El pasado 15 de abril de 2021, la Cámara de Senadores aprobó en sesión a distancia, la adición del artículo décimo tercero transitorio al proyecto de decreto de las leyes reglamentarias de la “Reforma Judicial”. La propuesta fue aprobada en votación económica, sin discusión, como se puede observar en el acta de la sesión. A esto se le conoce en los medios de comunicación como “Ley Zaldívar”.
La propuesta fue realizada por el senador Raúl Bolaños Cacho Cué y el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Dicho senador fue electo en el estado de Oaxaca, por el principio de primera minoría.
En el artículo transitorio se propone que el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y diversos integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, prolonguen hasta 2 años más sus cargos. Según el documento, la propuesta de prorrogar los cargos se hace tomando en consideración que la pandemia por covid-19 impidió que la reforma constitucional se aprobara hace un año, como se esperaba, y con la finalidad de “asegurarnos de que el órgano administrativo encargado de su instrumentación cuente con el tiempo y la continuidad necesarios para efectuar los cambios profundos que la Constitución y las presentes leyes imponen”. Sin embargo, esta justificación parece insuficiente si tomamos en consideración lo que establece la Constitución y lo dicho anteriormente por el propio ministro Zaldívar.
¿Cuál es el problema suscitado por el artículo transitorio en cuestión? Al establecer que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durará en el cargo hasta el 30 de noviembre del 2024, el legislador propuso extender el mandato de Zaldívar a 5 años y 11 meses. Asimismo, el artículo transitorio en cuestión también prevé alargar los cargos de consejeros de la Judicatura Federal a 7 años en lugar de 5.
El problema de constitucionalidad es obvio. Nuestra Constitución Política establece claramente en el párrafo cuarto del artículo 97, que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación únicamente durará 4 años en el cargo y que no podrá ser reelecto para el periodo inmediato siguiente. De igual manera el artículo 100 constitucional limita la duración del cargo de los consejeros de la Judicatura Federal a 5 años.
Ahora bien, la cuestión va más allá de un número, pues la ampliación de estos cargos atenta contra la independencia judicial. Esta garantía es fundamental para el funcionamiento adecuado de una democracia, pues constituye uno de los pilares del principio separación de poderes y de las garantías del debido proceso. Dicho de otro modo, los jueces y, en general, el Poder Judicial debe estar libre de cualquier tipo de influencia por parte de otro órgano del Estado u otros agentes externos. El Poder Judicial debe ser el guardián de los derechos de las personas, de la Constitución y de la Ley y debe de contar con los mecanismos institucionales necesarios para resistir a las presiones del poder político y otros sectores.
En ese sentido, la independencia es una condición necesaria para que no resienta ningún tipo de influencia externa a la hora de tomar decisiones. Al respecto, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha explicado que no es suficiente que los jueces tengan la obligación de conducirse con imparcialidad y objetividad, sino que no puede haber duda alguna –desde el punto de vista de un observador razonable– sobre su imparcialidad.
Pues bien, los diputados al Congreso de la Unión pudieron haber corregido la plana y evitar el atropello que los Senadores estaban haciendo a nuestra constitución, sin embargo, como todos sabemos la mañana del viernes 23 de abril tras una sesión maratónica la mayoría de los diputados que están “controlados” por Morena y el presidente de la Repúublica, Andrés Manuel López Obrador(AMLO), aprobó en lo general la minuta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la cual contempla extender por dos años la presidencia del ministro Arturo Zaldívar, consumando así, un claro atentado contra la Democracia, la División de Poderes y el Estado de Derecho en México.
Con este tipo de acciones, vemos que hay una clara intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial y la sumisión de éste al ejecutivo. Vemos una Suprema Corte ni independiente ni vigorosa ni mucho menos autónoma. Está claro que el presidente López Obrador quiere tener control, injerencia y quiere mantener a su contentillo al presidente de la Corte que le resultó incómoda, esto es inaceptable en un país democrático.
AMLO está preparando todo para concentrar los tres poderes en sus manos. Está en curso una posible reelección del tabasqueño y la imposición de una dictadura como la de Porfirio Díaz. Así lo demuestra la ley Zaldívar. Los mexicanos bien nacidos debemos alzar la voz y no permitir que Morena y López Obrador sigan atentando contra la democracia que tanto nos ha costado. El arma fundamental la tenemos en nuestras manos, este 6 de junio votemos para que Morena ya no tenga mayoría en el congreso y así, cerrarles el paso a estos “locos de poder”.
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