La tragedia provocada por la pandemia del coronavirus nos permite mirar y percibir con mayor nitidez que la moderna sociedad capitalista en la que vivimos, basada en el antagonismo social, es una sociedad con una extrema desigualdad; esta desigualdad provoca que la pandemia sea enfrentada de modo distinto, según la clase social a la que se pertenezca, de tal manera que estamos asistiendo a una situación extrema en la que millones de seres humanos que no tienen acceso a los servicios de salud o los medios suficientes para pagar atención médica se están quedando, literalmente, sin aire para respirar, en tanto que algunos millonarios acondicionaron una habitación de sus residencias como salas de cuidados intensivos equipadas incluso con respiradores artificiales (Los Angeles Times, 25 de marzo).
Otra manifestación de la desigualdad social se evidencia en el cumplimiento del mandato universal "quédate en casa". Mientras los ricos pueden cumplir sin problema el confinamiento puesto que cuentan con alacenas y refrigeradores bien abastecidos, miles de personas tienen que salir a trabajar, a cumplir con las tareas esenciales para el funcionamiento de la sociedad, tal es el caso de los trabajadores de mercados, tiendas y farmacias, cocineros, repartidores de comida, recogedores de basura y de otras actividades indispensables para la vida de los demás; pero esos empleos son asumidos por los más pobres y marginados, por aquellos que si no trabajan no comen. La situación se vuelve más desesperante para aquellos que fueron despedidos de sus empleos y para quienes viven del empleo informal y que carecen de lo elemental.
Por eso a pesar de las medidas de confinamiento, las protestas ciudadanas en nuestro país no se han hecho esperar, no hay día en que no haya denuncia de la falta de ayuda para los grupos sociales más vulnerables que se han quedado en la orfandad económica, no tienen alimento y tampoco recursos para curarse. Sin embargo, para el Gobierno federal no pasa nada, "vamos bien" repite el presidente de la república; no le preocupa la situación, pero sí se esmera en incentivar la reanudación de actividades de todo tipo, pese a que los riesgos por la pandemia no han terminado: las mismas indolencia e irresponsabilidad con las que ha enfrentado la crisis desde el inicio.
El desempleo y el hambre provocados por la crisis del coronavirus han desnudado la desigualdad en México, en donde más de la mitad de la Población Económicamente Activa vive del sector informal. Los empleados de éste han registrado una baja en sus ingresos de hasta 90 por ciento desde que comenzaron las medidas de contingencia -el pasado 23 de marzo- y el freno de la economía. Hasta el momento, los pequeños comerciantes no han recibido ningún estímulo.
Para las pequeñas y medianas empresas las cosas tampoco pintan mejor, pues, aunque el gobierno mexicano anunció un millón de créditos de 25 mil pesos, el requisito para recibirlos es no haber despedido a ningún trabajador en los meses de crisis. Pero no pocas de las PYMES, que son en buena parte las responsables del empleo del país, tuvieron que cerrar y se vieron obligadas a despedir personal hace semanas; es decir, el estímulo además de precario es tardío.
En el aspecto de la salud las cosas no cambian mucho: iniciada ya la Fase 3 de la pandemia, que significa un incremento rápido de contagios y hospitalizaciones, las autoridades reconocen un déficit importante de personal sanitario pues solo contamos en la actualidad con 1.6 médicos por cada mil habitantes; si a esto le sumamos la deficiente protección otorgada a los profesionales de la salud que ha tenido como resultado contagios y decesos del personal médico y la escasez de insumos esenciales para las pruebas de laboratorio PCR para detectar los contagios, la situación se torna verdaderamente caótica.
"La salud de todos los mexicanos debería ser en estos momentos una prioridad para el gobierno, sin embargo, dentro de los países de la OCDE, México es el que menos recursos destina al sector salud, al grado de que actualmente gasta apenas la cuarta parte en monitoreo de lo que gastaba en 2009, con la epidemia de influenza", afirma María Cristina Rosas González, politóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Nuestros gobernantes no quieren entender que ningún sistema de salud en estas condiciones aguanta una pandemia de esta índole, que la política utilizada hasta ahora para atender la contingencia sanitaria dejará además de miles de muertos, un país contrahecho y una economía mutilada. La actual crisis ha puesto en evidencia la necesidad de un Estado fuerte, capaz de hacer frente a situaciones de emergencia. La política económica debe poner los derechos de las personas por delante, no la preservación de los privilegios de las élites económicas.
¿Qué nos espera a las clases trabajadoras después de concluir el periodo crítico de la enfermedad? Los nubarrones que acechan a nuestro país, no auguran nada bueno; es seguro que las desigualdades sociales se acentuarán, aumentará el desempleo, los servicios públicos y seguridad social se reducirán, la migración incrementará; por tanto, no podemos esperar ni desear regresar a la "normalidad" de antes, debemos abocarnos todos los mexicanos a construir una sociedad más justa, con un gobierno incluyente que distribuya la riqueza y reoriente el gasto social, que no permita que en situaciones de dificultad por las que hoy atravesamos, los hombres y mujeres que con sus laboriosas manos crean la riqueza de este país, padezcan de enfermedad y de hambre.
Hoy es más urgente y certero el llamado fraterno de los antorchistas a sumarnos todas las fuerzas progresistas de este país para hacer un cambio de modelo económico, cimentado científicamente en una economía sana, con servicios públicos y seguridad social suficientes, capaz de acabar con la desigualdad imperante en nuestros días, que tanto daño hace a los mexicanos. Porque una vida mejor para todos además de ser posible es necesaria.
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