López Obrador prometió acabar con la corrupción, pero lleva más de la mitad de su sexenio y ahora hay más corrupción que antes, pues resulta que 8 de cada 10 contratos que asigna su gobierno lo hace por adjudicación directa, el mecanismo que más corrupción propicia porque los funcionarios pueden asignar contratos a sus amigos y socios y, mediante moches, quedarse con una parte de los millonarios montos asignados, lo que podría evitarse si convocara a varias empresas a concursar públicamente por el contrato.
Eso, sumado a otros escandalosos actos de tráfico de influencias en los que se ha visto involucrados familiares, amigos y funcionarios del Presidente López Obrador, han dado como resultado que México sea visto ahora como un país más corrupto, pues está ubicado en el último lugar en transparencia y combate a la corrupción de los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
La mayoría de esos contratos por adjudicación directa fueron otorgados por seis dependencias: el IMSS, Lotería Nacional (Lotenal), Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot, antes Fonacot) y las secretarías de Gobernación, Sedena y SHCP.
Los medios de comunicación no han estado exentos de ese favoritismo que propicia robos al erario: el 90 por ciento del gasto gubernamental en comunicación social y publicidad se hizo con el mismo procedimiento de asignación directa; los principales contratos fueron otorgados a empresas como Televisa, Estudios Azteca y el diario La Jornada.
Aquella frase de “no robar”, repetida hasta el cansancio por López Obrador en su campaña, ha quedado en pura farsa para engañar incautos.
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