La política de México en materia de producción de alimentos ha quedado rezagada porque ha privilegiado la producción para la exportación, sobre todo, a partir del Tratado de Libre Comercio (TLC) de 1994, en detrimento de la satisfacción de la demanda interna. Si bien es cierto, que ningún país en la actualidad llega ser autosuficiente al 100 por ciento, pero debe guardar cierto equilibrio, de acuerdo con el criterio de la FAO, que establece que la autosuficiencia alimentaria se logra cuando el país produce el 75 por ciento de lo que consume; de lo contrario, se vuelve dependiente del exterior y eso pone en riesgo la soberanía nacional.
La crisis alimentaria no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de México, y el conflicto Rusia-Ucrania solamente la agudizó, sobre todo, por las medidas adoptadas por Estados Unidos (EE. UU.) contra la nación rusa que impiden el comercio en general, entre ellos el abasto de alimentos al desarticular las cadenas de distribución, de por sí afectadas por la covid-19, lo que ha repercutido en el desabasto y el alza del precio de los alimentos a nivel mundial.
En los últimos 25 años, la política agropecuaria de México ha impulsado la agricultura de exportación mediante diversas políticas y mecanismos, como el subsidio a los agronegocios por medio de las reglas de operación que solo el sector empresarial puede cumplir, créditos blandos, la promoción comercial y la agricultura por contrato. La justificación oficial siempre fue que, ante el TLC, había que aprovechar las ventajas competitivas de nuestro aparato productivo.
México pronto se ubicó como uno de los principales países exportadores de productos agropecuarios, y por efectos del TLC de 1994, gradualmente se liberaron los aranceles de cultivos básicos hasta 2008; esto causó una dependencia alimentaria de granos, pues en 2013 ya se importaba el 93 por ciento de la soya consumida en el país, el 83 por ciento de arroz, el 64 por ciento de trigo y el 31 por ciento de maíz. Y no se impulsaron medidas para frenar la dependencia alimentaria, los cual se agudizó por las crisis económicas de 2008 y 2010, lo que dio lugar al crecimiento de las importaciones y a precios más altos. Con ausencia de programas de estímulos suficientes para la producción de granos básicos, la dependencia alimentaria de EUA pasó de 5.6 mil millones de dólares en 1993 (sin TLC) a 25.2 mil millones de dólares en 2016.
El Banco de México (Banxico) informó, en marzo de 2018, que “México importó 14 millones de toneladas de maíz en promedio anual, entre otros productos como soya, trigo, carne de cerdo, leche en polvo, huevo".
Benjamín Carrera Chávez, investigador, refiere que en 2018 México solamente producía el 57 por ciento del consumo nacional de alimentos. Que, por ejemplo, en 1994 se importaba el 8.7 por ciento de la carne consumida en México y para 2016, el 22.1 por ciento.
En el primer trimestre de 2022, la balanza comercial agroalimentaria del país registró un superávit de 2 mil 872 millones de dólares, debido a que las exportaciones sumaron 12 mil 807 millones de dólares y las importaciones 9 mil 935 millones de dólares y fue el octavo año consecutivo, según SADER, en que la balanza comercial agropecuaria registra superávit, y puntualizó que, del total de las importaciones entre enero y marzo de este año, los cereales representaron el 21 por ciento, semillas y oleaginosas 15 por ciento, cárnicos 13 por ciento y lácteos, huevo y miel 7 por ciento. Lo que no aclaran los funcionarios, es que este año será necesario importar alrededor de 18 millones de toneladas de maíz, que representa el 40 por ciento del consumo nacional.
La desatención gubernamental a la producción de granos básicos como el maíz y el frijol ha repercutido en la reducción de la producción y en el estancamiento de la productividad. De acuerdo con El Economista del 8 de agosto de 2021, en 2018 el promedio de producción de maíz fue de 3.81 toneladas por hectárea, que está por debajo de 84 países, entre ellos Chile (12.52), Brasil (5.1), E.U.A (11.92), Canadá (9.7), entre otros. Mientras el promedio del frijol fue de 0.75 toneladas por hectárea, que es menor a la obtenida en 112 países.
Al iniciar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en aras de combatir la corrupción, el campo no estuvo exento de los recortes presupuestales y consecuentemente a la eliminación de los escasos programas, aunque insuficientes, pero en algo apoyaban a los pequeños productores. Por ejemplo, en 2018, último año de Peña Nieto, el presupuesto de la SAGARPA fue de 76 mil 476 millones de pesos y en 2019, primer año de AMLO, se redujo a 65 mil 434 millones, en 2020 a 46 mil 253 millones, en 2021 fue de 49 mil253 millones y en 2022 es de 53 mil 88 millones, pero ninguno supera al presupuesto de 2018.
La 4T no tiene una política definida para estimular la producción mediante la inversión en el campo y así hacer sostenible la producción agrícola. Simplemente hizo recortes y la falta de alimentos se agudizó. Los apoyos en efectivo para la Producción para el Bienestar son insuficientes; el fertilizante para 4 o 6 estados no cubre la demanda de sus productores. El incremento de los insumos, entre ellos, el fertilizante, genera una contracción en el sector de los pequeños productores, por la falta de capital para invertir. Este sexenio se ha caracterizado por la improvisación en todos los ámbitos de la vida nacional, por eso no se logra la soberanía alimentaria, hay deterioro ecológico, más pobreza, abandono del campo, migración, desempleo y alto índice de carencia alimentaria.
AMLO, en mayo de este año, anunció dos medidas para enfrentar la crisis alimentaria y para controlar la inflación. El tema de abasto de alimentos se lo encargó a SEGALMEX, que ha mostrado ineficiencia y corrupción. El control de la inflación se lo suplicó a los empresarios del sector alimenticio a través del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), los cuales se comprometieron a no incrementar los precios de 24 productos de la canasta básica durante seis meses. E hizo un llamado a los campesinos para que siembren maíz y frijol para su autoconsumo. Víctor Villalobos Arámbula, secretario de la SADER, hizo un llamado a los representantes de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales del país (ANTAD) en la Expo ANTAD Alimentaria 2022 en Guadalajara: “El objetivo del trabajo entre gobierno y empresarios es evitar factores nocivos que resultan doblemente perjudiciales en tiempos actuales, como la especulación o el encarecimiento de productos sin justificación” SEGALMEX comprará 521 mil toneladas de maíz excedentes en Sinaloa para garantizar el abasto interno que, sumadas a las 279 mil existentes en bodegas de la paraestatal, tendrá 800 mil toneladas, de las cuales 600 mil se distribuirán en la red de más de 20 mil tiendas DICONSA y 150 mil a la industria de la masa y la tortilla y así cumplir con parte del PACIC. Hay que aclarar que esta actividad de la SEGALMEX no es nueva, es lo que hace o debería hacer permanentemente para abastecer a sus tiendas y no condicionar la venta de maíz a la compra de otros productos en sus tiendas.
Esta nueva improvisación no resolverá ni la falta de alimentos ni la carestía social. Que ambos van de la mano, ya que son medidas superficiales e insuficientes. El problema alimentario tiene causas estructurales que tienen que ver con el modelo económico, del cual AMLO declaró su muerte, pero la realidad dice que no solo sigue vivo, sino que se fortalece con gobiernos a modo y en medio de las crisis, como ha quedado claro en el Foro Económico Mundial en Davos del 23 de mayo pasado y el reporte reciente de la OXFAM, que comentaré en otra ocasión.
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