Llevamos dos décadas desde que el presidente Felipe Calderón le declaró la guerra al crimen organizado, las familias que viven en zonas montañosas de los estados de Sinaloa, Sonora, Michoacán, Guerrero, Durango, Nayarit, Jalisco, viven un verdadero viacrucis; primero porque la mayoría de ellas, sin deberla ni temerla, han sido víctimas del fuego cruzado entre las fuerzas oficiales y la delincuencia organizada, o entre grupos rivales de los mismos.
Segundo, porque para conservar su vida han tenido que dejar lo poco que por años forjaron como su pequeño patrimonio, parcelas, casa, ganado, su ambiente natural muy preciado por todos ellos; y, tercero, han tenido que desplazarse a las ciudades enfrentando todo tipo de carencias, vivienda, empleo, educación de los hijos, y arrastrando con ello el daño psicológico de pérdida de familiares en muchos casos.
En Sinaloa hay no cientos, sino miles de ellos, viven con mucho sufrimiento su doble drama, lejos de su terruño y con la zozobra diaria de no tener garantizado ni el pan para sus hijos, mucho menos tener cubiertas otras necesidades.
El Estado como institución poco se ha ocupado de la situación de estas familias, no hay todavía una política de Estado para garantizar un retorno seguro a sus lugares de origen, o bien de garantizarles su derecho a una vida digna, en los lugares donde actualmente radican, empezando por dotarles de vivienda y garantizando la educación y salud sus hijos.
Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, Guasave y Guamúchil son en Sinaloa refugio de miles de ellos, que esperan que el gobierno del licenciado Rubén Rocha Moya, tome en cuenta sus necesidades y los ayude a salir adelante.
Poco se hizo en el gobierno de Quirino Ordaz Coppel, un apoyo mísero de 10 mil pesos por única ocasión, y adquisición de algunos terrenos para solares a familias cuyo censo fue muy limitado. En Guamúchil, por poner un ejemplo, no se terminó de otorgar los solares con servicios, y mucho menos se les proporcionó de vivienda. En Guasave ni siquiera eso, está parado el proyecto por trámites burocráticos.
El Congreso del Estado viene autorizando recursos a cuenta gotas para ello, para éste 2022 autorizó 60 mdp, todavía muy insuficientes para cubrir las necesidades de vivienda, salud y educación de estas familias.
El gobernador Rocha Moya tiene el reto de cumplir a estas familias y para ello es necesario que estas se mantengan unidas y organizadas para estar pendientes que el gobierno cumpla sus compromisos sociales con ellos. El antorchismo sinaloense los llama a no bajar la guardia.
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