El reciente estallido de violencia entre Israel y Palestina en Gaza nos enfrenta nuevamente a la dolorosa realidad del conflicto que ambos pueblos viven desde hace décadas. Si bien los ataques con cohetes de Hamás contra ciudades israelíes son condenables, la respuesta desproporcionada de Israel con bombardeos masivos sobre Gaza constituye crímenes de guerra contra la población civil palestina.
Israel justifica su accionar bajo el ambiguo concepto de “legítima defensa”, pero los hechos demuestran que se trata de castigos colectivos contra el conjunto de la sociedad gazatí, sin distinguir entre combatientes y civiles. Estas acciones israelíes, lejos de disuadir a los grupos radicales palestinos, alimentan el ciclo de violencia al infligir sufrimiento sobre familias inocentes.
El origen de este conflicto se precisa desde la creación del Estado de Israel en 1948, que implicó la expulsión masiva de cientos de miles de palestinos de sus hogares. Desde entonces, Israel ha segregado y negado derechos a los palestinos, consolidando un régimen de apartheid según organismos internacionales. El actual gobierno israelí ni siquiera reconoce la igualdad de derechos de los ciudadanos árabes de Israel.
Israel justifica su bombardeo a Palestina bajo el ambiguo concepto de “legítima defensa”, pero en realidad son castigos contra la sociedad gazatí, que no distinguen a civiles de combatientes.
La comunidad mundial ha sido cómplice de esta situación al brindar apoyo irrestricto a Israel, permitiendo la expansión de asentamientos en territorios ocupados y el bloqueo a Gaza. Países como Estados Unidos le proveen armas utilizadas contra civiles palestinos, en violación del derecho internacional. Los medios suelen mostrar sólo un lado, invisibilizando los crímenes israelíes.
Ha llegado el momento de que la ONU y organismos de derechos humanos actúen con firmeza, no sólo con tibias declaraciones. Se debe investigar y juzgar a los responsables de crímenes de guerra. También es necesario imponer sanciones a Israel mientras perdure su política de ocupación y apartheid sobre el pueblo palestino.
Asimismo, es imprescindible terminar con la provisión de armas que perpetúan esta asimetría en el uso de la fuerza. Estados Unidos y Europa no pueden seguir financiando y armando a Israel mientras masacra civiles. Sólo una fuerte presión internacional puede sentar las bases para una paz justa.
El camino para resolver este conflicto pasa indefectiblemente por poner fin a la ilegal ocupación israelí y permitir la conformación de un Estado palestino viable y soberano. Las nuevas generaciones merecen crecer en paz y dignidad. Este ciclo de violencia sólo terminará cuando se respeten los derechos de ambos pueblos por igual.
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