Han pasado dos años de gobierno encabezado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador y, la situación en que viven los hombres y mujeres que hacen producir el sector primario de la economía no mejora, por el contrario, su situación es más aguda, cada vez más difícil. Lejos quedó la promesa de darle prioridad al sector, haciendo de México un país autosuficiente en la producción de alimentos, se dijo en aquel entonces que como nunca el campo sería apoyado.
Sin embargo, el sector de la producción agropecuaria en nuestro país se ha mantenido en una situación de permanente deterioro, que se refleja en su incapacidad crónica de respuesta productiva, lo que ha tenido altos costos para la sociedad.
La crisis del sector ha significado la pérdida de capacidad de producir los alimentos que demanda la población, para pasar del periodo de la autosuficiencia a una dependencia alimentaria superior al 50 por ciento. Pero si nuestra dependencia alimentaria ha sido un alto costo que se ha pagado, no menos costoso ha sido el que millones de mexicanos hayan caído a la condición de pobreza y pobreza extrema. La pobreza laboral (porcentaje de población con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria) aumentó 3.5 puntos porcentuales a nivel nacional, al pasar de 35.6 a 39.4 por ciento entre el primer trimestre de 2020 y 2021.
El problema alimentario afecta a toda la población, que tiene que pagar precios cada vez mayores por ellos, y todo indica que esta tendencia se agudizará desmesuradamente. A principios de junio, la Agencia de Alimentación de la ONU (FAO), indicó en su informe semestral de Perspectivas alimenticias, que los costos de importaciones de alimentos en todo el mundo incrementen a niveles récord este año, afectando, sobre todo, a los más pobres, mismos que han sido los más perjudicados económicamente por la pandemia de Covid-19. Asimismo, el índice mensual de precios de alimentos de la FAO en mayo, alcanzó el máximo en los últimos 10 años, reflejando fuertes incrementos en cereales, aceites vegetales y el azúcar.
Los países de bajos ingresos como México y con déficit de alimentos, verán un aumento del 20 por ciento en sus costos de importación de víveres.
Cabe destacar que indicadores de seguridad alimentaria de la FAO en el 2020, señalaron que México, en la inseguridad alimentaria moderada o grave, pasó del 27.4 al 34.9 por ciento, lo que representó[t1] más de 10 millones de personas afectadas y de casi cinco millones en situación de inseguridad alimentaria grave.
Los incrementos de precios están ocasionando que millones de mexicanos caigan en pobreza alimentaria, es decir, sin capacidad económica para poder acceder a los alimentos básicos. De acuerdo con el libro de Villa Issa, 10 por ciento de la población más pobre del país destina 88.6 por ciento de su gasto en alimentos, tendencia que va bajando hasta llegar a sólo 12 para el 10 por ciento de la población más rica.
¿Cómo es que se llegó a este nivel de deterioro el campo? La respuesta es muy sencilla: por el abandono. En primer término, no hay en el Gobierno de la 4T, un plan científico y técnicamente elaborado, para darle rumbo a este importante sector donde se ocupan 13.25 por ciento de millones de trabajadores. El 22 por ciento del total de la población mexicana, aporta el 3.39 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB).
Los programas que se implementaron para los pequeños productores, como fertilizantes, crédito ganadero, sembrando vida, semilla mejorada, han sido fuertemente criticados por los mismos beneficiados por operar con opacidad, favoritismo partidista, retraso, mala calidad y que no cubre el total del universo de la demanda, aunado a que los apoyos que fueron prometidos por desastres naturales, derivado de las inundaciones que provocaron las tormentas tropicales y huracanes en Yucatán, los campesinos sólo fueron engañados y jamás apoyados.
En un recorrido en el oriente yucateco, Jorge Díaz Loeza, secretario de Desarrollo Rural (Seder) dijo: “la pandemia por el coronavirus está generando una situación extrema en el campo y si no impulsamos una reactivación económica en el Estado mediante inyección de recursos, las afectaciones serán catastróficas, poniendo en riesgo la autosuficiencia alimentaria con la pérdida de miles de empleos y, con ello, complicando la estabilidad social. La salud es primordial pero no se puede dejar de mirar al sector agropecuario. La gente se puede abstener de comprar ciertos artículos, pero no de adquirir alimentos y el campo es el principal proveedor de ellos”.
En cuanto a la agricultura comercial, las cosas andan peor. Desde el 2020, se disminuyó el presupuesto al sector, muchos programas que beneficiaban a este tipo de agricultura fueron cancelados bajo el argumento de la corrupción, pero no hubo programas alternativos y la prueba más clara del menosprecio del Gobierno morenista al sector primario de la economía, fue el presupuesto para este 2021, siendo de 31 025.4 mdp y en el incremento de las importaciones de granos a EE. UU., como parte de los acuerdos del tratado T-MEC, en perjuicio principalmente de los agricultores del país, que se dedican a la agricultura comercial.
Si el Gobierno tuviera un poco de preocupación hacia el sector primario; para revertir la situación, tendría que hacer una política de desarrollo con una visión de largo plazo, que se aboque a atacar los problemas estructurales, y que sea capaz de articular principios y políticas públicas, que lleven a una reforma integral del campo, como su principal eje, como un asunto de seguridad nacional y en estado de emergencia, de donde se desprendan políticas públicas: atención integral al campo para que sea competitivo, atención a grupos rurales prioritarios, sustentabilidad a las actividades agropecuarias, revisión y adecuación del marco jurídico.
Pero como eso es pedir peras al olmo, podemos concluir que el campo no puede esperar hasta que el Gobierno quiera, el cual está sometido, al igual que los gobiernos anteriores, a los intereses del gran capital, de las empresas transnacionales como Monsanto, Pioneer, Bayer, Syngenta entre otras, y que son las que dictan la verdadera política a seguir en el campo mexicano, para eso López Obrador tiene muy cerca, al empresario regiomontano Alfonso Romo.
Ante este panorama tan preocupante para los mexicanos, ¿qué debe hacer la masa que vive del campo? La respuesta es, organizarse y luchar, formar una gran alianza entre todas las fuerzas democráticas y progresistas y ponerle un alto a la política de este Gobierno de pseudoizquierda que resultó ser más neoliberal que los pasados gobiernos priistas y panistas. Los productores pequeños, medianos y grandes, deben elevar su voz de manera organizada y exigir al Presidente de la República, recursos extraordinarios para incentivar la economía agropecuaria, de no ser así, la crisis en este sector se agudizará y quién pagará como siempre, será el pueblo pobre.
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