Ver para creerlo. El lunes 11 de octubre, en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador, anunció que haría su segunda gira internacional y que el próximo 9 de noviembre estaría en la sede de la ONU en Nueva York, para presenciar la instalación de México en la presidencia del Consejo de Seguridad, cargo rotativo y que esta vez desempeñará nuestro país. El mandatario dijo que pronunciará un discurso ese día en el cual hablará de la corrupción como la causante de la desigualdad social en los distintos países del mundo y entre las naciones. Una posición delirante y totalmente contrapuesta al consenso mundial al que cada vez más gobiernos, analistas y organismos internacionales se adhieren: la desigualdad económica y social en nuestros días es producto de la acelerada concentración de la riqueza producida en unas cuantas manos, como resultado del modelo económico neoliberal, al que hay que corregir y acotar mediante reformas de hondo calado.
Y es que aun suponiendo que la tesis lopezobradorista sobre el origen de la desigualdad social fuera cierto, su gobierno no es propiamente un ejemplo en este terreno, como para ser motivo de orgullo y presumir en un foro de tan alto nivel como lo es la ONU. En México, la percepción de corrupción que tiene la población sobre las instituciones gubernamentales se ha venido degradando en los años de su sexenio en lugar de mejorar. Según el último ranking elaborado por la organización internacional no gubernamental World Justice Project, dado a conocer esta semana, nuestro país ocupa el lugar 135 de entre 139, como uno de los países en donde los ciudadanos perciben más corrupción en el gobierno, se cayó 17 lugares en el ranking desde la última medición en 2020. El índice se basó en encuestas a más de 138 mil hogares y 4 mil 200 especialistas de todo el mundo.
Con apenas un 0.26% de calificación en el rubro “Ausencia de Corrupción”, México se ubicó en el último lugar de 32 países evaluados en América Latina y apenas superó a 4 naciones africanas con problemas de violencia. Según WJP, el factor de medición toma en cuenta tres formas de corrupción: “sobornos, influencias indebidas por intereses públicos o privados, así como la apropiación indebida de fondos públicos u otros recursos por funcionarios”, por lo que la calificación de los ciudadanos mexicanos encuestados refleja que éstos perciben que las tres formas se siguen practicando y agudizando en el gobierno de México. A pesar de tan mala calificación y pésimos resultados en el combate a la corrupción, el presidente López Obrador irá a sermonear a la ONU sobre este problema. Aquí se cumple el dicho popular de que pretende ser candil de la calle mientras es oscuridad de su casa.
Sin embargo, más allá de los ensueños del presidente López Obrador, como se ha dicho anteriormente, en el mundo cada vez existe un debate más profundo y serio sobre los caminos para combatir la creciente desigualdad social. “El 1 por ciento de los más ricos, por ejemplo, tiene el doble de dinero que 6 mil 900 millones de personas, y la mitad de la población del mundo vive con menos de 5.50 dólares al día (113 pesos a valor actual)”, señaló recientemente un informe de la Oxfam, otra ONG sin ningún sesgo izquierdista y, mucho menos, comunista.
El problema también se lo han planteado organizaciones internacionales como la OCDE, que reúne a las economías más pujantes del planeta, como un problema de primer orden, no por una cuestión moral, sino sobre todo económica, pues la creciente desigualdad social ha detenido el crecimiento económico y ha impactado la demanda agregada, esto es, la capacidad de consumo de la población, la poca inversión pública y privada, las exportaciones en el mercado internacional y, además, ha disminuido la productividad. El aumento acelerado de la pobreza, potenciado por la pandemia global, entre la inmensa mayoría de la población y las paupérrimas condiciones de vida que llevan se ha vuelto un freno objetivo para la generación de más riqueza social, por ello debe ser contenido.
Precisamente la OCDE ha dado uno de los giros más sorprendentes a nivel global, en un reciente acuerdo signado por 136 países, determinaron gravar con impuestos progresivos a las grandes empresas multinacionales, con el fin expreso de distribuir de manera más equitativa la riqueza social al interior de los países y a nivel mundial entre las naciones. En primer lugar, otorgando derechos de gravamen a los países en donde éstas realizan sus actividades y obtienen ganancias, independiente de si tiene presencia física (instalaciones) en el país, se trata de empresas multinacionales cuyas ventas mundiales superan los 20 mil millones de euros y su rentabilidad exceda del 10%. Y, en segundo lugar, estableciendo un impuesto mínimo global del 15%, aplicable a las empresas cuya cifra de negocios supere los 750 millones de euros, con lo que se calcula que generará una recaudación tributaria adicional, en todo el mundo, de unos 150 mil millones de dólares estadounidenses anuales. Los 136 países firmantes del llamado Marco Inclusivo, deberán adecuar sus legislaciones para que las reformas entren en vigor en 2023.
Por lo que respecta a los antorchistas, siempre hemos sostenido que López Obrador está equivocado en su análisis sobre el origen de la desigualdad y que, por tanto, está condenado al fracaso, aun suponiendo sin conceder que tuviera buenas intenciones. Sobre el error de análisis, nuestro secretario general, ingeniero Aquiles Córdova Morán, en su artículo “¿Corrupción o concentración de la riqueza?” de febrero de 2021, que recomiendo leer ampliamente, explicó lo siguiente:
“La corrupción es, siempre y en todas partes, desplazamiento, redistribución ilegítima de la riqueza previamente creada, nunca, por ningún lado se ve que la corrupción reparta o redistribuya riqueza creada por ella misma. Para que exista corrupción tiene que haber primero riqueza… La corrupción, pues, no es una variable independiente sino derivada de la preexistencia y acumulación de la riqueza creada por los obreros en las fábricas del capitalista y por los campesinos. Nace de la exagerada e irracional concentración de la riqueza así producida en unas cuantas manos, mientras la inmensa mayoría de la población apenas tiene lo indispensable para no morir de inanición”.
Por ello, somos partidarios de que esta riqueza se redistribuya, somos partidarios de los impuestos progresivos, sobre los que hoy discute el mundo, con el agregado de que consideramos que estos ingresos deben ser utilizados por el gobierno para atender las necesidades más urgentes de la población y para impulsar la inversión en infraestructura pública. Esto sí que ayudará a combatir la desigualdad en México y en el mundo entero.
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