Es común que funcionarios de todos los niveles de gobierno desestimen, y muchas veces “satanicen”, las manifestaciones públicas que realiza el pueblo en torno a los múltiples problemas que padece. Es de lo más frecuente que el funcionario o la dependencia de gobierno contra la que se dirigen los reclamos, suelen decir que “no se dejarán chantajear” por presiones de marchas o manifestaciones que realizan organizaciones o grupos, pues, dicen, tienen intereses “oscuros” o “inconfesables”. Utilizan para ellos los poderosos medios de comunicación y los foros en que se presentan para predisponer a la población contra las manifestaciones, aunque estas sean públicas y pacíficas, y, sobre todo, por problemas reales.
Esto viene a colación por la nota publicada en El Heraldo de San Luis del 28 de marzo, en donde dice en uno de sus encabezados: “Ni presiones ni chantajes: Gallardo a manifestantes”. Sin siquiera abordar lo que nos informa el cuerpo de la nota, vemos que el encabezado asume la postura del gobierno en torno a las manifestaciones: las manifestaciones son chantajes y presiones. “Ni tampoco su gobierno va a ceder a presiones de manifestantes, aunque sean miles o cientos”, remata la nota.
Y si las colonias carecen por semanas y semanas de suministro de agua potable y los habitantes se manifiestan en una dependencia o en la misma Plaza de Armas, ¿será un chantaje? Si por muchos años a miles de ciudadanos no han contado con drenaje, pavimento, electricidad o escuelas en sus colonias, y protestan ¿Será acaso también chantaje? Por lo visto, para las autoridades sí. Para éstas todo lo que sea protesta, así sea la más legitima por sus causas, es un “chantaje”.
De acuerdo con la información estadística difundida por el Inegi en el estudio Cuantificando la Clase Media en México 2010-2020, San Luis Potosí se ha empobrecido en los últimos 10 años, y mantiene por debajo de la media nacional su porcentaje de hogares en clase alta, con 1.1 por ciento. (Plano Informativo 29/12/2021)
La realidad es que, en la entidad, hay mucha pobreza como lo arrojan los datos del INEGI y el CONEVAL. La población tiene hambre y tiene muchas necesidades de primer orden sin resolver. Y también esa misma terca realidad, nos dice que la autoridad encargada de resolver los problemas no hace nada ante las peticiones de los ciudadanos. Está claro, por tanto, que éstos están en su derecho de reclamar sus justas y legítimas demandas. Nuestra Constitución Política permite la realización de marchas y manifestaciones públicas cuando los ciudadanos sientan que sus necesidades no están siendo atendidas. En un artículo titulado: “Los derechos de reunión y libre manifestación de las ideas, como base fundamental de un Estado democrático”, dice Xochilt Garmenda Cedillo: “Sin embargo la manifestación real de este derecho se presenta a través de lo que conocemos como marchas, plantones, manifestaciones, en las que se hacen presentes los derechos de la libre manifestación de ideas (Artículo 6º) y el derecho de reunión (Artículo 9º). Ambos derechos se conjuntan para un fin, la protesta, o manifestación de una idea, o reclamo, incluso tomar posición respecto a un acto de gobierno. Ambos derechos tienen limitaciones que la misma Constitución establece.”
El Movimiento Antorchista Potosino hará uso de su derecho de libre manifestación pública, en el momento que se vea conveniente, para demandar a los distintos niveles de gobierno sean atendidas las peticiones de sus agremiados que son demandas muy elementales, como lo son obras de agua potable, drenaje, electrificaciones, apoyo a la vivienda, mejoramiento de escuelas, etcétera. Muchas de las cuales llevan meses, incluso años, si tener una respuesta de las autoridades. No solo es un derecho la manifestación, sino una necesidad de los pobres para mejorar sus condiciones de vida.
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