A escasos seis meses de las elecciones presidenciales, López Obrador necesita temas que llamen la atención de los mexicanos en los noticieros de los medios de comunicación. Que sea noticia sensacionalista para ocultar que su Gobierno está podrido por la corrupción.
En días recientes, anunció que el próximo 5 de febrero, en que se conmemora la Promulgación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, no asistirá a la ceremonia solemne que año con año se celebra en la capital del estado de Querétaro. Notorio desplante, debido a que pocas veces los presidentes han faltado a esta ceremonia, por la importancia histórica que representa.
Pero él escogió precisamente ese día para enviar un paquete de Reformas a la Constitución, que incluirán las pensiones, el salario mínimo, el sistema electoral y el poder judicial, urgido como está de distraer a la opinión pública.
Sin embargo, para lograr su supuesto objetivo debe contar con la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, aunque perfectamente sabe que no cuenta con los votos necesarios, a menos que le lleguen al precio a algunos diputados urgidos de juntar un extra antes de que se retiren del cargo, pues es evidente que este “Paquete de Reformas” tiene más de electorero que de realidad. Tramposo como es, conviene que notemos el fondo que oculta López Obrador.
En primer lugar, pretende esconder la enorme corrupción que existe al interior de su gobierno y su partido Morena, que obviamente incluye a su candidata presidencial.
Ahí tenemos la denuncia que hizo a la prensa Sanjuana Martínez Sotomayor, reconocida morenista, exdirectora de la extinta Agencia Notimex del estado mexicano, desaparecida por decisión de López Obrador, a quien le ofrecieron 150 millones de pesos para liquidar a los trabajadores a cambio de que aceptara aportar un “moche” del 20 %, equivalente a 30 millones de pesos para la campaña de Claudia Sheinbaum. La propuesta corruptora, a decir de Sanjuana Martínez, quien está dispuesta a presentar las pruebas correspondientes, la hizo directamente el director jurídico de la Secretaría del Trabajo, José Luis Sánchez.
En el Gobierno de AMLO la lista de corruptelas es muy larga: para el “pueblo güeno”, tarjetitas bimestrales, y para el reducidísimo círculo que sostiene a López, millones y millones.
Un caso más de corrupción, de los muchos que se cometen diariamente, involucra a “Bobby”, como conocen en el bajo mundo del “coyotaje” a Gonzalo López Beltrán.
Según la investigación realizada por Latinus, agencia de medios dirigida por el periodista Carlos Loret de Mola, el hijo del presidente López Obrador “es el jefe de una red de complicidades y tráfico de influencias, y actuó como intermediario entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y los consorcios encargados de la construcción. Entre los beneficiados está su amigo, Amílcar Olán, a quien otorgó contratos para las obras por las que cobrarán 2 mil millones de pesos por el transporte de 500 mil metros cúbicos de materiales, como el balastro, que se coloca bajo las vías del ferrocarril en los diferentes tramos del Tren Maya.
Obviamente, las ganancias por este contrato serán millonarias y no debemos perder de vista que Amílcar Olán ha sido señalado como parte de otra red de corrupción y tráfico de influencias para la venta de medicamentos, con ayuda de los Gobiernos morenistas de Quintana Roo y Tabasco.
En fin, durante los más de cinco años de Gobierno de López Obrador, la lista de corruptelas es muy larga. Para el “pueblo güeno”, tarjetitas bimestrales, y para el reducidísimo círculo de gente que sostiene a López Obrador, millones y millones de ganancias, más lo que falta por verse en lo que resta de su Gobierno.
Si con estos hechos documentados, los mexicanos consideran que Morena es la alternativa para seguir gobernando, sólo recuerden que el cáncer de corrupción y narcotráfico ahonda la pobreza de los pueblos, que se convierten en esclavos del sistema económico capitalista en el que se vive.
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