvieron en plantón durante casi tres meses frente a la casa de gobierno en demanda de soluciones a viejos problemas cuya solución han comprometido una y otra vez las autoridades responsables, incluido el gobernador, y una y otra vez han incumplido su palabra. Del mismo modo y apoyándose mutuamente, personal de salud que fue contratado en la etapa más crítica de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de covid-19 y que, pasada la emergencia, fueron despedidos sin que al gobierno le hayan importado méritos, antigüedad ni situación familiar; instalaron también su protesta legítima, en demanda de ser reinstalados en sus puestos de trabajo. 

Después de varios días de plantón, una representación de los despedidos, tuvo la oportunidad de entrevistarse con el presidente López Obrador en una de sus visitas a Oaxaca, recibiendo la promesa del mismo, de que se estudiaría su situación y, al menos la mayoría, sería recontratada. La promesa no ha sido cumplida y el plantón de médicos, enfermeras y trabajadores fue desalojado violentamente la madrugada del domingo 21 de noviembre por un fuerte contingente de la policía estatal. ¿Dónde quedó la promesa de recontratación y ahora de basificación de ochenta mil trabajadores de la salud anunciada por el presidente en su tercer informe de gobierno? ¿Son estos los momentos estelares que se viven en el país y que presumió el presidente también en su informe? ¿Así se respeta, por convicción, la libertad de expresión de la que tanto alarde hace el primer mandatario?

Posterior al desalojo del plantón, “empezaron a circular en grupos de Watzap de reporteros locales, varios mensajes en contra de Dimas Romero y del Movimiento Antorchista, denostando su trabajo y con claras amenazas contra su persona. Un segundo anónimo "contiene menos información oficial y se dedica más a los insultos y la difamación a secas, aunque de todos modos exhibe la mano de funcionarios estatales”, abundó el dirigente nacional ACM.

El líder social precisó que “ni Dimas, ni Antorcha piden dinero jamás, sino sólo obras, obras visibles, comprobables, constantes y sonantes, para beneficio de colonias y pueblos pobres y olvidados, que en Oaxaca suman cientos. Las cifras en dinero que aquí se manejan, son el costo de esas obras calculado por el propio gobierno del estado y que se ha comprometido resolver. El ataque no es más que un modo turbio para desconocer ese compromiso”.

El otro caso, no menos grave ni menos importante y preocupante es el de Samuel Aguirre en Veracruz. El pasado 24 de noviembre, el líder del antorchismo en ese estado, recibió un citatorio judicial en el que se le indicaba presentarse el 1 de diciembre en el Centro de Medios Alternativos de Solución de Conflictos del Estado. “Previendo una posible maniobra para detenerlo, -reiteró ACM- dadas las reiteradas amenazas en este sentido propaladas en los últimos meses, acudió en su lugar su representante legal, el cual fue informado de que la señora María Nayeli “N” lo acusa de haber intentado venderle un terreno, por el cual le adelanto la cantidad de 180 mil pesos. Tras una indagatoria por parte de los abogados del líder Antorchista, quedó claro que, “María Nayeli “N” fue víctima de estafadores profesionales que no tienen absolutamente nada que ver con Samuel ni con el Movimiento Antorchista en Veracruz. Sin embargo, hay elementos turbios que vuelven preocupante el asunto. El primero es que tanto el poder notarial apócrifo como la operación de compra-venta y la entrega del dinero se celebraron ante notario público, que dio fe de los hechos. Esto no es sencillo para cualquier raterillo vulgar en virtud de que la fe pública de que se halla investido un notario conlleva serios deberes y responsabilidades que lo obligan a ser sumamente cuidadoso con los documentos que valida y la identidad de las personas que solicitan sus servicios”. Finalmente, el dirigente nacional del MAN advirtió que en “Veracruz, existe un clima de persecución y represión que impera contra los opositores o disidentes del gobierno del estado. Así lo evidencia el diario digital EME/EQUIS, medio que encabezó su nota del 3 de diciembre: “Odio jarocho. La Fiscalía de Cuitláhuac García se enreda en detenciones de políticos”.

Todos estos hechos, evidencian que el gobierno de la 4T y algunos de sus aliados como el gobernador de Oaxaca, no tienen reparo en torcer el estado de derecho, violentar las garantías constitucionales con tal de cobrar venganza sobre sus opositores que critican sus políticas erráticas y que no coinciden con sus acciones de gobierno que están llevando al país peligrosamente al despeñadero.

El antorchismo de Hidalgo, al igual que el resto del país, nos encontramos indignados y alertas para atender el llamado de la dirigencia nacional en el sentido de estar pendientes de ambos casos y prepararnos desde ahora, para defender a Samuel Aguirre y Dimas Romero en caso de un “atropello a su libertad, a sus derechos y a su imagen pública”, desde este modesto espacio, nos solidarizamos con nuestros compañeros a quienes se les calumnia, agrede y amenaza sin ninguna razón, al mismo tiempo que denunciamos al gobierno autocrático de López Obrador y estaremos atentos al llamado de la organización para la defensa de nuestro derecho a existir como organización consagrado expresamente en la Constitución General de la República. No más, pero tampoco menos.