La reciente aprobación en lo general y en lo particular de la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Cámara de Diputados ha encendido las alarmas entre expertos y ciudadanos preocupados por el futuro de la democracia en México.
Esta reforma, que promete ser una solución a los problemas estructurales del sistema judicial, plantea serias dudas sobre su verdadero propósito y el impacto que tendrá sobre el equilibrio de poderes en el país.
La independencia judicial es esencial para el funcionamiento de una democracia, y cualquier intento de socavarla debe ser enfrentado con firmeza.
México arrastra problemas crónicos en su sistema de justicia: impunidad, lentitud procesal, corrupción y falta de profesionalismo. Estos son males que, de acuerdo con la propia retórica del gobierno, deberían ser abordados de manera urgente.
Sin embargo, la reforma judicial propuesta parece más interesada en modificar la estructura de poder que en corregir estas deficiencias. La propuesta de elegir jueces, magistrados y ministros por voto popular es un ejemplo claro de una estrategia que, bajo la bandera de la democracia, esconde intenciones más siniestras.
La elección de funcionarios judiciales por medio del voto popular, en un país donde el crimen organizado y los intereses políticos tienen una presencia marcada, supone un grave riesgo.
En lugar de garantizar la independencia del poder judicial, abre la puerta para que actores externos, incluyendo al crimen organizado, influyan en el proceso electoral. Esto podría convertir el sistema judicial en un instrumento más al servicio de intereses particulares, en lugar de ser un mecanismo de protección para los ciudadanos.
Imaginemos un escenario donde candidatos a jueces son financiados por cárteles del narcotráfico o políticos con agendas oscuras. ¿Cómo podemos asegurar que estos jueces impartan justicia de manera imparcial y transparente? En lugar de combatir la impunidad, esta reforma podría exacerbarla, convirtiendo a los juzgados en una extensión de redes corruptas y violentas que ya asfixian a gran parte del país.
A esto se suma el hecho de que la reforma propuesta tiene un claro componente político: remover a jueces, magistrados y ministros incómodos para el gobierno y reemplazarlos con aliados afines al régimen. Esto recuerda a las tácticas utilizadas por regímenes autoritarios, donde los cambios en las estructuras judiciales son una forma de consolidar el control total sobre el Estado.
Al purgar al poder judicial de figuras independientes y críticas, Morena no solo aseguraría su permanencia en el poder, sino que eliminaría uno de los últimos contrapesos ante posibles abusos.
Uno de los argumentos más utilizados por los defensores de la reforma es que permitirá al pueblo participar de manera más activa en la elección de sus jueces, magistrados y ministros. Sin embargo, esta democratización es más una ilusión que una realidad.
Bajo la propuesta actual, los candidatos no surgirán de un proceso libre y abierto, sino que serán seleccionados por comités controlados por los tres poderes, entre ellos, un ejecutivo dominado por Morena y un legislativo donde Morena también tiene mayoría.
Esto significa que los mexicanos estarán votando por candidatos que ya han sido preseleccionados por la élite política, eliminando cualquier posibilidad real de que el pueblo elija a quienes realmente representen sus intereses. Así, esta supuesta democratización no es más que una maniobra para concentrar el poder en manos del partido dominante.
La consolidación del poder por parte de Morena y la Cuarta Transformación ha sido evidente en diversas áreas, pero la reforma judicial marca un paso decisivo hacia la instauración de un régimen autoritario. Sin un poder judicial independiente que actúe como contrapeso, las libertades civiles están en peligro.
La historia nos ha mostrado que los regímenes autoritarios no se instauran de la noche a la mañana, sino que se construyen mediante reformas que, bajo el disfraz de la modernización, desmantelan poco a poco los cimientos de la democracia.
El Poder Judicial es el garante de los derechos de los ciudadanos. Es la última barrera que protege a la sociedad de los abusos del Poder Ejecutivo y Legislativo.
Si este poder cae bajo el control de un solo partido, como lo pretende Morena, las consecuencias para la democracia mexicana serán devastadoras. La represión política podría convertirse en la norma, los derechos individuales serían vulnerados y los trabajadores y las clases más desfavorecidas se verían aún más explotados.
Otro de los puntos críticos de la reforma judicial es su supuesto impacto positivo en el presupuesto público. Se ha argumentado que la elección popular de los jueces reducirá los costos del sistema judicial, pero esto es, en el mejor de los casos, una falacia.
Organizar elecciones para más de mil jueces y magistrados a nivel federal y estatal requerirá una enorme inversión de recursos públicos. Desde la impresión de papeletas hasta la movilización de personal electoral, los costos superarán cualquier ahorro proyectado.
Además, la reforma también propone que el presupuesto del poder judicial sea negociado por los legisladores, muchos de los cuales pertenecen a Morena.
Esto no sólo compromete la independencia financiera del poder judicial, sino que lo somete a las decisiones de un partido que ha demostrado estar dispuesto a concentrar poder a toda costa. Al controlar el presupuesto, Morena tendría en sus manos la capacidad de castigar o premiar a jueces y magistrados, dependiendo de su lealtad al partido.
Desde la promulgación de la Constitución de 1824, México ha mantenido el principio de división de poderes como uno de los pilares fundamentales de su sistema democrático. La reforma judicial de AMLO amenaza con romper este equilibrio, aglutinando los tres poderes de la unión bajo la influencia de un solo partido.
En términos prácticos, esto significa que el poder ejecutivo, legislativo y judicial estarán subordinados a los intereses de Morena, eliminando cualquier posibilidad de contrapeso o supervisión.
El autoritarismo, disfrazado de democracia, podría instaurarse de manera permanente, y los derechos y libertades que hemos logrado conquistar estarían en grave peligro.
Es cierto que el sistema judicial mexicano necesita una reforma profunda. La impunidad, la corrupción y la falta de profesionalismo son problemas que deben ser abordados de manera urgente.
Sin embargo, la solución no puede ser una reforma que concentre más poder en manos de un solo partido. La independencia judicial es esencial para el funcionamiento de una democracia, y cualquier intento de socavarla debe ser enfrentado con firmeza.
La reforma judicial de AMLO no es una solución, sino una amenaza. Es responsabilidad de todos los mexicanos alzar la voz y luchar por un sistema de justicia que realmente sirva a los intereses del pueblo, no a los de un partido político. Si permitimos que esta reforma avance, el futuro de nuestra democracia estará en grave peligro. La lucha por un México más justo y democrático depende de nuestra capacidad para defender las instituciones que garantizan nuestros derechos y libertades.
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