Es de sobra conocido que el Movimiento Antorchista, desde su nacimiento, ha sido la organización que sin ser gobierno, con lucha y grandes esfuerzos, ha logrado importantes beneficios en favor de las clases más desprotegidas de nuestro país, procurando una más justa distribución de la riqueza producida por todos.
Nuestro trabajo está enmarcado en los artículos octavo y noveno de la Constitución, que señalan que los funcionarios y empleados públicos deben respetar el derecho de petición, que a toda petición debe darse una respuesta por escrito en breve, y de asociarse o reunirse para presentar una protesta por algún acto de autoridad si no se profieren injurias contra e?sta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas.
Sin embargo, en el estado de Querétaro se habla de que la soberanía y el poder emanan del pueblo, y que el gobierno está para servir a la gente, para garantizar la paz y el progreso, que hay política de puertas abiertas, y además, que se mantiene el diálogo y el respeto a la ley.
Pero eso es sólo en la forma, para aparentar y crearse una imágen de políticos sensibles y ejecutivos con la población, pero la realidad es todo lo contrario. Quienes gobiernan tienen la idea de que el poder les pertenece y que el pueblo los debe respetar y temer en forma absoluta; que todo ejercicio del derecho de manifestación y de protesta es un desafío, y por tanto, lejos de respetar y atender tal derecho, se debe imponer y someter a la gente que los eligió, por los medios a que haya lugar.
Por razones ideológicas e intereses de quienes gobiernan, siempre se busca maniobrar y “matizar” la ley para aplicar la suya propia. Ejemplo: desde hace años un numeroso grupo de campesinos decidió organizarse en el Movimiento Antorchista queretano para reiniciar las gestiones ante la CEA, pues, a pesar de que desde 2006 les prometieron obras de electificación, caminos, escuelas y agua potable en sus respetivos pueblos a cambio de autorizar que el agua de sus manantiales se llevara a la capital, todo quedó en promesas.
Repetidamente solicitamos diálogo con el gobernador y con la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, con el mismo resultado. La decisión estaba tomada. Fue así como después de una vida sin agua y sin ninguna posibilidad de contar con el vital líquido, se instaló un plantón frente al palacio de gobierno. En lugar de sensibilidad y solución, se ordenó a los diputados panistas legalizar el negocio de agua con desarrolladores y políticos.
Hasta ahora, en los últimos dos años, ¿qué obras importantes se han hecho durante el sexenio del señor gobernador del estado y de los presidentes municipales, aparte de la vialidad de 5 de febrero? Según mi nada autorizada opinión, muy poco o casi nada que no sean negocios. Igualmente, ¿qué obras importantes han hecho los presidentes municipales durante los últimos dos años? Nada, tampoco.
Todos, en lugar de obras para no gastar, se han dedicado repartir despensas y tinacos sin agua, y calentadores solares entre la población, y por alguna misteriosa razón que todos nos imaginamos, en los muy escasos lugares donde se hace obra pública, como algunos empedrados o “huellas” de 100 metros, en alguno de los caminos, en lugar de permitir que las hagan los propios campesinos, para que les sirva como fuente de empleo y hagan mejor sus propias obras, se las otorgan a empresarios del estado. En Cadereyta de Montes y otros municipios, cuando menos, por esa misma razón el municipio contrata hasta los postes de energía eléctrica y las patrullas de la policía.
¿Qué ley autoriza a los gobiernos panistas a hacer lo que les venga en gana con la población? ¿Qué ley establece que sólo los panistas tienen derecho a organizarse? ¿Si los poderosos tienen derecho a unirse y alíarse entre ellos para vivir de los pobres, por qué a estos se le niega el mismo derecho para defenderse? En Querétaro gobierna el autoritarismo y la intolerancia al estilo de Garrido Patrón.
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