…para que se cumplan los acuerdos que sus funcionarios pactaron, en buena ley y de manera pública, con los ciudadanos organizados que acudimos a reuniones con ellos en Palacio de Gobierno en ya muchas ocasiones, después del plantón de 17 días que hicimos entre octubre y noviembre del año pasado. La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, debe intervenir porque se trata de compromisos, de la palabra empeñada y no cumplida, o por lo menos muy poco, de quienes la representan en las áreas ejecutivas. Quizá piensen algunos funcionarios que lo que representa Antorcha no merezca su tiempo ni su atención, pero la realidad siempre nos ha dado la razón, como el revés histórico de 2018. Una primera consecuencia, más allá de la alineación partidaria que decida el pueblo otra vez, es que no cumplirlos destruye la confianza de la gente en las instituciones que se comprometieron a resolver asuntos que nadie jamás ha dicho, ni menos probado, que sean insanos o abusivos; no cumplirlos es cosa peligrosa en esta situación de crisis económica agravada por la crisis de salud, cuando es tan fácil radicalizarse irracionalmente y tomar decisiones apresuradas. La señora gobernadora no debe permitir que el sentimiento de defraudación general haga presa de los sonorenses, al menos en lo que a su gobierno compete. Ese sentimiento corroe las entrañas sociales y de ser un comienzo en apariencia insignificante se transforma rápidamente en vox populi. Restañar la herida hecha a la confianza popular se convierte en un deber insoslayable de Doña Claudia, antes de que cause daños irreversibles que tendrán que manifestarse inevitablemente en la próxima elección. No somos quién para darle consejos a la señora Pavlovich, ni los está pidiendo, pero es claro que no intervenir a favor de las causas populares es darse un tiro en el pie en estos momentos trascendentales.
Nos ha costado mucho como nación llegar al grado de desarrollo institucional y político que hoy garantiza nuestro sistema jurídico nacional como para que se pierda por la falta de palabra de honor de los subordinados de la señora. Son ya decenios de desarrollo de instituciones que es necesario preservar, al menos en sus partes sustancialmente democráticas y garantes del desarrollo social y que están sufriendo una acometida jamás vista en la historia nacional. En efecto, las decisiones anticonstitucionales de la Cámara de Diputados, de mayoría morenista, junto con la mutilación de los programas sociales y sus respectivas instituciones, construidos como respuesta a la presión popular, agreden a fondo nuestra convivencia como nación poniendo en peligro la frágil paz social de que gozamos y el deber de la clase política y empresarial de Sonora, al menos la más nacionalista, debe ser devolverle al pueblo la confianza robada, no permanecer impávida ante las transgresiones a los acuerdos básicos que nos dan rostro nacional. En ese sentido, los incumplimientos de los representantes de las instituciones en Sonora socavan esa intención. Y nadie, ni nosotros, los antorchistas, ni otras agrupaciones sociales ni los empresarios, mucho menos la gobernadora, podemos estar de acuerdo con semejante traición, por nuestra propia supervivencia colectiva. La parte del pueblo que formamos Antorcha exigimos una conducta acorde a estos principios, tesis que no hemos inventado, sino que forman parte del patrimonio cultural y ético de todos los mexicanos. Y con gusto accederemos a callarnos o a no manifestar nuestras protestas si se nos demuestra que nuestras demandas son injustas o desmesuradas o que exigimos otra cosa que no sea lo prometido.
¿Qué daño puede causar a Sonora introducir sistemas de agua potable en las colonias que carecen de ellos? Y si no hay ninguno entonces a qué viene tanta tardanza, tanta lentitud y retraso, tanta justificación exasperante. ¿Qué necesita la clase política y empresarial para darse cuenta de esto? ¿Qué la gobernadora? Por si algún malpensado lo insinuara, nadie les hizo manita de puerco a los funcionarios que se comprometieron a realizar ni son "dádivas a los corruptos antorchistas que antes vivían del erario público”: sencillamente son compromisos hechos con toda la lucidez intelectual de que son capaces los más altos funcionarios del actual gobierno, nada más. Y lo mismo pasa con los drenajes que nuestros compañeros han solicitado desde hace meses y, en algunos casos, años; con los pagos a los maestros de escuelas impulsadas por el pueblo organizado allí donde el sistema educativo nacional había sido ineficaz; con terrenos y claves de funcionamiento oficial para esas mismas escuelas, con apoyos para gente en estado vulnerable como despensas, ayudas urgentes con material de construcción para sus endebles viviendas, con ayudas para material académico diverso y actividades culturales. Todo ello no significa otra cosa sino progreso, a un nivel humilde si se quiere, pero progreso al fin. Tome usted en cuenta, estimado lector, que no puede argumentarse tampoco falta de recursos gubernamentales, porque aun con las carencias presupuestales ¡fueron pactados considerándolas! No hay una sola exigencia nuestra que vaya más allá de lo que, considerando su presupuesto, el propio Gobierno estatal contempló como viable. En gran medida por eso tantas reuniones.
Hemos acudido ya varias veces en las últimas semanas de diciembre y en todo enero al Palacio de Gobierno, muchas veces las citas programadas se han cancelado de último momento, ha sido un verdadero viacrucis. Han quedado de llamarnos telefónicamente sin cumplir innumerables ocasiones. Hemos hecho mítines pacíficos diariamente en la semana que recién terminó y los hemos anunciado debidamente. Hemos publicado nuestra exigencia racional por todos los medios a nuestro alcance, constantes llamamientos y denunciado el tratamiento que se nos da. Hemos tratado de convocar la atención de la señora gobernadora. Ninguna de nuestras protestas ha tenido un solo vidrio roto, un edificio histórico pintarrajeado, jamás hemos provocado a ningún guardia del orden, jamás hemos insultado a ningún funcionario ni atentado contra el funcionamiento de nuestras instituciones; nuestras protestas no han afectado significativamente el tráfico vehicular, salvo allí donde por necesidad nuestra presencia física lo ha obligado, pero han sido por un par de horas a lo sumo en los alrededores del propio edificio gubernamental. En las avenidas importantes nos hemos limitado a realizar vallas humanas sobre las banquetas, precisamente para no interrumpir la circulación. En suma, nos hemos comportado civil y pacíficamente. Todo ha sido infructuoso. Sin embargo, aceptamos ser intolerantes con el engaño, con la falta a la palabra y al honor de las instituciones, con el incumplimiento de compromisos hechos de común acuerdo.
Con la frente en alto y sin nada de qué avergonzarnos, los antorchistas podemos decirle al resto de nuestro pueblo sonorense que hemos dado un cauce totalmente legal y pacífico al descontento popular con el que la vida nos ha puesto en contacto; estamos orgullosos de habernos conducido con civilidad, de invitar a todos a seguir ese camino y de ser intransigentes con la pobreza, nuestro único enemigo.
Volvemos a hacer el llamado a la señora Gobernadora para que intervenga en nuestro favor y para llamar su atención desplegaremos una campaña más amplia a partir de la siguiente semana. Lo invito, lector, a que esté al pendiente y verá que también, en el fondo, nuestra voz es también la suya, que allá abajo la voz de Antorcha es la voz del paisaje.
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