En el transcurso del sexenio, López Obrador ha demostrado en innumerables ocasiones sus verdaderos intereses, intereses similares a los que persiguió la mafia del poder (que como todos sabemos, es la reencarnación del mal): perpetuarse en el gobierno para beneficiarse de él (junto con todos sus compinches), sin importar los medios y las consecuencias que impliquen. No bastan todos los muertos por covid-29, no basta el desabasto de medicamentos, no basta el aumento de la violencia, no importa la expansión del narcotráfico, no importa la deserción escolar ni mucho menos el rezago educativo; era necesario, por supuesto, acabar con las escuelas de tiempo completo. Coherente con su eslogan de campaña, “primero los pobres”, son los pobres los primeros afectados con las políticas implementadas hasta ahora. Pero el sustento de las palabras deben ser los hechos; repasemos algunos datos.
El Programa Escuelas de tiempo completo inició en el ciclo escolar 2007 – 2008, en el que participaban aproximadamente 27,000 colegios. Éste brindaba entre 1.5 y 3.5 horas de clases suplementarias entre regularización, actividades culturales, actividades deportivas, enseñanza de lengua extranjera, además de brindar una comida al día. Según datos de la Unicef, 11 % de lo niños, esta era la única comida que ingerían al día.
Es un secreto a voces que la educación se encuentra en crisis por las condiciones sanitarias actuales la deserción escolar se ha disparado, por lo que cualquiera esperaría un aumento del presupuesto para la educación en lugar de un recorte. En 2019, a este proyecto se le asignaron 10,100 millones de pesos, sin embargo, por el cierre obligado de las escuelas, este recurso no se ocupó en los años subsecuentes. Para el 2022, a la SEP sólo se le otorgaron 14,000 millones de pesos. De esta manera se descobija a 3.6 millones de niños, dejándolos a su suerte. ¿Qué les espera a aquellos que por falta de recursos deben abandonar la escuela? El amparo del trabajo infantil, el quehacer de sus casas, el cuidado de sus hermanos (en muchos casos, son niños cuyas madres trabajan) y, lo más preocupante, el amparo de los grupos delincuenciales.
La Secretaria de Educación, Delfina Gómez, justificaba este descobijo con el argumento de que era necesario invertir en la infraestructura de las escuela. Bajo la finísima lógica (o subestimación del intelecto de los mexicanos sensatos) es importante tener escuelas pintadas, en buenas condiciones y niños con hambre o cometiendo actos delictivos. Así los cambios en esta transformación de cuarta.
En próximos días, el 10 de abril para ser más precisos, se llevará a cabo una consulta popular en la que se pretende conocer la voluntad del Pueblo a través de un ejercicio de democracia directa, en donde cada ciudadano pobre verter su opinión a través del voto, en donde, según varios analistas, se pretende más un ejercicio de egocentrismo presidencia que una verdadera consulta. Este chistecito del presidente supone (presupuesto que calculó en su momento el INE) un gasto de por lo menos 9,000 millones de pesos (sin dejar de lado la consulta para el juicio a los expresidentes que costó 528 millones de pesos). Tenemos dinero, sí, para consultas insulsas y superficiales para inflar el ego de la figura presidencial (y una posible campaña anticipada para el 2024), pero no para invertir en Escuelas de tiempo completo; hay consultas, sí para juzgar a los expresidentes corruptos y para revocar (aprobar) el mandato de López Obrador, pero no para conocer la voluntad del Pueblo respecto a la educación de sus hijos. ¿Será que estamos atravesando por un período de verdadera democracia directa o será más del mismo circo de siempre? Es hora de que la voluntad del Pueblo se escuche, pero no a través de ejercicios propuestos (impuesto) por quien gobierna, si no a través de la organización y participación activa de la ciudadanía. No podemos condenarnos ni condenar el futuro de México.
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